LA VOZ DE GOICOECHEA (Por Sadniv Solrac).- Líderes religiosos y defensores de los derechos humanos en Colombia han expresado su preocupación por un proyecto de ley que eliminará las penas por varios delitos relacionados con violaciones del derecho a la libertad de religión o creencias (FORB).
A principios de abril, el ministro de Justicia de Colombia, Néstor Ozuna, aceptó una propuesta de un comité del Senado para eliminar el lenguaje que aborda los delitos contra el sentimiento religioso de la legislación diseñada para humanizar y agilizar el sistema penal. El proyecto de ley aún debe ser aprobado por el Senado colombiano y ahora se someterá a debate.
Los cambios al artículo 14 del Proyecto de Ley 335/2023 sobre Modernización y Humanización del Sistema Penitenciario, propuesto por una Comisión Ad Hoc del Senado para el Seguimiento, Control y Vigilancia del Sistema Penitenciario y Carcelario, han alarmado a líderes religiosos y defensores de derechos humanos, quienes señalan que los cambios dejarán a los grupos religiosos en zonas de conflicto, que durante mucho tiempo han experimentado graves violaciones de manos de los grupos armados organizados (OAG), con un recurso aún menor a los recursos legales.
Quienes están detrás de los cambios propuestos han justificado la eliminación de estos delitos, junto con otros delitos como el incesto, la calumnia y la falta de alimentos a las personas dependientes, como parte de un esfuerzo por reducir el hacinamiento en las cárceles y comisarías, que se encuentran severamente hacinadas, y para liberar el sistema de justicia para que se concentre en lo que llaman ‘delitos más graves’.
Sin embargo, la experta en FoRB y senadora Lorena Ríos Cuellar ha dicho que la eliminación de estos delitos tendrá un efecto insignificante en general, ya que, según el Ministerio Público, solo hubo 10 denuncias relacionadas con FoRB en 2018. Según el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, nadie fue detenido por estos delitos entre 2018 y 2022.
Los líderes religiosos de las zonas rurales que han sido testigos o experimentados actos de violencia contra las iglesias han identificado varios factores que contribuyen al bajo número de denuncias relacionadas con violaciones. Estos incluyen bajos niveles de conciencia en la población con respecto al código penal y cómo clasificar dichos delitos, y altos niveles de temor y preocupaciones sobre represalias por parte de los OAG por denunciar tales delitos. En algunos casos, los líderes religiosos le dijeron a CSW que cuando se presentaban quejas, los funcionarios locales las reclasificaban y eliminaban las referencias a FoRB sin informar a los afectados.
Los expertos de la FoRB también han expresado su preocupación de que los cambios propuestos violarían la ley colombiana, incluido el artículo 2 de la Ley Estatutaria 133/1994, que obliga al Estado a proteger las manifestaciones del sentimiento religioso, y la Constitución Política de Colombia, que garantiza la FoRB en el artículo 19. También entraría en conflicto con la Declaración de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos sobre la promoción y protección de la libertad de expresión.
La jefa de defensa de CSW, Anna Lee Stangl, dijo:«Estamos perplejos de por qué, en nombre de la racionalización y humanización del sistema penal, los senadores colombianos están proponiendo eliminar los delitos que ya son muy poco denunciados y rara vez investigados. Esto pondrá a los miembros de grupos religiosos en áreas rurales y zonas de conflicto que experimentan un porcentaje desproporcionado de este tipo de delitos en una posición aún más vulnerable y reducirá, en lugar de aumentar, su recurso a recursos legales. A CSW le preocupa que esto sea parte de un patrón más amplio por parte del gobierno que, si bien reconoce el importante papel que desempeñó el sector religioso en el proceso de paz de Colombia, ha prestado poca atención a la forma en que los miembros de los grupos religiosos experimentan graves violaciones de derechos humanos. en muchos casos vinculados a FoRB, en sus informes oficiales».
Fuente: CSW Pag. Oficial
Los cambios al artículo 14 del Proyecto de Ley 335/2023 sobre Modernización y Humanización del Sistema Penitenciario, propuesto por una Comisión Ad Hoc del Senado para el Seguimiento, Control y Vigilancia del Sistema Penitenciario y Carcelario, han alarmado a líderes religiosos y defensores de derechos humanos, quienes señalan que los cambios dejarán a los grupos religiosos en zonas de conflicto, que durante mucho tiempo han experimentado graves violaciones de manos de los grupos armados organizados (OAG), con un recurso aún menor a los recursos legales.
Quienes están detrás de los cambios propuestos han justificado la eliminación de estos delitos, junto con otros delitos como el incesto, la calumnia y la falta de alimentos a las personas dependientes, como parte de un esfuerzo por reducir el hacinamiento en las cárceles y comisarías, que se encuentran severamente hacinadas, y para liberar el sistema de justicia para que se concentre en lo que llaman ‘delitos más graves’.
Sin embargo, la experta en FoRB y senadora Lorena Ríos Cuellar ha dicho que la eliminación de estos delitos tendrá un efecto insignificante en general, ya que, según el Ministerio Público, solo hubo 10 denuncias relacionadas con FoRB en 2018. Según el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, nadie fue detenido por estos delitos entre 2018 y 2022.
Los líderes religiosos de las zonas rurales que han sido testigos o experimentados actos de violencia contra las iglesias han identificado varios factores que contribuyen al bajo número de denuncias relacionadas con violaciones. Estos incluyen bajos niveles de conciencia en la población con respecto al código penal y cómo clasificar dichos delitos, y altos niveles de temor y preocupaciones sobre represalias por parte de los OAG por denunciar tales delitos. En algunos casos, los líderes religiosos le dijeron a CSW que cuando se presentaban quejas, los funcionarios locales las reclasificaban y eliminaban las referencias a FoRB sin informar a los afectados.
Los expertos de la FoRB también han expresado su preocupación de que los cambios propuestos violarían la ley colombiana, incluido el artículo 2 de la Ley Estatutaria 133/1994, que obliga al Estado a proteger las manifestaciones del sentimiento religioso, y la Constitución Política de Colombia, que garantiza la FoRB en el artículo 19. También entraría en conflicto con la Declaración de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos sobre la promoción y protección de la libertad de expresión.
La jefa de defensa de CSW, Anna Lee Stangl, dijo:«Estamos perplejos de por qué, en nombre de la racionalización y humanización del sistema penal, los senadores colombianos están proponiendo eliminar los delitos que ya son muy poco denunciados y rara vez investigados. Esto pondrá a los miembros de grupos religiosos en áreas rurales y zonas de conflicto que experimentan un porcentaje desproporcionado de este tipo de delitos en una posición aún más vulnerable y reducirá, en lugar de aumentar, su recurso a recursos legales. A CSW le preocupa que esto sea parte de un patrón más amplio por parte del gobierno que, si bien reconoce el importante papel que desempeñó el sector religioso en el proceso de paz de Colombia, ha prestado poca atención a la forma en que los miembros de los grupos religiosos experimentan graves violaciones de derechos humanos. en muchos casos vinculados a FoRB, en sus informes oficiales».
Fuente: CSW Pag. Oficial
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