LA VOZ DE GOICOECHEA (Por Isaí Jara, periodista).- En línea con las obligaciones establecidas en la Ley Marco del Empleo Público, el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN) y la Oficina de Ética Pública (PEP) han presentado en conjunto la "Directriz General para la Implementación Inmediata de Medidas para Fortalecer Integridad en el servicio público."
Este documento tiene como objetivo educar a los servidores públicos sobre los estándares de integridad y manejar eficazmente los informes administrativos sobre presunta corrupción y violaciones a la probidad. El artículo 7 de la Ley Marco del Empleo Público asigna al MIDEPLAN la función de coordinar con la Oficina de Ética Pública para dictar disposiciones, lineamientos y reglamentos de carácter general para instruir a los servidores públicos sobre sus deberes, responsabilidades y funciones, así como las obligaciones éticas inherentes. en el servicio público.
"La actual Ley Marco de Empleo Público en nuestro país nos brinda oportunidades para combatir de manera más efectiva la corrupción dentro del sector público. Me complace el esfuerzo colaborativo entre MIDEPLAN y la Oficina de Ética Pública. La directriz que hoy presentamos nos permite promover una gestión adecuada de los conflictos de intereses, establecer canales dentro de las instituciones públicas para denunciar violaciones de la probidad en el servicio público (donde tanto los funcionarios como los ciudadanos puedan presentar quejas fácilmente con la seguridad de una pronta atención), fortalecer el marco regulatorio institucional para la integridad y garantizar que los funcionarios estén bien -Versados en los principios éticos y morales y el marco punitivo que enfrentan en caso de prácticas corruptas", afirmó Laura Fernández Delgado, Ministra de Planificación Nacional y Política Económica.
Fernández, junto al Procurador General de Ética Pública, Armando López Baltodano, dio a conocer la directriz en conferencia de prensa realizada este jueves 24 de agosto en la sede central de MIDEPLAN. Ambos lideraron la elaboración del documento, junto a equipos técnicos, incluida la Unidad de Empleo Público.
"Todo servidor público debe comprender las implicaciones de su función y ser consciente de las consecuencias y sanciones a las que se expone en caso de incurrir en actos de corrupción. Deberá rendir cuentas no sólo en el ámbito civil y administrativo sino también en el penal, incluido su patrimonio personal, por violaciones a la probidad. Esta directriz instruye a los servidores públicos sobre estándares de integridad y al mismo tiempo fortalece el marco regulatorio. Además, establece canales de denuncia al interior de todas las instituciones públicas, sirviendo como una guía clara para el adecuado manejo de denuncias administrativas sobre sospechas actos de corrupción y faltas a la probidad. Las instituciones tienen el deber de identificar y sancionar los actos corruptos, y esta directriz prevé formación, canales de comunicación eficaces, protocolos, y actualizaciones sobre medidas de integridad", detalló Fernández.
La Directriz fue publicada oficialmente en el Diario Oficial el 17 de agosto de este año. El artículo 7 de la Ley Marco del Empleo Público faculta al MIDEPLAN para dictar disposiciones, lineamientos y reglamentos de carácter general para instruir a los servidores públicos sobre sus deberes, responsabilidades y funciones, así como las obligaciones éticas inherentes al servicio público. Esta colaboración se realiza en coordinación con la Oficina de Ética Pública (PEP).
Se estipula que las autoridades jerárquicas institucionales deben conducir sus instituciones con integridad, priorizar la implementación de medidas, asignar los recursos necesarios para combatir la corrupción en el servicio público y asegurar un sistema coherente y coordinado de integridad pública.
"Estamos satisfechos con este importante paso que estamos dando con la directriz en materia de integridad pública. Estamos abordando las dimensiones requeridas en la educación y capacitación de los servidores públicos. Lo que estamos promoviendo es el deber de probidad y cómo éste orienta y obliga a los servidores públicos. adherirse a él", declaró el fiscal general López.
Las instituciones estarán obligadas a difundir los instrumentos desarrollados por el PEP entre sus servidores públicos y en sus sitios web. Entre ellos se incluyen la “Guía Básica para el Ejercicio del Servicio Público con Probidad” y el “Manual Básico para Prevenir la Corrupción en el Servicio Público”. Las instituciones informarán a los funcionarios sobre el curso de probidad que deberán realizar, el cual será apoyado por el Centro de Capacitación y Desarrollo de la Dirección General de la Función Pública (CECADES).
"A través de la Directiva, estamos estableciendo un proceso integral y completo para los funcionarios, guiándolos en la presentación de quejas y procedimientos administrativos mientras mantenemos la confidencialidad y evitamos represalias en el lugar de trabajo. Como custodios del empleo público, es nuestra obligación proporcionar herramientas que permitan la adecuada ejecución de las tareas que diariamente realizan los funcionarios públicos en beneficio de la ciudadanía”, concluyó el ministro Fernández.
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