Fiscalía dio por concluida etapa de investigación y pide juicio

LA VOZ DE GOICOECHEA (Por Alexander Brenes.- Dos altos funcionarios de la Municipalidad de Puntarenas, (Villafuerte y Guerrero) serán los primeros en ser llevados al banquillo de los acusados por el delito de prevaricato, al autorizar en contra de la ley la construcción de la llamada parada fantasma (aquí le contamos todo de porqué fantasma), y se espera que detrás sean enjuiciados el alcalde, la jefa de Patentes, otros altos funcionarios de esa “Muni”, otros del Consejo de Transporte Publico (CPT) y del Ministerio de Salud.

Fue la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, sede Puntarenas, la que presentó en días recientes la acusación contra Mauricio Gutiérrez Villafuerte y Manuel de Jesús Guerrero, el primero es ingeniero y el segundo jefe Planificación Urbana y Control Constructivo de la “Muni” de Puntarenas, por el delito de Prevaricato.

El Código Penal de Costa Rica establece que el delito de prevaricato, que consiste en que una autoridad o funcionario público dicte una resolución ilegal, y se sanciona con pena de prisión de seis meses a dos años y la inhabilitación especial para empleo o cargo público por el doble del tiempo de la pena privativa de libertad impuesta. En pocas palabras no solo es probable que fuesen a la cárcel, sino que serían despedidos y no podrán trabajar en ninguna institución pública.

Sin embargo, es importante destacar que la pena puede aumentar si el prevaricato se comete en el contexto de un delito de corrupción o si se causan daños a terceros como consecuencia de la resolución injusta. Además, en algunos casos, el delito de prevaricato puede ser considerado como un agravante de otros delitos, lo que también puede aumentar la pena.

Carlos Manuel Jiménez Robleto fue el fiscal encargado de dar por terminada la etapa de investigación, y presentar la acusación, el ofrecimiento de prueba y la aportación de 6 testigos, que desfilaran por los Tribunales en un fecha cercana, donde se ventilará este interesante juicio, que es el primero de este tipo de procesos, donde funcionarios municipales son acusados por dar Uso de Suelo y Permiso de Construcción basándose en hechos falsos como la dirección del lugar (aunque usted no lo crea a solo 150 metros de la Municipalidad.

Luego de este proceso es probable que salgan pringados el alcalde Municipal actual, la jefa de Patentes, la Auditora Interna y el Concejo Municipal que permitieron que esta situación se presentara y no actuaron para detener la construcción y su entrada en operación sin contar con patente.

La Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, a cargo de la fiscal Ivannia Valverde Mora, fue quien investigó la denuncia presentada por un ciudadano de apellido Campos, con la coadyuvancia de varios regidores, en esta primera etapa.

Lo extraño de este caso, súper conocido en Puntarenas, es que la dirección que desde el inicio utilizo el empresario en su solicitud no era la correcta; lo “extraño “es que estando muy cerca del Municipio, a solo 150 metros al este, los funcionarios no se dieran cuenta, lo que resulta inconcebible.

De ahí que los porteños la bautizaron como la parada fantasma, porque nadie sabe que está ahí.

Tras de eso, no tenía el permiso de la secretaria técnica Ambiental (Setena), y para darle sustento, los funcionarios alegaron que la zona de la construcción era comercial residencial mixta (ZCRM) cuando en realidad es zona de servicios turísticos (ZST), por lo que esa actividad no está permitida.

Increíble a menos de dos cuadras y ambos funcionarios no sabían que el Plan Regulador estipulaba que no se podía construir la parada de la empresa de Buses Quepos-Puntarenas (ruta 695), propiedad del ciudadano de origen Libanés Raymond Salim Simaan, al igual que la sociedad anónima que desarrolló la terminal.

Tampoco puede el Consejo de Transporte Público, autorizar una parada que violenta la Ley de Urbanismo y el Plan Regulador.

Para darle sustento a la acusación el fiscal se apoyó en un informe policial de un investigador del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), un informe de la Setena y el testimonio de varios funcionarios, entre ellos el de algunos regidores que presentaron denuncias.

El jefe del Departamento de Catastro será uno de los testigos claves por cuanto en el juicio, oral y público, testificará sobre los alcances del Plan Regulador, vigente en Puntarenas. También acudirá Francisco Campos quien fue quien interpuso la denuncia.

Hasta un perito forense llegará a declarar sobre la dirección exacta de donde se construyó en estas condiciones anómalas la terminal fantasma.

A todas luces será el juicio del siglo en Puntarenas por que podrían salir salpicados (como la canción de Shakira), el alcalde y muchos funcionarios públicos más.

Redacción e investigación Alexander Brenes A

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