LA VOZ DE GOICOECHEA (Por Isaí Jara, periodista).- El ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora Cordero, solicitó a los diputados de la Asamblea Legislativa la aprobación del expediente 23.701, que permitiría, mediante una reforma constitucional, la extradición de costarricenses hacia otras naciones por delitos de narcotráfico y terrorismo.
El llamado del ministro se da luego de una operación antidrogas que desarticuló una banda dedicada al tráfico local e internacional de drogas, liderada por dos personas extranjeras, nacionalizadas costarricenses.
La estructura criminal, a la que se le decomisaron 119 kilos de cocaína y más de 123 millones de colones, entre dólares, euros y colones, al parecer, era liderada por dos ciudadanos extranjeros naturalizados costarricenses.
“En esta línea el proyecto de ley presentado ante la Asamblea Legislativa, para que este tipo de personas que se han nacionalizado costarricenses, que tienen juicios pendientes sobre todo en Estados Unidos por tráfico de drogas, puedan enfrentar la justicia no solo en nuestro país, sino que también en terceros países, en donde estas personas delinquen”, destacó el ministro Zamora.
Para el jerarca de Seguridad Pública, es imperativo que cerremos esa puerta al narcotráfico internacional que reutiliza no solo nuestro país como plataforma de reexportación de droga, sino que también que usa nuestra nacionalidad como escudo para no enfrentar la justicia de terceros países.
Nacionalizados en estructura criminal
La Policía Control de Drogas (PCD) con la Unidad Especial de Apoyo (UEA) y la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal (DIAC) determinó que en el país operaba una estructura que traficaba droga en grandes cantidades de cocaína a nivel local e internacional.
La actividad delictiva estaba siendo desarrollada por un sujeto de apellidos Valencia Reascos, de nacionalidad colombiana y que estaba asociado con siete personas más. De los ocho detenidos en total, siete son de nacionalidad colombiana (tres naturalizados costarricenses) y una costarricense. Los naturalizados son:
Sanint Osorio, colombiano naturalizado costarricense, de 61 años, cumplía el rol de mayor jerarquía dentro de la organización, acostumbraba a movilizarse en vehículos de alta gama y vivir en lujosas zonas residenciales.
Aristizábal Muñoz, colombiana naturalizada costarricense, de 44 años, compañera sentimental de Sanint Osorio, quien lo asistía en la ilícita actividad que éste efectuaba.
Trigueros Arteaga, colombiano naturalizado costarricense, de 47 años, era el encargado del transporte y almacenamiento de grandes cantidades de dinero en dólares que generaba la organización criminal producto de la venta de cocaína.
“Todos en Costa Rica debemos hacer un frente común para decirle no a la narcoactividad internacional que pretende invadirnos”, finalizó el ministro Mario Zamora.
El proyecto de ley de extradición
El proyecto de ley de extradición, que fue presentado a la Asamblea Legislativa el pasado 15 de febrero, propone reformar el artículo 7 de la Constitución Política para permitir la extradición de costarricenses hacia otros países por delitos de narcotráfico y terrorismo.
Actualmente, la Constitución Política prohíbe la extradición de costarricenses, excepto en casos de delitos cometidos en el extranjero. La reforma propuesta por el proyecto de ley ampliaría esta excepción para incluir los delitos de narcotráfico y terrorismo.
El proyecto de ley ha recibido el apoyo de la Policía Control de Drogas (PCD), el Ministerio de Seguridad Pública y la fiscalía general de la República. Sin embargo, también ha recibido críticas de algunas organizaciones de derechos humanos, que argumentan que la reforma podría ser utilizada para extraditar a costarricenses por delitos que no han sido cometidos en Costa Rica.
El proyecto de ley se encuentra actualmente en estudio en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa. Se espera que sea votado por el pleno de la Asamblea en los próximos meses.
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