LA VOZ DE GOICOECHEA (Por Isaí Jara, periodista).- La presidenta de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), Marta Eugenia Esquivel, ha hecho públicas graves denuncias de ataques contra el gabinete, señalando preocupantes diferencias en el trato de denuncias presentadas por y en su contra ante las autoridades correspondientes.
Durante una entrevista con Trivisión Canal 36, Esquivel expuso las circunstancias que rodean la presentación de denuncias de irregularidades ante las instituciones pertinentes. La exmagistrada destacó una notable disparidad en los plazos y procedimientos entre las denuncias interpuestas en su contra y aquellas que ella misma presenta.
Un ejemplo concreto proporcionado por la jerarca fue una denuncia en su contra que la Procuraduría de la Ética resolvió en tan solo dos meses, sin darle la oportunidad de defenderse adecuadamente y remitiendo el caso a la fiscalía sin los documentos correspondientes. Estas aseveraciones se hicieron extensibles a otras instituciones, incluyendo la auditoría interna de la CCSS.
Esquivel expresó su asombro ante lo que considera un uso indebido de la institucionalidad del país para atacar a individuos que buscan implementar cambios y denunciar actos irregulares en el sistema.
La presidenta de la CCSS anunció su intención de presentar una denuncia ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) debido a presuntas irregularidades en una compra de insumos ortopédicos realizada en 2021, donde se habrían identificado diferencias entre los términos del contrato y la ejecución de la adjudicación.
Esquivel afirmó que continuará promoviendo los cambios necesarios en la institución y denunciando casos que requieran atención.
Por su parte, la Procuraduría de la Ética Pública (PEP) confirmó la recepción de una denuncia con el número DEP-179-2023 dirigida contra Eugenia Esquivel Rodríguez, presidenta ejecutiva de la CCSS, y otros miembros de la Junta Directiva de la institución, alegando posibles acciones indebidas. Las acusaciones incluyen la presunta concesión de beneficios laborales ilegítimos a un miembro de la Junta Directiva, Juan Ignacio Monge Vargas, quien fue nombrado Gerente General de manera controvertida, un aspecto que Esquivel ha alegado no haber tenido la oportunidad de defender antes de que el caso. fuera remitido a la fiscalía.
La PEP, sin embargo, no ha emitido comentarios específicos sobre la falta de oportunidad de defensa previa a la remisión del caso a la fiscalía, ni sobre las diferencias en los tiempos de resolución en los casos de acusación y aquellos que involucran denuncias de corrupción o irregularidades. La comunidad espera más detalles sobre este delicado asunto, que plantean interrogantes sobre la justicia y la equidad en el proceso de investigación y resolución de denuncias en Costa Rica.
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