LA VOZ DE GOICOECHEA (Por Isaí Jara, periodista).- La Sala Constitucional de Costa Rica ha decidido admitir para estudio una acción de inconstitucionalidad presentada el pasado 19 de septiembre por los destacados ambientalistas Álvaro Sagot Rodríguez, Carlos Eduardo Wong Bonilla y Mauricio Álvarez Mora. La acción impugna el Decreto Ejecutivo N° 43898-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, específicamente el "Reglamento de evaluación, control y seguimiento ambiental" de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA). Los demandantes argumentan que ciertos parámetros establecidos en el reglamento violan el derecho constitucional a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, además de socavar principios fundamentales como la progresividad y la tutela científica.
La controversia se centra en la modificación de la categoría de actividades de "bajo impacto ambiental potencial" realizada en el nuevo reglamento de la SETENA. Esta modificación, que aumenta el tamaño de proyectos considerados de bajo impacto de 500 a 1000 metros cuadrados, se llevó a cabo sin la implementación de criterios científicos sólidos. Como resultado, numerosos proyectos que anteriormente estaban sujetos a evaluaciones de SETENA y otras entidades regulatorias ahora quedan excluidos, lo que ha suscitado preocupación entre los expertos.
El abogado ambientalista y docente, Álvaro Sagot, expresó su inquietud acerca de las consecuencias de esta desregulación. Según él, esta medida representa una amenaza para el medio ambiente, ya que se eliminan los estudios técnicos y científicos necesarios para evaluar el impacto ambiental. Además, señaló que las oficinas encargadas de realizar estas evaluaciones carecen de los recursos y procedimientos adecuados para garantizar su eficacia, lo que debilita significativamente la lógica preventiva ambiental.
Mauricio Álvarez, docente y ecologista, también se manifestó en contra de esta desregularización, calificándola como un relajamiento del ordenamiento jurídico que afectará varios derechos humanos ambientales. Además, ambos expertos advirtieron que esta medida limitará el conocimiento de la ciudadanía sobre las decisiones de políticas públicas que afectan el medio ambiente y socavará el derecho a la información y la participación ciudadana.
La Sala Constitucional ha decidido estudiar la inconstitucionalidad de varios artículos del Decreto, incluyendo los artículos 2, 3, 23, 46, 80 y el Anexo 2. Como parte de este proceso, se ha concedido una audiencia de quince días al Procurador General de la República, al ministro de Ambiente y Energía y al secretario general de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental. Esta decisión marca un paso importante en el camino hacia la protección de los derechos ambientales en Costa Rica y será seguida de cerca por la comunidad científica, los defensores del medio ambiente y la sociedad en general.
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