Proyecto de Ley 22.362, que estudia la Comisión de Asuntos Económicos en la Asamblea Legislativa, busca imponer un impuesto que pagarían los empresarios y familias costarricenses en el precio de los productos
Industriales de alimentos instan a diputados a descartar la iniciativa
LA VOZ DE GOICOECHEA (Por Elena Jiménez).- Como una amenaza adicional a los bolsillos de los consumidores, alejada de todos los principios de razonabilidad técnica, proporcionalidad y seguridad jurídica. Así califican los empresarios de alimentos y bebidas el proyecto de ley 22.362, denominado Modificación de la Ley No. 8839 del 24 de junio de 2010 y sus reformas, Ley para la gestión integral de residuos, que busca imponer un impuesto, que finalmente deberán pagar las empresas y las familias en el precio de una gran cantidad de productos, necesarios en la cotidianeidad de la población.
Para Juan Ignacio Pérez, presidente de los empresarios de alimentos y bebidas, “la sola idea de cargar con más impuestos a la población es impresentable. No podemos creer que, ante la crisis inflacionaria que afecta la economía mundial y los altos precios de todo lo que la población necesita, se pretenda crear en una ley un subsidio para un gremio en específico, en detrimento del costo de vida y recursos disponibles para el resto de la sociedad”.
Los empresarios de alimentos señalan que el texto del proyecto de ley contiene conceptos indeterminados, y el claro propósito de constituir un fondo económico llamado “Fondo para el Manejo de Residuos” (FOMARE), financiado con impuestos, bajo el eufemismo de “contribuciones especiales”, cuyo monto es de hasta $3.00 por unidad, que se pretenden imponer sobre personas físicas o jurídicas que produzcan o importen bienes declarados de manejo especial.
“Señalamos que el costo se impondrá sobre una gran cantidad de bienes, muy necesarios en la cotidianeidad de las empresas y personas, el cual irremediablemente, se traspasa a los precios del mercado, acotó Pérez.
Agregó que la propuesta afecta los proyectos de atracción de inversiones. Un panorama contradictorio y nada positivo para un Estado que se precia de su ingreso a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE.
Costa Rica posee una consolidada y estricta normativa medio ambiental, de la que es ejemplo en el mundo, y en la que se admite, avala y respeta la participación ciudadana de actores interesados. Donde las empresas y las actividades económicas producen sus utilidades con base en el esfuerzo del talento humano e innovación, no sobre las espaldas del resto de la población.
“La Industria Alimentaria es el más interesado en la preservación de nuestro medio ambiente, pero no puede aceptar que agendas populistas instrumentalicen las decisiones de política ambiental, ralentizando el desarrollo económico del país”, detalló el presidente de CACIA
Este proyecto no solo obstaculizaría los proyectos de bienes consumidos por miles de hogares, sino que además se verían afectadas las actividades agrícolas, ganaderas, comerciales e industriales, entre otras, al acomodar discrecionalmente una serie de desechos ordinarios como de manejo especial, para generar volumen a los gestores.
Los Industriales de alimentos enviaron el viernes 30 de setiembre una carta a la Comisión de Asuntos Económicos, planteando estas inquietudes a los diputados, ya que estiman que lo pretendido en el proyecto es inconveniente y lesivo para la estabilidad del sector empresarial costarricense.
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