Cindy Quesada Hernández.
La ley para la prevención, atención y erradicación de la violencia de género en el ámbito político es un instrumento que nos permite acelerar el cambio cultural hacia una sociedad en la que las mujeres que se incorporan a la escena de lo público puedan ejercer libremente sus derechos políticos en un ambiente libre de estereotipos, discriminación y violencia.
No ha sido fácil para las mujeres asumir los roles de liderazgos, sobre todo por la resistencia a cambiar el modelo existente y compartir no solo los espacios sino el poder en condiciones de igualdad entre mujeres y hombres.
Las manifestaciones de violencia a veces son muy evidentes y contundentes; en otras ocasiones sus expresiones son más sutiles no tan claras y confusas, porque son productos de conductas normalizadas que dificultan su interpretación; por eso la coherencia resulta fundamental, especialmente de quienes conocemos la ley, quienes bajo un uso ético de esta normativa, debemos asegurarnos de que quienes no tienen tan claro sus alcances puedan guiarse con el ejemplo inequívoco de aplicación universal. Hoy aún las personas no tienen claro qué es violencia de género en el ámbito político, estamos en proceso de entender y conocer los alcances de la ley y es por eso por lo que nuestras acciones deben de ser en una sola línea para que el espíritu de la norma cobije a todas las personas.
Por contexto político en que se encuentra Costa Rica y ante una contienda electoral, hoy más que nunca, es indispensable hacer un llamado a la reflexión profunda sobre el rol que desempeñamos las autoridades ante la ciudadanía, la gente nos está mirando; nuestra obligación de construir, en el ejercicio del poder, espacios libres de violencia, de discriminación y de estereotipos no sólo es necesaria sino urgente. Hoy más que nunca el discurso debe de ser coherente y no utilitario. No es escoger cuándo aplico una ley o no, dependiendo de mi interés (personal o partidario) de exponer o proteger a alguien en particular; porque cada vez que hacemos esto, desvirtuamos la ley, confundimos a las personas y estamos más lejos de alcanzar el objetivo. Esta condición de garantes responsabiliza aún más a aquellas personas que entendemos, conocemos y contribuimos en la elaboración de la ley.
Conforme más mujeres se suman al escenario político hay más posibilidad de estar expuestas a violencia; hemos visto casos gravísimos y muy evidentes contra ministras, diputadas, presidentas ejecutivas, vicealcaldesas, regidoras, sindicas; en la gran mayoría de estos casos, colectivos llamados a defender y apoyar a las mujeres políticas han guardado un silencio cómplice, esos mismos que hoy se rasgan vestiduras y arremeten incluso contra otras mujeres; hemos visto liderazgos frescos, jóvenes y mayores, pero transformadores, mujeres valientes ser objeto de violencia por sus ideas, convicciones y estilos, en estos como en muchos otros, no hubo pronunciamiento alguno o apoyo, no se expusieron a sus transgresores ni se evidenciaron las conductas.
Por el INAMU desfilan decenas de mujeres solicitando apoyo y hemos abierto una línea de atención especializada para acompañarlas; aún la ley es muy nueva y no todas sus expresiones de violencia son conocidas o evidentes. Aún no tenemos una sola sentencia o resolución que ratifique con certeza meridiana qué sí es violencia de género en el ámbito político y que no lo es; eso nos permitirá tener jurisprudencia e ir marcando el camino. Esta situación hace aún más compleja la socialización de los alcances de la ley y por ello la congruencia es la herramienta más efectiva en la transmisión de ese conocimiento.
No se vale solo defender a algunas, a las amigas, a las partidarias, a las que piensan igual; cuando se supone que debemos de apoyarlas a todas; y no se puede solo señalar al adversario político y volver la mirada hacia otro lado cuando es el compañero de bancada, amigo o partidario el transgresor; o peor aún, no es aceptable que sea otra mujer la que ejerza esa violencia, cada vez que hacemos esto retrocedemos.
Es por eso que se hace imprescindible que las actuaciones de quienes sí entendemos los alcances de esta ley, que es un instrumento valiosísimo, inspirador para otros países, que nos coloca en un escenario internacional de avance de los derechos de las mujeres y que ha sido el producto y conquista de luchas de mujeres sororas; sean objetivas, coherentes e imparciales, para que tengan la legitimidad y la fuerza para transformar la sociedad y que las mujeres no tengan miedo de entrar en política y ser víctimas de actos de discriminación por parte de quienes transgreden sus derechos pero tampoco por parte de quienes se supone deben apoyarlas.
Basta ya de violencia política contra las mujeres. Basta ya de sororidad selectiva. Basta ya del uso utilitario y no ético de la ley.
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