LA VOZ DE GOICOECHEA (Por Isaí Jara, periodista).- El 25 de abril de 2023, el Partido Liberal Progresista (PLP) presentó un paquete de proyectos de ley destinados a enfrentar de manera práctica y efectiva la ola de criminalidad que azota a Costa Rica. Una de las propuestas es la unificación de todos los cuerpos policiales bajo un solo órgano de gobierno y el aumento de las penas para las personas vinculadas al narcotráfico.
El primer proyecto de ley, el proyecto 23.713 "Ley para fortalecer la seguridad ciudadana (fusión de las diferentes policías nacionales)", tiene como objetivo organizar a todas las policías del país bajo un solo órgano de gobierno en el Ministerio de Seguridad Pública. Esto facilitará los operativos contra la actividad delictiva y creará una verdadera política integral de Estado en materia de seguridad ciudadana. Entre los cuerpos policiales que se fusionarán bajo un mando único se encuentran la Guardia Civil; Guardia de Asistencia Rural; Policía responsable del control de drogas no autorizadas y actividades conexas; Policía fronteriza; Servicio Nacional de Guardacostas; Policía de Migración y Extranjería; Policía de Control Fiscal; Policía de tráfico; Policía Escolar y de la Infancia; Dirección del Servicio de Vigilancia Aérea y demás cuerpos policiales cuya competencia se detalla en la Ley N° 7410, Ley General de Policía.
El proyecto de ley también pretende garantizar el derecho a la seguridad ciudadana que tienen todos los habitantes del país como un derecho humano, tal como lo estipula la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Busca asegurar la prevención y represión de toda clase de delitos a través de la fusión de las diferentes policías nacionales, promover el máximo aprovechamiento de los recursos y capacidades a través de la integración de los procesos de planificación y los presupuestos correspondientes, y proteger los bienes y derechos de todos los habitantes del país a través de la vigilancia continua de todas las fuerzas policiales nacionales para fusionarse.
Otra de las propuestas presentadas es el proyecto 23.714 “Ley para la persecución de los casos declarados como narcoactividad y sus manifestaciones criminógenas”. Esto tiene como objetivo crear una política criminal efectiva y de aplicación inmediata que sustituya la falta de una ley de ejecución penal en materia de narcoactividad. La ventaja del proyecto es que la Ley Procesal Penal no se enfrenta a la garantía constitucional de irretroactividad de la Ley Sustantiva, prevista y regulada en el artículo 34 de la Constitución, que la hace inmediatamente exigible desde su promulgación y aplicable a todos los casos, incluso aquellos en proceso, relacionados con el narcotráfico o actividades delictivas conexas.
Las autoridades del Ministerio de Seguridad Pública afirman que, en lo que va de 2023, solo una de cada 22 personas aprehendidas ha terminado en prisión, y el resto ha sido puesto en libertad o se le han dado medidas alternativas a la prisión, permitiéndoles, en muchos casos, para continuar activos en las estructuras criminales. Por lo tanto, esta iniciativa contribuiría a cambiar esta grave situación.
Estos proyectos de ley son sencillos de aplicar si se aprueban, y su impacto y beneficios en el contexto actual serían inmediatos. Gilberto Campo, diputado del PLP e integrante de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, expresó: “Estamos proponiendo una serie de condiciones procesales diferentes para atender los temas relacionados con la narcoactividad, pero principalmente lo que actualmente está generando inestabilidad en términos de inseguridad en el país: temas de ajuste de cuentas, extorsión, magnicidio y otros problemas que se derivan de la narcoactividad”.
Sobre la propuesta de unificar administrativamente a todos los cuerpos policiales del país, el legislador comentó que desde hace muchos años los expertos en la materia han pedido dar este paso para acabar con la dispersión en las cadenas de mando y la estrategia de combate a la criminalidad en el país.
Eli Feinzaig, líder de la facción del PLP, afirmó que, así como la facción está comprometida con la reactivación económica, entienden muy bien el rol legislativo para brindar seguridad a los ciudadanos y reducir la criminalidad en el país.
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