LA VOZ DE GOICOECHEA (Por Isaí Jara).- El padre de la educación especial costarricense, Fernando Centeno Güell, fue declarado la tarde de este martes 11 de octubre, como Benemérito de la Patria, con los votos de 51 diputados quienes reconocieron su labor a favor de la población con algún tipo de discapacidad.
Fernando Centeno Güell, dedicó su vida a brindar a las personas autistas, con Síndrome de Down, invidentes, entre otras discapacidades, herramientas para ser personas útiles dentro de la sociedad, hecho que en ese entonces no se creía posible.
Nació en San José el 2 de diciembre de 1907 y falleció el 15 de setiembre de 1993. Hijo de Carlos Centeno Ramírez y Emilia Güell.
Fue Promotor de la cultura; poeta, escritor y pedagogo.
Don Fernando fue Premio Nacional de Cultura, Magón 1989
Recibió el galardón gracias a su aporte en el ámbito literario y académico en las áreas de la psicología, el teatro y la pedagogía. Su labor como promotor de la educación especial, lo ha reconocido como una figura relevante en la historia educativa costarricense.
La escuela se fundó el 17 de setiembre de 1947
Fue el fundador de la primera escuela de enseñanza especial en la región, ubicada en Guadalupe, cantón de Goicoechea, con un costo de ¢100 mil colones; que actualmente se está hundiendo, agoniza lentamente, y posiblemente cuando se le quiera revivir ya será muy tarde.
El abogado y periodista Daniel Madrigal Sojo, lleva planteado 3 Recursos de Amparo ante la Sala Constitucional (SALA IV), para rescatar el edificio de la casona de la escuela, ordenando ésta en la última resolución en el mes de junio del presente año, a la Municipalidad de Goicoechea, Ministerio de Educación Pública y al Ministerio de Cultura y Juventud, entregar informes sobre las acciones que han realizado para proteger el edificio histórico.
Por último, le corresponderá al Ministerio de Educación Pública (MEP), la responsabilidad del rescate del edificio por ser el propietario del inmueble.
El edificio fue declarado Patrimonio Histórico Arquitectónico el 5 de agosto de 1991, que pretendía mantener con vida al edificio, pues con este reconocimiento se prohíbe su demolición y faculta a sus propietarios a que “su eventual restauración se hará bajo la supervisión y dirección” del Centro de Patrimonio Histórico Arquitectónico.
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