LA VOZ DE GOICOECHEA (Por Isaí Jara, periodista).- Ante la Comisión de Investigación del Financiamiento de los Partidos Políticos, el empresario Bernal Jiménez, defensor de la Ruta del Arroz del Gobierno, destacó que las principales beneficiarias de esta política son las personas más pobres del país. Jiménez argumentó que la competencia en el sector arrocero ha llevado a mejoras significativas para las familias, proporcionando ingresos adicionales a hogares de bajos recursos.
Según Jiménez, una familia promedio de cuatro personas experimenta un aumento de 250 colones por cada 65 kilos de arroz consumidos, lo que equivale a un ingreso adicional de 240 mil colones al año. Aunque este monto puede parecer pequeño para algunos, Jiménez subrayó que para una persona que vive con un ingreso total de 3 millones de colones anuales, representa un aumento considerable, alrededor del 2% o 3% de sus ingresos anuales.
El empresario criticó las acusaciones de financiamiento irregular de campañas y afirmó que su apoyo económico al Partido de Progreso Social Democrático no tiene ninguna conexión con la implementación de la Ruta del Arroz. Jiménez instó a los legisladores a evaluar la política en términos de su impacto positivo en los ciudadanos más vulnerables en lugar de centrarse en cuestiones personales o acusaciones infundadas.
Jiménez también señaló que los cambios en las políticas arancelarias y de precios mínimos del arroz han beneficiado al público en general, especialmente a las personas de bajos ingresos. Hizo destacó en la importancia de fomentar la competencia en el país, que considera cerrado y dominado por numerosos oligopolios contra los cuales ha luchado durante décadas.
El empresario concluyó rechazando vehementemente las afirmaciones de soborno y cualquier asociación de la Ruta del Arroz con acuerdos ilegales. Afirmó que su posición se basa en datos y evidencias sólidas y que nunca ha participado en ningún tipo de transacción indebida con funcionarios gubernamentales o políticos.
La defensa apasionada de Jiménez ante la comisión resalta la importancia de evaluar las políticas públicas en función de su impacto real en la población y subraya la necesidad de fomentar la competencia en beneficio de los sectores más desfavorecidos de la sociedad.
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