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No podría ser diferente luego de que la sesión del Plenario que debía pasar a la historia por razones positivas, lo hiciera en su lugar por las razones equivocadas
LA VOZ DE GOICOECHEA (Por Luis Manuel Madrigal).- Como veníamos anunciando desde la semana pasada, para este miércoles estaba prevista la votación de la reforma al Reglamento de la Asamblea Legislativa para transparentar la elección de los cargos de magistraturas del Poder Judicial y las jerarquías de la Contraloría General y Defensoría de los Habitantes; así como las ratificaciones de nombramiento hechos por el Poder Ejecutivo y el voto de no-reelección a un magistrado de la Corte Suprema de Justicia.
Esa necesaria reforma al Reglamento de la Asamblea es una batalla que venimos dando desde hace años, tanto en sede legislativa como judicial. No por nada en la pasada campaña electoral retamos a los candidatos presidenciales y a sus aspirantes a diputaciones a comprometerse a que este tema sería una prioridad desde el día uno, y que no realizarían nombramiento alguno hasta que la enmienda fuera realizada.
Ese compromiso lo firmaron los aspirantes presidenciales y primer lugar de las papeletas de los partidos Unidad Social Cristiana, Liberal Progresista, Frente Amplio y Progreso Social Democrático. Juntos suman 31 votos, por lo que faltan al menos siete congresistas más para que la reforma pueda aprobarse, ya que se requiere mayoría calificada.
Luego de que el diputado liberacionista José Joaquín Hernández presentara el proyecto que se iba a conocer este miércoles, nos dimos a la tarea de revisarlo y sugerirle modificaciones. En paralelo, desde este medio trabajamos un borrador de reforma al Reglamento para solventar lo urgente: quitar el voto secreto en nombramientos, ratificaciones, renuncias y no-reelecciones, redacción que fue acogida y mejorada por el Partido Liberal Progresista.
La negociación política, necesaria y válida en un Parlamento democrático, llevó a que se trabajara sobre la propuesta del diputado verdiblanco por ser más completa y ambiciosa, mientras se le incorporaron elementos del proyecto presentado por el PLP. Pasamos tres semanas completas revisando redacciones de texto sustitutivo y sugiriendo cambios para que la iniciativa quedara lo más blindada posible.
Como en toda negociación, se cedió donde era necesario en aras de alcanzar la mayoría necesaria para aprobar la reforma. No por nada esperábamos que este miércoles la reforma pasara de forma casi unánime, pues no contábamos con el voto afirmativo asegurado de, por ejemplo, la fracción de Nueva República que ha sido ambivalente sobre este tema. En igual sentido, de la bancada de Liberación Nacional esperábamos que siendo que se trata de un proyecto impulsado por uno de sus miembros, estos cerraran filas y reivindicaran los múltiples errores que han cometido en los últimos años, dando sus votos afirmativos para ponerse del lado correcto de la historia. Nuevamente, esperamos mucho de una clase política que un día sí y otro también decepciona a la ciudadanía, al electorado, y no tiene reparo en irrespetar la jurisprudencia constitucional, como si esta no fuera vinculante para ellos.
Podría explayarme acá en el bochornoso incidente que ocurrió al finalizar la sesión del Plenario entre la diputada Dinorah Barquero del PLN y Pilar Cisneros del oficialismo, pero francamente, no vale la pena hacerlo.
En su lugar, quiero hacer un llamado a la sensatez y la cordura a doña Dinorah y al resto de la fracción del PLN, que, de acuerdo con nuestras fuentes, fue dejada a la libre la decisión de cada congresista de cómo votar la iniciativa, en lugar de votar como bloque. Esas fuentes sugieren que hay 10 a favor y 9 en contra. Esa división no resulta aceptable.
Por eso, luego de lamentar que esperaran a las últimas horas para plantear objeciones, pese a que tuvieron una semana de tiempo para hacer señalamientos al último borrador de texto sustitutivo, quisiera tomar la argumentación expuesta por doña Dinorah en el Plenario, que impidió la votación de la reforma, para de forma respetuosa desmontar esos argumentos y solicitar una vez más que aprueben el voto público ya.
En su intervención, doña Dinorah afirmó que con la reforma se le sigue dando "un secretismo al voto" y sugiere que la votación se haga de modo que quede reflejada en las pantallas, tal y como ocurre cuando se votan mociones o proyectos de ley.
Sobre este aspecto quiero mencionar que yo, personalmente, en el primer borrador de proyecto de reforma, desarrollé un extenso procedimiento para que la votación pudiera realizarse de esa forma. Atinadamente, mi compañero y colega May, que me acompaña en el podcast de Curul en Llamas cada viernes, me hizo ver que mi propuesta, además de engorrosa, podía traer el efecto de arrastre en la voluntad de otros congresistas, quienes viendo el nombre en las pantallas en tiempo real de cómo votan sus compañeros de fracción o de otras fracciones, podrían verse influenciados a cambiar su decisión y sumarse a una gran mayoría.
Ese mecanismo trae el problema adicional de que no permitiría a los diputados postular a personas que no pasaron el filtro de la Comisión de Nombramientos. Se ha dicho muchísimas veces en la Sala que la Comisión de Nombramientos hace una mera recomendación, no vinculante, al Plenario. Pero la Asamblea no puede impedir que cualquier congresista vote por una persona que, aunque no se postulara y pasara el proceso en esa comisión, cumple los requisitos legales o constitucionales para poder ascender al cargo que se está eligiendo. Esa realidad no nos gusta, pero es sobre esa verdad inequívoca que debemos trabajar.
Valoramos entonces cuál era la mejor vía para proteger la voluntad individual de cada diputación, con la obligación constitucional de que esa votación sea pública. La solución entonces fue la que propone el texto sustitutivo que no alcanzó a votarse este martes: que se sigan usando las boletas de votación como en la actualidad, pero ahora cada boleta llevaría impreso, de previo, el nombre de cada uno de los diputados que participará de la votación.
Incluimos en ese procedimiento que una vez contrastado que el quórum presente coincide con la cifra de boletas recibidas, la persona que ocupa la Secretaría empezaría a contar los votos y a anunciar a viva voz cómo votó cada uno, de modo que en tiempo real pudiera, la ciudadanía y la prensa, saber esa voluntad individual. La negociación política llevó a eliminar este último paso, de modo que se deje solo constando en el acta cómo votó cada uno. Dado que la política es el arte de lo posible, y que se mantenía un mecanismo para que pudiéramos saber cómo votó cada uno, accedimos a esa eliminación.
Por ende, no encuentro razón alguna para que doña Dinorah en su intervención haya dicho que el voto de los diputados seguirá siendo secreto, y que solo "algunos pocos" podrán conocer cómo votó cada uno. Eso no es cierto. El registro individual se incluiría en el acta correspondiente, la cual es de conocimiento y acceso público. Los medios inclusive podríamos ir a la secretaría del Directorio a pedir las boletas para sacar el registro por nuestra propia cuenta antes de que esté el acta, y darlo a conocer.
De seguido, doña Dinorah cuestionó que "quien tenga el poder, va a poder venir a controlar por quién votamos", y que, por ejemplo, los diputados una vez regresados al ejercicio liberal de sus profesiones, podrían sufrir represalias en litigios debido a que se conozca cómo votó cada uno. Llegó a comparar las presuntas presiones que sufren funcionarios penitenciarios para dar beneficios carcelarios a privados de libertad, con las eventuales presiones que sufrirían las diputaciones si el voto se hace público.
En primer lugar, no hay coherencia en su posición, doña Dinorah, de que se deba votar con registro en las pantallas, cuando inmediatamente después señala que hacerlo público les causará presiones y represalias posteriores. En segundo lugar, no es comparable la posición en la que se encuentra un funcionario penitenciario, que es el ejemplo que usted puso; con la de un diputado o diputada.
Ustedes ejercen ese cargo en representación del pueblo y es a él a quien le deben rendición de cuentas. Las presiones que eventualmente puedan experimentar por ser representantes populares son inherentes al cargo; quedará en ustedes si ceden a ellas o votan siguiendo su conciencia sobre lo que es mejor para el país. Pero el pueblo tiene el derecho de saber cómo votaron para pedirles cuentas después.
Por ejemplo, el pueblo tiene el derecho de saber si doña Dinorah cedió a las presiones de grupos "pro vida" que ella misma reveló le han estado solicitando que apoye a una candidatura de esa ideología para la Sala Constitucional. No podemos simplemente plegarnos a esperar que doña Dinorah, o cualquier congresista, vote según su conciencia y que dado el carácter secreto del voto que impera en la actualidad, no podamos verificar su manifestación.
No es comparable el derecho al voto secreto que tiene la ciudadanía cuando acude a las urnas, con el voto secreto que pueden emitir los diputados. En esta materia es relevante mencionar el criterio establecido por la Sala Constitucional en la sentencia 2014-004182 del 26 de marzo de 2014, reiterado en los votos 2018-019958, 2018-015106 y 2015-003569:
“(…) IV.- PRINCIPIOS DE PUBLICIDAD Y TRANSPARENCIA EN EL QUEHACER LEGISLATIVO. Los principios de publicidad y transparencia son consustanciales al Estado Constitucional de Derecho y, particularmente, rigen con mayor esplendor tratándose de los quehaceres legislativos, por cuanto, en el recinto legislativo concurren y comparecen los representantes de la Nación a tratar, deliberar y decidir los asuntos que, originariamente, le corresponden al pueblo y que son delegados por éste en los diputados por virtud del sufragio (doctrina de los artículos 105 y 106 de la Constitución Política). Por consiguiente, el pueblo que conforme al artículo 9° de la Constitución Política –después de su reforma parcial por virtud de la Ley 8364 de 1° de julio de 2003- ejerce el Gobierno de la República, tiene el derecho pleno e incuestionable de imponerse de todos los asuntos que son discutidos y decididos en el parlamento y de las justificaciones o motivos de las decisiones tomadas, esta es una consecuencia inherente a una democracia mixta.
No puede haber pronunciamiento más claro. Los asuntos propios de una democracia representativa y participativa como la de Costa Rica deben ser tratados con absoluta publicidad y a plena luz, sin posibilidad ninguna de impedirle a la ciudadanía, la opinión pública y los medios de comunicación colectiva tener conocimiento y conciencia de lo que ahí se discute y delibera.
Lo que aquí se discute es si la Asamblea Legislativa hace las reformas a su reglamento para enmendar los procedimientos inconstitucionales que ha venido empleando por años, o deja de nuevo esa tarea en la Sala Constitucional. Pensaríamos que por un tema de dignidad para el cargo que ostentan, y en aras de reivindicar la posición que ha perdido prestigio en los últimos años, ustedes harían lo primero y darían su voto afirmativo a la reforma.
Hasta acá son los argumentos que doña Dinorah expuso públicamente. Francamente se lo agradezco, porque fue la única que expresó las dudas que tenía, a pesar de que sean infundadas. En cambio, horas antes recibimos información de múltiples fuentes de que el PLN estaba "zafando la tabla" por razones francamente ridículas, sacándose interpretaciones o conclusiones erradas para no dar el voto afirmativo.
Esas fuentes indicaron, por ejemplo, que objetaban el texto consensuado porque hace una distinción entre nombramientos y ratificaciones. Es comprensible que un sector del PLN no quiera que su voto a ese texto se interprete como un reconocimiento tácito de que el presidente legislativo, Rodrigo Arias Sánchez, se equivocó semanas atrás cuando sometió a votación secreta la ratificación de dos designados por el Poder Ejecutivo en la Junta Directiva de Aresep, pese a que sus colegas expresidentes legislativos, ¡liberacionistas como él! Sabían muy bien que ambos procesos son distintos, y que las ratificaciones se votan de forma pública y hasta tienen posibilidad de ser revisadas, no así las elecciones para nombramientos.
Es comprensible, pero francamente, esa posición —que es de puro ego—, no puede venir a dar al traste con una reforma que lo que pretende es adecuar el reglamento interno del Congreso a lo que dice la Constitución, y la interpretación que de esta ha hecho la Sala Constitucional. ¿Con qué cara el PLN pretende salir en sesiones subsiguientes a cuestionar eventuales vulneraciones al ordenamiento jurídico costarricense por parte del Poder Ejecutivo u otros poderes, cuando por una posición egocéntrica rechazan una iniciativa, de uno de sus diputados, para aplicar la jurisprudencia constitucional, vinculante para todos, en sus procedimientos?
Se nos hizo saber, además, que objetaban el texto porque "elimina las rondas de votación" que dispone hoy un acuerdo de la Asamblea del año 2004, relativo a la elección de magistrados, que está cuestionado en la Sala Constitucional por emplear el voto secreto. Eso francamente no es cierto: la reforma más bien recupera el contenido de procedimiento de esa resolución y lo adopta a la modalidad de voto secreto. Si aún quedara alguna laguna, nada en el texto de consenso impide a la Asamblea emitir un acuerdo similar, en el que se adecúe el procedimiento de rondas a que estas se realicen con voto público. Pero para emitir ese acuerdo de procedimiento, se necesita primero aprobar la reforma.
También se objetó que la propuesta disponga que los votos blancos y nulos no se sumarán, y se quita el factor suerte de la ecuación para ser electo. Sobre este aspecto, desde 1994 la Sala Constitucional ha señalado la imposibilidad de asignar votos blancos o nulos a una determinada opción. No podría aceptarse tampoco que la "suerte" defina quién ocupará un puesto tan importante que es la Asamblea Legislativa la que debe realizar el proceso de nombramiento.
Finalmente, se cuestionó que se modifique el tema de la privacidad de las sesiones de comisión, por considerarlo inconexo. No hay nada más falto de verdad que eso: la propuesta original de don José Joaquín reformaba ese artículo en aras de imponer transparencia; simplemente se adaptó la propuesta con el consenso alcanzado. No puede haber inconexidad cuando la propuesta global versa sobre transparentar el quehacer del Congreso.
El texto que tanto se ha trabajado viene a solucionar múltiples problemas y vacíos que tiene el reglamento de la Asamblea en la actualidad.
Hoy, las normas internas del Congreso no tienen un procedimiento para los nombramientos a la Corte Suprema, porque el Reglamento habla de designaciones que requieren mayoría absoluta, y las magistraturas se eligen con mayoría calificada. La reforma consensuada soluciona ese vacío a perpetuidad.
Hoy, existen discrepancias entre presidencias legislativas sobre si las ratificaciones de nombramiento se votan secreto porque son lo mismo que una elección. La reforma viene a señalar que ambos procesos son diferentes, y que tendrán procedimientos de votación diferentes.
Hoy, el Reglamento de la Asamblea no incluye los requisitos establecidos por la Sala Constitucional para sesionar o votar asuntos en secreto. El texto de consenso viene a dejar claro que todas las votaciones y sesiones del Congreso son públicas, a menos que se vayan a tratar temas que son secretos de Estado o involucren datos de terceros, y que se necesita aprobar una moción con al menos dos terceras partes del total de diputados, en coincidencia con la jurisprudencia constitucional.
Hoy, el Reglamento de la Asamblea no tiene un procedimiento específico sobre los procesos de no-reelección de magistrados del Poder Judicial. El texto de consenso viene a establecer que ese caso debe votarse de forma ordinaria, con voto en las pantallas como indica doña Dinorah, y en caso de imposibilidad, con voto nominal, donde cada uno se levanta de pie y dice a viva voz su voluntad.
Hoy, el Reglamento de la Asamblea tiene una norma que dispone que los informes de la Comisión de Honores no deben llevar el nombre de los diputados que lo emiten. La reforma viene a solucionar eso, para dar cumplimiento a la sentencia del 2019 de la Sala Constitucional.
Hoy, el Reglamento de la Asamblea dispone que las presidencias de las comisiones tienen la potestad unilateral de declarar una sesión privada. La reforma consensuada incorpora el criterio de la Procuraduría General de la República, en su rol de asesor imparcial de la Sala Constitucional, de que las sesiones privadas deben tener un acta de conocimiento público de la cual solo se deben omitir los datos que no puedan revelarse porque alguna norma jurídica lo prohíba. Además, incorpora el requisito establecido por la Sala de que una sesión secreta o privada debe realizarse cuando de previo se haya aprobado una moción por dos terceras partes del total de sus miembros que así lo hayan dispuesto, luego de una profunda y debida fundamentación de por qué hay que sacrificar los requisitos de publicidad y transparencia legislativa.
Entonces, después de hacer toda esta recapitulación, me es inentendible la posición de un grupo de la fracción del PLN que se ha negado a identificarse más allá de doña Dinorah. Me es inentendible que hayan esperado a las horas previas al debate para expresar cuestionamientos al texto que trabajamos por tanto tiempo. Me es inentendible que insistan en negarse a adecuar el Reglamento de la Asamblea a cumplir con lo que dice la Constitución y la jurisprudencia de la Sala al respecto.
Esto ya no se trata de un tema de oportunidad donde los diputados pueden votar esta reforma basados en si les conviene o no. Esa ventana de oportunidad pasó y se cerró hace muchos años. La situación que aquí se debe resolver es si la Asamblea va o no a respetar la Constitución y las leyes que juraron defender, y eso se verá traducido en la forma en que voten.
No quiero dejar pasar la oportunidad para agradecer la hidalguía del diputado José Joaquín Hernández del PLN, quien presentó este proyecto y quien tuvo la apertura de negociar con otras fracciones para llegar al texto de consenso que está listo desde la semana pasada. También al diputado Jorge Dengo del PLP por los acercamientos y negociaciones hechas, y hasta al diputado Leslye Bojorges del PUSC que se sumó a esas conversaciones. También a las bancadas del Frente Amplio y PLP por apoyar en pleno la reforma, al propio oficialismo que ha coincidido que esta reforma no puede posponerse más, y hasta a Fabricio Alvarado que como jefe de Nueva República plasmó su firma de apoyo al texto sustitutivo que se trabajó.
Espero que este editorial haya aclarado las dudas que las diputaciones del PLN (y de cualquier otra fracción) tengan sobre la reforma que se propone y estuvo sobre su mesa este miércoles. Si tienen alguna otra, ustedes tienen mi teléfono y yo con gusto responderé en la mejor de las disposiciones de aclarar y llegar a acuerdos en caso de que se necesite enmendar nuevamente el texto de consenso.
Ojalá puedan volver a tomar en consideración la reforma este jueves y aprobarla definitivamente. El país no puede seguir esperando que el Primer Poder de la República adecúe sus reglas a cumplir el mandato de respetar la Constitución y las leyes. Estamos en un momento histórico donde la rectitud de las actuaciones de los funcionarios públicos y el respeto al Estado Social de Derecho es más importante que nunca; el PLN está obligado a atender ese llamado.
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