El Ministerio de Relaciones Exteriores de Taiwán protestó por la decisión del régimen de Nicaragua de transferir a China los bienes taiwaneses en el país tras la donación de las oficinas diplomáticas de Taipéi a la Iglesia Católica de Managua.
"Nicaragua está obligado a proteger las instalaciones de la embajada de Taiwán, junto con sus propiedades y archivos. El Gobierno de Taiwán no puede aceptarlo y protesta enérgicamente por la ocupación ilegal de su propiedad y su transferencia ilegal a la República Popular China", anunció el Ministerio de Relaciones Exteriores de Taiwán en un comunicado.
Asimismo, Taipéi dijo que la embajada taiwanesa en Managua se retirará dentro de dos semanas, una acción que "no se corresponde con la práctica internacional", acusando a Nicaragua de "desconocer las disposiciones del Derecho Internacional".
"Frente a la represión conjunta del Taiwán democrático y la Iglesia Católica por parte del régimen dictatorial de Ortega y el gobierno totalitario de China, el Ministerio de Relaciones Exteriores reitera que Taiwán nunca ha sido parte de la República Popular China", indicó.
El régimen sandinista de Ortega anuló la donación de Taiwán del edificio que albergó su embajada y otros bienes a la Iglesia católica y los entregó a China, país con el que Managua reanudó sus relaciones, informó el gobierno.
El reconocimiento de "una sola China (...) implica el inmediato registro de todos los bienes inmuebles, muebles, equipos y medios, a favor del Estado reconocido", dijo la Procuraduría General de la República (PGR) en un comunicado, días después de que la misión diplomática de Taiwán abandonara el país.
La PGR expuso que "de acuerdo a nuestra legislación, no caben transacciones, traslados o traspaso entre estas, supuestas donaciones, cuya intención solo evidencia la naturaleza ilegal y voraz, de quienes pretenden con maniobras y subterfugios, apropiarse de lo ajeno".
Además, advirtió que "aquellas entidades que insistan en ilegítimos e ilegales reclamos, quedarán expuestas a los tribunales y acciones judiciales correspondientes".
Taiwán reaccionó a la medida con una protesta "enérgica" y la calificó de "ocupación" y "transferencia ilegal" a China, según un comunicado del ministerio de Asuntos Exteriores, que condenó "la obstrucción arbitraria por parte del gobierno nicaragüense de la venta simbólica de su propiedad a la Iglesia Católica".
Nicaragua rompió relaciones con Taiwán el 9 de diciembre y ese mismo día las reanudó con China, a la que reconoció como el único gobierno legítimo, dando un plazo hasta el 23 de ese mes para la salida del personal diplomático taiwanés.
China considera que Taiwán es parte de su territorio.
El régimen dio la estocada a Taiwán luego de mantener relaciones desde el retorno de Ortega al poder en 2007 y de recibir millones de dólares en donaciones.
La ordenanza de la PGR se produjo después de que representantes de la Iglesia católica dijeron al diario La Prensa que los bienes que tenía Taiwán les fueron donados.
"Ellos antes de irse realizaron (donaron) todos sus bienes, entre ellos estaba el edificio (de la embajada que) se lo ofrecieron a la Diócesis", que aceptó, declaró el domingo al diario el vicario, monseñor Carlos Avilés.
La donación de Taiwán se produjo en un contexto de tensiones que se mantiene entre los religiosos y la dictadura de Daniel Ortega, quien les acusa de haber intentado junto a opositores provocar un golpe de Estado en 2018 en medio de protestas que demandaban la salida del régimen, con apoyo de Estados Unidos.
La Iglesia católica participó como mediadora en un diálogo que buscaba poner fin a la crisis política desatada tras esas protestas que fueron reprimidas por la Policía, el Ejército y grupos paraestatales con saldo de 355 muertos y miles de exiliados, según la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CIDH).
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El régimen sandinista de Ortega anuló la donación de Taiwán del edificio que albergó su embajada y otros bienes a la Iglesia católica y los entregó a China, país con el que Managua reanudó sus relaciones, informó el gobierno.
El reconocimiento de "una sola China (...) implica el inmediato registro de todos los bienes inmuebles, muebles, equipos y medios, a favor del Estado reconocido", dijo la Procuraduría General de la República (PGR) en un comunicado, días después de que la misión diplomática de Taiwán abandonara el país.
La PGR expuso que "de acuerdo a nuestra legislación, no caben transacciones, traslados o traspaso entre estas, supuestas donaciones, cuya intención solo evidencia la naturaleza ilegal y voraz, de quienes pretenden con maniobras y subterfugios, apropiarse de lo ajeno".
Además, advirtió que "aquellas entidades que insistan en ilegítimos e ilegales reclamos, quedarán expuestas a los tribunales y acciones judiciales correspondientes".
Taiwán reaccionó a la medida con una protesta "enérgica" y la calificó de "ocupación" y "transferencia ilegal" a China, según un comunicado del ministerio de Asuntos Exteriores, que condenó "la obstrucción arbitraria por parte del gobierno nicaragüense de la venta simbólica de su propiedad a la Iglesia Católica".
Nicaragua rompió relaciones con Taiwán el 9 de diciembre y ese mismo día las reanudó con China, a la que reconoció como el único gobierno legítimo, dando un plazo hasta el 23 de ese mes para la salida del personal diplomático taiwanés.
China considera que Taiwán es parte de su territorio.
El régimen dio la estocada a Taiwán luego de mantener relaciones desde el retorno de Ortega al poder en 2007 y de recibir millones de dólares en donaciones.
La ordenanza de la PGR se produjo después de que representantes de la Iglesia católica dijeron al diario La Prensa que los bienes que tenía Taiwán les fueron donados.
"Ellos antes de irse realizaron (donaron) todos sus bienes, entre ellos estaba el edificio (de la embajada que) se lo ofrecieron a la Diócesis", que aceptó, declaró el domingo al diario el vicario, monseñor Carlos Avilés.
La donación de Taiwán se produjo en un contexto de tensiones que se mantiene entre los religiosos y la dictadura de Daniel Ortega, quien les acusa de haber intentado junto a opositores provocar un golpe de Estado en 2018 en medio de protestas que demandaban la salida del régimen, con apoyo de Estados Unidos.
La Iglesia católica participó como mediadora en un diálogo que buscaba poner fin a la crisis política desatada tras esas protestas que fueron reprimidas por la Policía, el Ejército y grupos paraestatales con saldo de 355 muertos y miles de exiliados, según la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CIDH).
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