LA VOZ DE GOICOECHEA (Por Alberto Cabezas).- “El proyecto de ley 23.001 es una iniciativa inspirada en las luchas de don Manuel Enrique Jiménez Jiménez que es una persona ciega abogada y notaria que el estado de Costa Rica le negó su derecho a ser notario, incurriéndose en un acto de injusticia, repercutiendo en la vulnerabilidad de su estado de salud y necesidades económicas, que involucran al dolor y el sufrimiento por el mismo y todo su entorno familiar” explicó la peruana Laura Berrios Fundadora y Presidente Internacional de la ONG Organización Mundial de la Familia OMF, además parte de la Organización Internacional de Personas con discapacidad Sin Fronteras OIPD y del Ministerio Internacional de la Juventud MIJ.
“Cabe destacar, que Manuel es actualmente abogado de la Agencia de Desarrollo Accesible Sin Fronteras. Por todo esto, solicitamos a los presidentes de la Comisión de Discapacidad y Adulto Mayor y de Jurídicos de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, ayudarnos a que el proyecto de ley 23.001 “Autorización para el ejercicio del notariado de personas con discapacidad visual y discapacidad auditiva”, sea traslado de la Comisión de Asuntos Jurídicos a su homóloga de Discapacidad y Adulto Mayor”, precisó.
Con Berrios concuerda el abogado argentino, mediador, conciliador laboral y profesor de ciencias jurídicas en Magister en Administración y Resolución de conflictos Daniel Martínez Zampa quien solicita al “Poder Ejecutivo que convoque este proyecto de ley a sesiones extraordinarias”.
Agregó “Creemos que es necesaria una reforma a dicha iniciativa porque consideramos que una persona con discapacidad visual y auditiva puede desempeñar sus funciones sin la ayuda de otro notario tal y como plantea dicho proyecto dado los adelantos científicos que son utilizados con eficiencia en países como Perú, España y Chile. No obstante, realizando tal modificación presentada un gran avance para las personas con discapacidad”
Por su parte Manuel anteriormente había expresado “aquí estoy con el pecho puesto para las balas, pero yo sé que las consecuencias emocionales y económicas son fatales. Por mí edad, en el caso de lograr que el estado frene este abuso que está cometiendo en mi contra lograría poco por mi edad, pero le daría el espacio a otras personas con discapacidad para que puedan desempeñarse como notarios y demás”.
Luis Méndez Araya, Regidor y presidente de la Comisión Municipal de Accesibilidad de Pococí se comprometió a establecer contacto y coordinar con Yonder Salas Durán presidente de la Comisión Permanente Especial de Discapacidad y Adulto Mayor a fin de respaldar esta lucha social.
Visita de Manuel a Pococí
El 22 de febrero del pasado, Jiménez había explicado a los regidores de la Municipalidad de Pococí “que soy abogado y notario persona ciega de nacimiento que hemos solicitado una audiencia con el propósito de solicitar el respaldo del Concejo Municipal. Me gradué en el 2001 como abogado y notario en la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, ejerzo como abogado sin ningún problema, pero no como notario ya que el estado de Costa Rica me lo impidió”.
“En el 2012 ante esta situación de rechazo interpuse un proceso contencioso administrativo ante el Tribunal Procesal Contencioso Administrativo , el litigio resultó vencido porque se aduce la misma razón de discapacidad visual, esto pese en la historia de Costa Rica ha suscrito muchísimos convenios y tratados internacionales para proteger los derechos de las personas con discapacidad y que en 1991 cuando se aprobó el Convenio 159 con la Organización Internacional del Trabajo ( OIT) en el que Costa Rica se compromete a implementar todas las reformas posibles para que las personas con discapacidad en general se incorporen a la vida laboral”, sostuvo en esa audiencia.
“En 1996 se aprobó la Ley 7600 que es tan maltratada muchas veces en el sentido que hay una intención para la implementación, pero no se ejecuta correcta, técnica, ni profesionalmente. En mi caso se me condena a pagar “costas “, ya que los jueces a cargo no conocían la legislación pertinente a los derechos de las personas con discapacidad. En el 2018 la administración de Carlos Alvarado, mediante la Contraloría General de la República interpuso la ejecución de la sentencia perteneciendo en primera instancia que el suscrito pagará 26 millones de colones y que por el no pago aumenta a un 50% por lo que el día de hoy son 41 millones de colones aproximadamente, además del interés que generaría”, puntualizó.
Amplió en esta oportunidad “el estado actúa corruptamente y que ante el no pago. Se me embarguen las cuentas bancarias y una propiedad que tengo en Puriscal, dejándome en un estado de total indefensión y exclusión social. Por otro lado, el Alvarado se “vanagloria en foros internacionales diciendo que Costa Rica es un baluarte en la defensa de los derechos humanos y personas con discapacidad, cosa que es absolutamente falso. Soy excluido socialmente, ante esta situación he realizado gestiones a nivel legal ante la Sala Constitucional, Corte Interamericana de Derechos Humanos con el propósito que se conozca el caso y ojalá el estado costarricense sea condenado”.
En ese momento mediante el acuerdo 285 artículo 11 acta 15 el Concejo Municipal de Pococí acordar un voto de apoyo a la lucha de favor de Manuel y tomar algunas acciones relacionadas con este caso.
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