Por Luis Jiménez
A través de una declaración el mandatario Biden afirma que la decisión obedece "a la luz de la importancia para Estados Unidos de impulsar procesos e instituciones democráticas en Nicaragua para ayudar al pueblo nicaragüense a lograr sus aspiraciones de democracia, y dada la supresión de los derechos humanos y la democracia en Nicaragua".
Indica además que "la impunidad generalizada de los delitos cometidos contra actores de la oposición; la persistente corrupción que practican los funcionarios del gobierno nicaragüense en el desempeño de funciones públicas que ha erosionado las instituciones democráticas; y el continuo fracaso del presidente Daniel Ortega, la vicepresidenta Rosario Murillo, los funcionarios del gobierno de Nicaragua y otros para apoyar el estado de derecho, los derechos humanos y otros principios de alta prioridad para Estados Unidos exigen una respuesta contundente".
Antony Blinken celebra sanciones de Canadá y Reino Unido a funcionarios del régimen orteguista; por lo tanto afirma que "ha determinado que es de interés para Estados Unidos a restringir y suspender el ingreso a Estados Unidos, como inmigrantes y no inmigrantes, de miembros del Gobierno de Nicaragua, encabezados por el presidente Daniel Ortega, incluyendo a su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo, y otros descritos en esta proclamación quienes formulan , implementar o beneficiarse de políticas o acciones que socaven o dañen las instituciones democráticas o impidan el retorno a la democracia en Nicaragua.
La proclamación permanecerá en vigor hasta que el Presidente de Estados Unidos la dé por terminada.
"El Secretario de Estado recomendará, según las circunstancias, si el Presidente debe continuar, modificar o dar por terminada esta proclamación", indica el documento.
Actos represivos "obligan a actuar" Biden, quien el pasado 10 de noviembre firmó y proclamó la Ley de Reforzamiento de la Adherencia de Nicaragua a las Condiciones para la Reforma Electoral o Ley Renacer, sostiene que los "actos represivos y abusivos" del gobierno de Ortega y quienes lo apoyan "obligan a Estados Unidos a actuar".
"La represión del gobierno de Ortega contra líderes de la oposición, líderes de la sociedad civil y periodistas en preparación para las elecciones presidenciales y legislativas nicaragüenses de noviembre de 2021 daña las instituciones y los procesos esenciales para el funcionamiento de una democracia. Las acciones autoritarias y antidemocráticas del gobierno de Ortega han paralizado el proceso electoral y despojado del derecho de los ciudadanos nicaragüenses a elegir a sus líderes en elecciones libres y justas", indica el mandatario norteamericano. En la Proclamación agrega que "la detención y denegación de juicios justos por parte del gobierno de Ortega a manifestantes pacíficos, líderes de la sociedad civil, líderes del sector privado, líderes estudiantiles, líderes políticos, periodistas y candidatos presidenciales en Nicaragua ahoga el discurso político y el proceso democrático.
Las autoridades policiales y penitenciarias contribuyen al clima represivo que promueve el gobierno de Ortega mediante la realización de arrestos y detenciones por motivos políticos de personas que ejercen sus derechos humanos y la incomunicación de presos políticos, sin acceso a abogados, familiares y atención médica necesaria".
Agrega que "el gobierno de Ortega controla múltiples servicios de seguridad, incluidos parapoliciales no uniformados, armados y enmascarados, que abusan de las personas para promover la agenda autoritaria del gobierno de Ortega, incluso acosando, amenazando y cometiendo violencia contra quienes se oponen al gobierno. Miembros de la Policía Nacional de Nicaragua (PNN), junto con turbas violentas de simpatizantes progubernamentales también controlados por actores gubernamentales, han atacado instituciones religiosas en represalia por su apoyo a líderes políticos y religiosos".
La suspensión de ingreso, este es el listado
La Proclamación suspende el ingreso a los Estados Unidos, como inmigrantes o no inmigrantes, de las siguientes personas:
- (a) Miembros del Gobierno de Nicaragua, incluidos los funcionarios electos y su personal;
- (b) Alcaldes, vicealcaldes o secretarios políticos que planificaron, ordenaron, asistieron, ayudaron e incitaron, cometieron o participaron de otra manera, incluso a través de la responsabilidad del mando, abusos graves o violaciones de los derechos humanos para castigar a manifestantes pacíficos o negar las libertades fundamentales de los nicaragüenses. , o quien intentó o conspiró para hacerlo;
- (c) Funcionarios de los servicios de seguridad de Nicaragua, incluyendo el Ejército de Nicaragua, PNN, Dirección de Operaciones Especiales de Policía, grupos parapoliciales y grupos paramilitares;
- (d) Funcionarios de la administración penitenciaria de Nicaragua;
- (e) Altos miembros del Poder Judicial, Ministerio Público y Ministerio del Interior de Nicaragua;
- (f) Miembros de ministerios del gobierno de Nicaragua, agencias reguladoras, empresas paraestatales, administradores y profesores de educación superior, y funcionarios electos que emprendan acciones, incluidos abusos de derechos humanos, para negar servicios a quienes realizan esfuerzos pacíficos para exigir el retorno a la democracia en Nicaragua;
- (g) Personas no gubernamentales que actúan como agentes o actúan a instancias de las descritas en las subsecciones
(a) – (f) de esta sección para facilitar u obtener beneficios financieros de políticas o acciones, incluido el fraude electoral, abusos de los derechos humanos , o corrupción, que socaven o lesionen las instituciones democráticas o impidan el retorno a la democracia en Nicaragua; y
g y (h) Los cónyuges, hijos e hijas de las personas descritas en los incisos (a) – (g) de esta sección.
El documento firmado por Biden aclara que las personas cubiertas por esta proclamación serán identificadas por el Secretario de Estado, o la persona designada por el Secretario de Estado, a discreción exclusiva del Secretario de Estado, de conformidad con los procedimientos que el Secretario de Estado pueda establecer. Este lunes, tras las sanciones contra funcionaros del régimen de Ortega, oficializadas por el Reino Unido y Canadá, el Secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, celebró las medidas mediante un comunicado. El mismo día, el gobierno de Estados Unidos también anunció sanciones.
"Celebramos que el Canadá y el Reino Unido también hayan impuesto hoy medidas específicas. Como dejó en claro la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), el 12 de noviembre, bajo la presidencia de Ortega y la vicepresidente Murillo, el gobierno de Nicaragua avanza hacia un mayor aislamiento si continúa socavando la democracia y negando a los nicaragüenses sus derechos humanos", aseveró Blinken en un comunicado oficial.
A quiénes no se aplicará
La Proclamación de Biden aclara quienes no estarán sujetos a esta restricción:
- a) Cualquier residente permanente legal de los Estados Unidos;
- b) Cualquier individuo a quien los Estados Unidos le hayan otorgado asilo, cualquier refugiado que ya haya sido admitido en los Estados Unidos, o cualquier individuo a quien se le haya otorgado retención de deportación o protección bajo la Convención contra la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes o Castigo
- c) Cualquier persona cubierta por el artículo 1 de esta proclamación (listado de las personas sujetas a restricción de ingreso) , cuando el Secretario de Estado determine que ha cesado las acciones que socavan las instituciones democráticas y ha tomado medidas concretas para ayudar a restaurar la democracia en Nicaragua; o
- d) Cualquier persona cubierta descrita en las restricciones de ingreso de esta proclamación, una vez que el Secretario de Estado determine que la entrada de la persona no sería contraria a los intereses de los Estados Unidos.
Biden hace referencia a las alcaldías y Poder Judicial
En la Proclamación Biden hace referencia a las municipalidades y el poder judicial.
"Los funcionarios municipales, actuando bajo órdenes directas del gobierno de Ortega, han dirigido la violencia contra manifestantes a favor de la democracia en sus comunidades y otros actores locales opuestos al gobierno. Por ejemplo, los alcaldes y las oficinas de los alcaldes leales al gobierno de Ortega han organizado y canalizado fondos estatales a grupos parapoliciales involucrados en la represión violenta.
Estos funcionarios municipales ejercen un enorme poder político y una autoridad presupuestaria discrecional, que les confieren los niveles más altos del gobierno de Ortega.
El clima de miedo establecido y perpetuado por estos funcionarios municipales ha disminuido la posibilidad de elecciones libres y justas y ha socavado la democracia en Nicaragua», indica el mandatario en el documento. Y agrega que «el poder judicial le ha fallado al pueblo nicaragüense al ayudar e incitar al gobierno de Ortega al uso de cargos por motivos políticos para encerrar a los presos políticos. Al apilar el poder judicial con jueces y fiscales controlados por el gobierno, el gobierno de Ortega ha abusado del sistema de justicia para silenciar a los críticos.
Las autoridades han mantenido incomunicados a muchos presos políticos durante meses, sin acceso a sus abogados y sin conocimiento de los cargos falsos presentados en su contra".
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