LA VOZ DE GOICOECHEA (Por Daniel Román Sequeira, abogado).- En medio de la controversia que rodea la entrega de la administración de un bien público como es el Estadio José Joaquín Colleya Fonseca tan crucial para el cantón, surge una pregunta fundamental: si no es corrupción, ¿qué es? La decisión de confiar en una empresa privada para gestionar la administración de un bien público como es el estadio ha desatado una ola de críticas y cuestionamientos, especialmente ante las evidentes señales de mala gestión interna.
Es innegable que la entidad elegida para esta tarea está lejos de ser un ejemplo de solvencia financiera y transparencia. Deudas acumuladas, tanto con el CCDRG como con otras instituciones de seguridad social del país, plantean dudas serias sobre su capacidad para manejar de manera efectiva un activo tan valioso para la comunidad.
La comunidad se pregunta con razón, cuál es el beneficio real detrás de esta decisión. ¿Qué están ganando los regidores al ceder el estadio a Guadalupe FC y, por extensión, a esta empresa? La falta de claridad genera desconfianza y exige respuestas convincentes. Los ciudadanos merecemos una explicación pública que no solo sea persuasiva, sino también lógica, legal y financiera. Un análisis profesional e imparcial del costo y los beneficios, llevado a cabo por expertos en la materia, es esencial en este contexto.
Es crucial recordar que, en cualquier transacción pública, la transparencia y la responsabilidad deben ser los pilares fundamentales. Al igual que en las licitaciones gubernamentales y en las relaciones con proveedores, la empresa seleccionada debería cumplir con estándares estrictos y proporcionar pólizas y garantías de cumplimiento. Esta situación no debería ser una excepción.
En última instancia, la comunidad exige una rendición de cuentas completa. No se trata simplemente de una cuestión política, sino de salvar el interés público y garantizar que los recursos se administren de manera responsable y eficiente. En un momento en que la confianza en las instituciones públicas está en juego, la transparencia debe prevalecer, y las decisiones deben ser respaldadas por argumentos sólidos y estudios detallados.
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