18 allanamientos y ocho detenciones por irregularidades en la entrega del Régimen Obligatorio de Pensiones

LA VOZ DE GOICOECHEA (Por Isaí Jara, periodista).- La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) realizó este lunes 8 de mayo 18 allanamientos por presuntas irregularidades en la entrega anticipada de pensiones.

Según la investigación, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) recibió una denuncia indicando las supuestas anomalías.

“Al parecer, un exempleado de una empresa privada les dijo a unas personas que tenía un contacto en el BP (Banco Popular) para agilizar la entrega del Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROPC)”, explicó la fiscalía.

“Por otro lado, la entidad recibió información sobre posibles retiros del ROPC, con anticipación, con una certificación aparentemente emitida por la CCSS”, agregó.

Según las autoridades, 29 empleados podrían haber obtenido una pensión anticipada utilizando una certificación falsa.

“Tras investigaciones realizadas entre octubre de 2019 y el 8 de septiembre de 2020, aproximadamente 29 empleados de empresas vinculadas al extrabajador obtuvieron, de la Gerencia de Pensiones de la CCSS, una certificación con declaraciones falsas”, destacaron.

Además, estas certificaciones indicaban que las personas tenían una pensión de invalidez.

“Al parecer, con este documento las personas solicitaron el retiro del ROPC a la Operadora del Plan de Pensiones Complementarias de BP, bajo la supuesta justificación de pensión de invalidez, dinero que les fue entregado”, agregó la fiscalía.

Detenciones

Durante los allanamientos, la Fiscalía ordenó la detención de ocho personas de apellidos: Angulo Sandí, Tencio Zúñiga, Guevara Calderón, Ramos Barboza, Marín Otárola, Díaz Caruzo, Rojas Fuentes y González Carrillo.

“Además de las detenciones, el Ministerio Público busca pruebas físicas y electrónicas para incluirlas en el expediente de investigación”, informaron.

Según la investigación, los delitos serían: cohecho propio, sanción al corruptor, falsedad ideológica, falsificación de documento y uso de documento falso.

Los allanamientos se realizaron en viviendas de Escazú, Moravia, San Sebastián, Hatillo, Desamparados, Guadalupe y Puntarenas. Asimismo, las operaciones están activas en oficinas del Banco de Costa Rica (BCR), Banco Popular (BP) y la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).

Posición de la CCSS

En un breve comunicado, la CCSS indicó que la investigación gira en torno a un grupo de sus empleados por hechos ocurridos años atrás.

“Según ha tenido conocimiento la institución, se trataría de investigaciones contra algunos funcionarios y relacionadas con hechos de años atrás que involucran a otras instituciones y procesos adicionales a la CCSS”, dijo.

La entidad informó que está colaborando con todo el proceso de investigación.

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