La rebaja de tarifas entrará en vigor tras su publicación oficial, lo que significa que los usuarios podrán reducir sus gastos. Según las cifras proporcionadas por ARESEP, una familia que actualmente paga ¢12.245 por 20 m3 de agua solamente por el servicio de acueducto, verá su factura reducida a ¢11.475.
No obstante, AYA ha levantado la voz en contra de esta decisión, argumentando que la rebaja amenaza la sostenibilidad financiera de la institución y pone en riesgo la calidad del servicio que presta a la población. Angie Ortega, portavoz de AYA, ha señalado que los estudios utilizados por ARESEP para respaldar la rebaja contienen errores de cálculo y datos desactualizados. Además, han acusado a ARESEP de no respetar la metodología aprobada y de ir en contra de lo establecido por la Ley 7593, que prohíbe definiciones tarifarias que pongan en peligro el equilibrio financiero de las entidades prestadoras de servicios públicos.
Uno de los puntos cruciales planteados por AYA es que la rebaja impactará negativamente en la capacidad de la institución para cubrir los costos operativos y administrativos a corto plazo. Se ha destacado la importancia de tener los recursos necesarios para el pago de licencias del sistema financiero y comercial, que son esenciales para una facturación precisa. Además, AYA sostiene que la rebaja comprometerá su capacidad para brindar apoyo técnico a más de 1,400 Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados (ASADAS), lo que podría afectar aproximadamente el 80% del suministro de agua potable en el país.
La institución también ha anunciado que la reducción en las tarifas podría tener repercusiones en la financiación de proyectos futuros de agua potable, lo que podría retrasar o limitar el desarrollo de infraestructura necesaria para garantizar un suministro sostenible en el futuro.
En este escenario, la falta de comunicación entre ARESEP y AYA ha generado malestar en la institución de acueductos. AYA lamenta que sus preocupaciones y diferencias de criterio no hayan sido debatidas y consideradas, resultando en la aprobación de una rebaja que, según sus afirmaciones, podría tener efectos negativos en la calidad y sostenibilidad del servicio de agua en el país. El conflicto entre ambas entidades plantea un desafío complejo en el ámbito regulatorio y de prestación de servicios públicos en Costa Rica.
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