Vecinos en alerta: la sombra de un aumento en la tarifa de basura se avecina sobre Goicoechea
LA VOZ DE GOICOECHEA (Por Alberto Cabezas, periodista).- En una reciente declaración que ha generado un profundo debate en la comunidad de Goicoechea, Gustavo Herrera Ledezma, director de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Goicoechea, ha alzado su voz en fuerte crítica contra la Contraloría General de la República. Herrera plantea una preocupación legítima y valiosa respecto a la posible repercusión que esta entidad podría tener en los bolsillos de los vecinos de este cantón costarricense.
La problemática
El corazón del asunto radica en la exigencia de la Contraloría de que los servicios de recolección y gestión de residuos valorizables sean rentables para las municipalidades. En palabras sencillas, se espera que la venta de los materiales reciclables compense los costos incurridos por las municipalidades en la operación de centros de acopio y transporte de estos materiales.
Sin embargo, la realidad que enfrentan muchas municipalidades, incluida la de Goicoechea, es que, si desean implementar programas de reciclaje como pretende a finales de este año dicha municipalidad, se pronostica que la venta de residuos valorizables no generará los ingresos necesarios para cubrir los gastos asociados con su recolección y gestión. Además, los costos operativos son significativamente altos. Esto plantea un dilema: o se carga a los vecinos con tarifas insostenibles o se abandona esta idea que viene a favor del medio ambiente con este servicio esencial de gestión de residuos.
La educación ambiental es clave
Herrera también destaca la necesidad de una inversión en educación ambiental. Es un punto válido, ya que la sostenibilidad en la gestión de residuos no solo depende de la rentabilidad de la venta de materiales reciclables, sino también de la conciencia ambiental de la comunidad.
La educación es una herramienta poderosa para fomentar la reducción, la reutilización y el reciclaje, lo que a largo plazo podría contribuir a hacer más rentable este servicio. Sin embargo, esto no sucederá de la noche a la mañana y requerirá un esfuerzo continuo por parte de las autoridades locales y la colaboración activa de los ciudadanos.
La necesidad de un debate nacional
La crítica de Herrera no es solo un problema local. Es una cuestión que requiere una discusión a nivel nacional. La Contraloría General de la República, junto con el Ministerio de Salud como todo rector, debe examinar la viabilidad de esta política en todas las municipalidades.
Transparencia y fiscalización adecuada
Es importante subrayar que Herrera no está sugiriendo un aumento arbitrario en las tarifas de la basura. Más bien, aboga por un proceso transparente, basado en datos, que tenga en cuenta la inversión en educación ambiental y el crecimiento en la participación ciudadana. Esto significa que cualquier ajuste en las tarifas debería basarse en una evaluación detallada y en la rendición de cuentas a la comunidad.
En resumen, la crítica planteada por Herrera es un llamado de atención para analizar con detenimiento las políticas de la Contraloría General de la República en relación con la gestión de residuos en las municipalidades. La sostenibilidad económica de estos servicios debe ser cuidadosamente considerada, y es esencial fomentar la educación ambiental como parte de una solución a largo plazo. La comunidad de Goicoechea y todas las municipalidades de Costa Rica merecen una gestión de residuos eficiente y justa.
La Contraloría General de la República y las Políticas de Gestión de Residuos y tarifas en Costa Rica: Un enfoque en sus competencias
En el contexto de las preocupaciones crecientes sobre la gestión de residuos y las tarifas en los cantones de Costa Rica, hemos buscado respuestas directas de la Contraloría General de la República (CGR) para comprender su posición y competencias en relación con estos temas. Aquí presentamos las respuestas proporcionadas por la CGR en una conversación con un representante de la institución.
1. Posición oficial de la CGR
La CGR no emite una posición oficial en relación con las políticas de gestión de residuos y tarifas en los cantones de Costa Rica. Según la Ley para la Gestión Integral de Residuos (Ley 8839), esta responsabilidad recae en el Ministerio de Salud y las municipalidades, que tienen la potestad de formular, ejecutar la política nacional y el Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos, así como de Establecer y aplicar planes municipales para la gestión de residuos.
2. Marco legal o normativo de la CGR
La CGR no emite políticas en materia de residuos o tarifas debido a que esta no es su competencia legal.
3. Aumento de tarifas y rentabilidad
La fijación de tarifas para la gestión de residuos es responsabilidad de las administraciones municipales, según el artículo 83 del Código Municipal. Las municipalidades tienen la autorización para establecer tarifas que reflejen los costos, las inversiones necesarias para lograr una gestión integral de residuos y cumplir con las obligaciones establecidas en la Ley para la Gestión Integral de Residuos.
4. Inversión en educación ambiental
La CGR no emite una postura sobre la inversión en educación ambiental como solución a largo plazo para la gestión de residuos. Esta cuestión corresponde a las instituciones involucradas en la gestión de residuos sólidos.
5. Análisis de impacto económico en Goicoechea
La CGR informa que, según el Índice de Gestión de Servicios Municipales (IGSM) del 2023, la Municipalidad de Goicoechea obtuvo una calificación intermedia en el servicio de recolección, depósito y tratamiento de residuos sólidos.
6. Mecanismos de fiscalización de la CGR
La CGR puede llevar a cabo a cabo auditorías financieras, operativas y de carácter especial en los sujetos pasivos, que podrían verificar la existencia, el cumplimiento de políticas, planos nacionales y municipales relacionados con residuos. Sin embargo, la CGR no tiene la función de "garantizar" la justicia o transparencia en la fijación tarifaria, ya que esto es competencia exclusiva de las municipalidades.
7. Intervención en fijación de tarifas en otros cantones
La CGR no ha intervenido en la fijación de tarifas de gestión de residuos en otros cantones, ya que esta responsabilidad recae en las municipalidades.
8. Criterios de evaluación de tarifas
La CGR no establece criterios para evaluar si una tarifa de gestión de residuos es justa y razonable, ya que no tiene competencia en la fijación de tarifas.
9. Participación ciudadana
La CGR señala que la participación ciudadana en la toma de decisiones relacionadas con las tarifas de gestión de residuos corresponde a las administraciones municipales, que deben establecer mecanismos para la consulta pública en este proceso.
10. Recomendaciones o directrices
La CGR no emite recomendaciones o directrices sobre la sostenibilidad económica de los servicios de gestión de residuos, ya que esta no es su competencia.
En resumen, la Contraloría General de la República de Costa Rica tiene competencias y funciones muy específicas, que no incluyen la formulación de políticas ni la fijación de tarifas en la gestión de residuos. Su rol se centra en la fiscalización y auditoría de las instituciones, garantizando la transparencia y legalidad de sus acciones. Las políticas de gestión de residuos y las tarifas en los cantones de Costa Rica son responsabilidad de las autoridades municipales y el Ministerio de Salud.
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