Alcalde Municipal enfrenta acciones legales por desacato a la Sala Constitucional

Magistrados inician proceso legal contra el alcalde de Paraíso por incumplimiento de órdenes

LA VOZ DE GOICOECHEA (Por Isaí Jara, periodista).- En un giro inesperado, la Sala Constitucional ha decidido llevar a cabo al alcalde de Paraíso, Carlos Manuel Ramírez Sánchez, ante los tribunales por su reiterado desacato a las órdenes emanadas por dicho tribunal desde el año 2010. La resolución se basa en los expedientes 10-013380 -0007-CO y 12-007444-0007-CO, en los que se alega que el alcalde ha adoptado una postura de evasión en lugar de cumplir con las disposiciones judiciales.

La Licenciada Teresa Kennedy Rosell, abogada representante de los afectados residentes de La Luisana de Ujarrás, ha presentado pruebas contundentes ante la Sala Constitucional, demostrando que el alcalde no ha tomado las medidas necesarias para abordar la erosión que amenaza tanto los terrenos como la seguridad de los vecinos. Alega que el alcalde ha ignorado las órdenes del tribunal y no ha mitigado los efectos del deterioro del terreno, lo que podría poner en peligro la integridad física de la comunidad.

Uno de los expedientes, en particular el 12-007444-0007-CO, incluye la sentencia número 2019-018326 emitida el 24 de septiembre de 2019. En esta ocasión, la Municipalidad de Paraíso prometió abordar el problema de erosión mediante la adquisición de terrenos para proyectos de reforestación y recuperación, con el objetivo de crear un corredor biológico. No obstante, la acusación sostiene que han transcurrido más de tres años y estas medidas no han sido implementadas.

La Sala Constitucional ha tomado medidas contundentes para hacer frente a esta situación. El pasado 11 de agosto, los magistrados emitieron una orden para que el Ministerio Público investigue el incumplimiento de Carlos Ramírez Sánchez en su capacidad de alcalde de Paraíso. Esta acción legal se basa en la sentencia 2022-021572 del 16 de septiembre de 2022. Los magistrados, agotados por la falta de cooperación por parte del alcalde, han decidido dar un paso enérgico para hacer valer sus decisiones y asegurar que las órdenes judiciales se cumplen.

Este proceso legal marca un hito significativo en la relación entre el poder judicial y las autoridades locales, poniendo de manifiesto la importancia del respeto y la implementación de las decisiones judiciales para salvaguardar los derechos y la seguridad de la ciudadanía. El alcalde Ramírez Sánchez se enfrenta ahora a las consecuencias legales de su presunto desacato a la Sala Constitucional y al incumplimiento de sus resoluciones.

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