LA VOZ DE GOICOECHEA (Por José Miguel Villalobos Umaña, abogado).- El bombardeo de los medios de prensa contra el Gobierno, a quien acusan del incremente en la tasa de homicidios, es continua y constante. Pero vamos a analizar la ratio universalmente utilizada para medir la criminalidad por las muertes dolosas, que es la relación entre el número de homicidios intencionados por cada 100.000 habitantes.
Nuestro país tuvo una tasa relativamente baja, de 4,46 por cada 100.000 personas en 1990 hasta llegar a 7,82 en el 2005. Es decir, durante las administraciones del PLN y del PUSC los homicidios dolosos crecieron entre 1990 y 2005, de 4,46 a 7,82, es decir, en un 75 por ciento y casi se duplicó la relación.
A partir de otra administración del PLN, entre 2006 y 2010, creció la relación hasta el 11,61, es decir, en solo cuatro años de la administración Arias Sánchez, la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes se incrementó en un 48 por ciento, el mayor crecimiento de esa tasa en un cuatrienio.
A partir de la administración liberacionista de Chinchilla, la tasa inicia una disminución, hasta reducirse a menos de 9 en el 2014, un extraordinario logro de doña Laura y su equipo de trabajo.
A partir de los dos gobiernos del PAC, la tasa sube y sube, desde el 9,95 en el 2014 hasta el 12,66 en el 2022, última cifra en la que comparte la mitad del año con la administración Chaves Robles. Es decir, los 8 años del PAC nos dejaron un incremento en las tasas de homicidios dolosos del 27, 2 por ciento en ocho años, aunque elevada, bastante menor del desastre del manejo de la seguridad durante la administración Arias Sánchez.
Existe un reto fundamental que enfrentar para este 2023, que es iniciar una limitación al crecimiento de la tasa de homicidios, para a partir del 2024 empezar con la disminución que todos requieren.
Sobre las políticas para ello, estaré exponiendo próximamente. Pero es importante dejarse de demagogias cuando se debate y no utilizar los números a placer para alterar la realidad.
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