Presupuesto del Poder Judicial para el 2023 se mantiene apegado a la aplicación de la Regla Fiscal, según los lineamientos del Ministerio de Hacienda

Prioriza necesidades en la implementación de la Jurisdicción Especializada de Crimen Organizado y el pago del Fideicomiso para la construcción del Edificio de Tribunales de Justicia de Puntarenas

Gasto presupuestario máximo para el próximo año es de ¢490.479 millones

LA VOZ DE GOICOECHEA (Por Isaí Jara).- La Corte Plena en sesión extraordinaria realizada el pasado miércoles 1 de junio conocieron el Anteproyecto de Presupuesto 2023 institucional presentado por la directora de Planificación del Poder Judicial, Nacira Valverde Bermúdez, para el próximo año por un monto de ¢490.479 millones.

El proyecto ya había sido aprobado por el Consejo Superior.

Los gastos corrientes se fijaron en ¢464.937,5 millones y los gastos de capital en ¢25.541,5 millones, lo cual representa una variación del 3,86% en relación con el presupuesto de ley 2022, autorizado por el Ministerio de Hacienda

Dentro de este límite planteado, se incluyen gastos de carácter ineludible que cubren la totalidad de las operaciones, tales como las remuneraciones, las contribuciones asociadas, los servicios públicos y los contratos vigentes.

El financiamiento del gasto también considera los ingresos por Impuestos a Personas Jurídicas, Honorarios Oficina Defensa Civil, Plataforma Información Policial, Centro Judicial de Intervención de las Comunicaciones y Ministerio Público y al monto del gasto máximo aprobado se incorporan los recursos para implementar la Jurisdicción Especializada de Crimen Organizado y los recursos de Fideicomiso de Edificio de Puntarenas. Es importante indicar que no se autoriza la creación de nuevas plazas.

El anteproyecto considera dentro del gasto presupuestario máximo el monto correspondiente a las anualidades por el agotamiento de la vigencia temporal de la norma transitoria adicionada por la Ley 9908 que suspendía este incentivo para los periodos 2020-2021 y 2021-2022.

Dentro de las direcciones técnicas aprobadas por el Consejo Superior para el siguiente ejercicio presupuestario, se estableció en materia de construcciones que la Dirección Ejecutiva y la Comisión de Construcciones deben definir las necesidades y dar énfasis a los proyectos de mantenimiento; en lo referente a la materia tecnológica, las oficinas que tengan a cargo proyectos estratégicos deben consignar los recursos de cada período en el Sistema de Proyección Plurianual, además, se determinó no ampliar los servicios por concepto de contratos de seguridad y limpieza, salvo los estrictamente necesarios y se estableció internamente que para el presupuesto máximo autorizado para el 2023, el límite presupuestario debe ser igual o menor al aprobado para el presupuesto del 2022.

En relación con el presupuesto asociado a la ejecución de proyectos estratégicos, se mantienen un total de 75 proyectos activos entre los diferentes programas incluidos en la propuesta, para un total de ¢11,452,219,623 en la formulación.

Sobre los aspectos relevantes del presupuesto de las distintas áreas, en materia de vehículos, en las directrices de Formulación Presupuestaria 2023, se autoriza el cambio de los vehículos cuyo modelo sea del año 2017 o anterior a este. El incremento en el 2023 se debe a los recursos aprobados para atender el requerimiento en la Jurisdicción Especializada de Delincuencia Organizada por ¢1,099,909,440 para equipo de transporte. Si se excluye esta suma, el Presupuesto de vehículos mostraría un decrecimiento del 1,54% con relación al monto aprobado para el 2022.

El gasto tecnológico a nivel institucional presupuestó un total de ¢9,589,186,307, en sus diferentes temas estratégicos que incluyen la confianza y la probidad en la justicia, la gestión de personal, la optimización y la innovación de los servicios judiciales, la planificación institucional y la seguridad informática.

En lo que tiene que ver con los proyectos constructivos, se presupuestaron ¢9 997 millones, en donde se incluyen proyectos estratégicos en circuitos judiciales como San Ramón, San Carlos, San José, Turrialba, Corredores, Golfito, el Segundo Circuito Judicial de San José y el Departamento de Ciencias Forenses, entre otros.

En cuanto a seguridad, el monto total es de ¢640,884,267, monto que no registra ningún crecimiento relacionado al 2022, en rubros como el control de acceso inteligente, la modernización de los sistemas de seguridad electrónicos del Poder Judicial y el reforzamiento de la seguridad de los despachos judiciales.

Necesidades institucionales sin contenido presupuestario

Pese a lo anterior, existen necesidades que no tienen contenido presupuestario y que son fundamentales para la institución, como las que se detallan a continuación:

Presupuesto requerido para la Atención y Acceso a la Justicia de Personas con Asuntos relacionados a Pensiones Alimentarias (18 plazas): ¢938,568,280.

Necesidad de 22 plazas de Custodio de Detenidos para diferentes oficinas del OIJ a nivel nacional, estimado en ¢599,111,228 millones aproximadamente.

Acceso a la Justicia de las personas ciudadanas en Zonas cercanas a Puerto Jiménez "Tribunales Peninsulares": ¢518,645,894.

Requerimientos de personal Fiscal de Juicio en el Ministerio Público: ¢1,327,689,735.

Tribunales de Juicio Penal a nivel nacional: Completar estructuras mínimas: ¢2,297,039,367.

Además de las necesidades legales por la creación de nuevas leyes como la Ley N°9458 Ley de Bienestar de los Animales, la Ley N°9582 de Justicia Restaurativa, el Código Procesal de Familia y la Ley N°9609 del Nuevo Código Procesal Agrario, entre otras reformas legales y proyectos de ley.

Finalmente, dentro de los aspectos relevantes que impactan el presupuesto para el año 2023, resaltan el incremento por tipo de cambio, el incremento en el Aporte Estatal al Fondo de Jubilaciones y Pensiones, el pago de especies fiscales por Adjudicaciones, el tema de la Anualidad con aguinaldo y cargas sociales y el pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

El anteproyecto fue aprobado de manera unánime por los magistrados de la Corte Plena y se deberá remitir a más tardar el 15 de junio al Ministerio de Hacienda.

En la presentación del anteproyecto estuvieron presentes los integrantes del Consejo Superior, los directores de la Dirección Jurídica, la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación, la Dirección de Gestión Humana, así como la Dirección de la Defensa Pública, el Organismo de Investigación Judicial y el Fiscal General de la República.

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