LA VOZ DE GOICOECHEA (Por Isaí Jara, periodista).- En la sesión ordinaria de hoy lunes 16 de octubre, el Concejo Municipal de Goicoechea se encuentra en el centro de la controversia debido a la posible aprobación de un acuerdo con la empresa deportiva privada Guadalupe FC. Según fuentes internas, el acuerdo implicaría la renuncia a más de 30 millones de colones por parte de los regidores que voten, afirmativamente la aprobación de la respectiva acta que dejaría el acuerdo en firme y al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea (CCDRG) sin millones de recursos económicos en sus arcas.
Actualmente, Guadalupe FC tiene un contrato vigente con el CCDRG para alquilar el Estadio Municipal hasta el 31 de diciembre de 2024. Según los términos del contrato, el equipo debe pagar dos millones de colones mensuales, así como montos adicionales por partidos de liga menor y de primera división, variando según la categoría del equipo rival.
De aprobarse el acuerdo propuesto, el CCDRG dejaría de percibir más de 30 millones de colones correspondientes al resto del contrato de alquiler, además de una deuda pendiente de aproximadamente 15 millones de colones por pagos de alquiler. Además, Guadalupe FC enfrenta una deuda con la Caja Costarricense de Seguro Social por concepto de Seguridad Social.
La preocupación principal entre los críticos del acuerdo radica en la falta de garantías sobre las mejoras prometidas para el estadio. En el contrato original firmado en 2021, se incluyeron promesas de mejoras que hasta ahora no se han cumplido. La incertidumbre sobre si Guadalupe FC cumplirá con las mejoras acordadas se ve agravada por el hecho de que la empresa no tendrá que pagar alquiler, ya que adquirirá el estadio por medio de la administración, según el nuevo acuerdo propuesto.
Este desarrollo ha generado preocupación entre los residentes de Goicoechea, quienes recuerdan un caso similar en el pasado que resultó en costosas reparaciones para el estadio municipal. La ciudadanía se pregunta qué beneficios concretos obtendrán a cambio de la pérdida significativa de ingresos para las arcas municipales.
En este contexto, la comunidad tiene la palabra y espera ansiosa la decisión final del Concejo Municipal, mientras se plantean preguntas fundamentales sobre la transparencia y la responsabilidad financiera en la gestión de los recursos municipales.
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