Ruta incluye la toma de decisiones que otros no quisieron tomar
LA VOZ DE GOICOECHEA (Por Isaí Jara).- Con la firme convicción de que ningún país puede soñar con el futuro si por las noches su gente vive desvelada por el hambre y la incertidumbre, el Gobierno de la República anunció la noche de este martes 16 de mayo en la presentación de su informe de los 100 días, la Costa Rica del futuro.
Esto incluye también una ruta sobre las acciones que se seguirán en la lucha frontal contra la pobreza y la reducción del costo de la vida para generar prosperidad compartida.
Lo que se espera hacer
La ruta establece varias acciones que incluyen el uso de ¢2.500 millones del Bono Proteger para llevar empleo a familias de Guanacaste, Limón y Puntarenas a través del Programa de Obra Comunal del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
La regla fiscal y los acuerdos del Fondo Monetario Internacional permiten el uso de ¢20 mil millones para llevar asistencia a personas del país identificadas dentro del rango de pobreza para llenar sus necesidades básicas de alimentación.
El Gobierno de la República propone la venta de activos como el Banco Internacional de Costa Rica, S.A. (BICSA) y el Banco de Costa Rica (BCR) lo que aportará recursos frescos que equivalen a un 3,2% del Producto Interno Bruto (PIB).
En esta ruta se propone el cierre de instituciones que brindarán un ahorro que se traduce cerrar la brecha fiscal.
La lucha incluye la apertura del 49% de las acciones del Instituto Nacional de Seguros (INS), una de las empresas estatales más sólidas, para que los fondos de pensiones del país puedan invertir en ellas.
También anunció que se presentará a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley para reformar las pensiones de lujo y se llevarán estos abusivos regímenes ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
En cuatro proyectos clave, el Ministerio de Planificación (MIDEPLAN) junto con otras carteras, proponen la eliminación de 23 instituciones públicas con el objetivo de que los ciudadanos tengan una mejor respuesta del Estado para mejorar su calidad de vida.
Dentro de las reformas se fusionará el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) con otras instituciones del sector social para crear el Ministerio de Desarrollo Humano para una atención más integral de grupos vulnerables.
También se reordenará y fusionará al Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH), el Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi) y el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) para crear el Ministerio de Vivienda, Hábitat y Territorio.
Lo que se ha hecho
En los primeros 100 días de Gobierno anunció que ya se realizaron iniciativas acordes con la lucha contra la pobreza y la reducción del costo de la vida, tales como la eliminación de las tarifas mínimas de los colegios profesionales, la intervención del Centro Nacional de Abastecimiento y Distribución de Alimentos (CENADA) y la eliminación de los subsidios al asfalto.
En octubre se dará una rebaja sustancial en las tarifas eléctricas, se emprendió la lucha contra los monopolios, se agilizan los procesos y levantamos las barreras innecesarias para acabar con los cuellos de botellas.
El Gobierno de la República declaró de interés público la Mesa Técnica de Asuntos Indígenas para abordar y solventar los problemas de las poblaciones indígenas junto con ellos.
En la corriente legislativa se tramitan los proyectos que quitan 15 órganos desconcentrados adscritos a los ministerios, mejoran la organización institucional del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), cambian la estructura del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE); en esta línea pidió a los diputados darles prioridad y su apoyo a estas iniciativas.
Además, las autoridades fueron a Crucitas y a Guanacaste para conocer directamente de sus pobladores sus necesidades. Incluso en Guanacaste se hizo el lanzamiento de la Plataforma Informática del Sistema Nacional de Empleo y se presenció como la educación dual está transformando vidas.
También se emitió el reglamento de la Ley de Nómadas Digitales permitiendo implementar la normativa que da tranquilidad y seguridad jurídica a los trabajadores de otros países que decidan venir a Costa Rica a hacer teletrabajo.
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