Pese a que Dos Pinos, una de las más grandes cooperativas de Costa Rica, pagó entre 2017 y 2018 multas derivadas del manejo irregular tributario ligado a una sociedad offshore en Belice, una investigación periodística transfronteriza revela ahora que para 2019 la entidad lechera contaba con al menos otras tres offshore en Panamá, Barbados e Islas Vírgenes Británicas cuyo giro comercial no pudo ser establecido dentro de la información recabada por este equipo periodístico.
El uso de una sociedad offshore en Belice para pagar parte del salario a sus altos ejecutivos costarricenses, entre 2014 y 2015, puso a la Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos R. L. -una de las más grandes y emblemáticas de Costa Rica- en la mira de Tributación, de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), del Ministerio Público y hasta de sus propios asociados.
Como resultado de la acción de las autoridades, la cooperativa terminó pagando bajo protesta 257,3 millones de colones a Tributación (unos 420 mil dólares de la época), en junio del 2018, y 617 millones de colones a la CCSS (poco más de un millón de dólares) en enero del 2020, por utilizar ese esquema salarial y evadir así el pago del impuesto de la renta y de cargas sociales.
Al tiempo que afrontaba esas investigaciones de Tributación y la Caja, la productora de lácteos inscribió otra sociedad offshore, en octubre del 2019, esta vez en Panamá, llamada Logística Empresarial Internacional. Sus accionistas son First Caribbean Investment Company, registrada en Islas Vírgenes Británicas, y Transnieve Ltd, en Barbados, ambas jurisdicciones consideradas como paraísos fiscales que pueden prestarse para la elusión o evasión del pago de impuestos.
Hasta la publicación de esta investigación, Logística Empresarial Internacional S. A., no se conocía dentro del conglomerado de subsidiarias de la Dos Pinos para su operación comercial en la región (Guatemala, Panamá, Nicaragua y República Dominicana). Es decir, no se la menciona en la página web de la cooperativa y tampoco es conocida por varios de sus asociados.
Estos son algunos de los hallazgos del análisis que hicieron medios periodísticos locales y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) de miles de documentos internos pertenecientes a varios bufetes legales especializados en gestionar sociedades offshore en Panamá, Islas Vírgenes Británicas, Barbados y otros países. La revelación hace parte de la investigación transfronteriza Pandora Papers que lideró el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).
La información proviene de un acervo de más de 11,9 millones de documentos de registros financieros confidenciales de 14 empresas proveedoras de servicios offshore, que crean y administran sociedades de papel y fideicomisos en paraísos fiscales alrededor del mundo. ICIJ los recibió de una fuente anónima, en lotes separados, a lo largo de varios meses.
Bautizados como los Pandora Papers, estos documentos que datan de entre 1996 y 2020, y están en inglés, español, chino, griego, ruso, entre otros idiomas, revelan conexiones con sociedades y negocios en más de 200 países y territorios. La colaboración de 618 periodistas hizo posible investigar cientos de ellos, simultáneamente en 117 países.
Se le consulto a la cooperativa sobre las razones por las cuales ha creado estas compañías offshore en jurisdicciones como las Islas Vírgenes Británicas, Barbados y Panamá, el director de Relaciones Corporativas y Sostenibilidad, Luis Mastroeni Camacho, respondió que no podía revelar muchos detalles por ser parte de la “estrategia comercial y de negocio” de la empresa.
A modo general, respondió que la razón de crear sociedades en otros países (sin especificar en cuáles) “es responder a la estructura de negocio del grupo empresarial. Las sociedades que están en los países son entidades independientes, con personalidad jurídica propia. Son creadas precisamente para apalancar la estrategia de expansión de nuestros negocios en otros países de Latinoamérica y en el Caribe”.
Mastroeni argumentó que “no es viable operar comercialmente en esos países bajo el modelo cooperativo” y aseguró que en los países donde se crean otras sociedades se pagan impuestos y se cumple con el marco de legalidad.
Sin embargo, la cooperativa Dos Pinos no exporta ni distribuye sus productos en Islas Vírgenes Británicas ni en Barbados, según confirmó la propia empresa a la consulta periodística que se realizo por correo electrónico. El director de Relaciones Corporativas y Sostenibilidad explicó que esas sociedades se crearon “para hacer viable” el negocio. No obstante, el funcionario alegó confidencialidad comercial para revelar el giro específico de esta organización offshore.
Costa Rica no tiene un convenio de intercambio de información fiscal con Barbados, Panamá ni las Islas Vírgenes Británicas, lo que no le permite a sus autoridades fiscales supervisar esas sociedades.
Reinciden con otra offshore
La creación de la sociedad offshore Logística Empresarial Internacional consta en documentos internos de la firma Overseas Management Company (OMC), conocidos por ICIJ dentro del proyecto periodístico Pandora Papers.
Según los registros de Panamá, Logística Empresarial Internacional (LEI) fue creada en febrero de 2019 por otras tres empresas, domiciliadas todas en la misma dirección de la proveedora de servicios corporativos OMC en Ciudad de Panamá y con directores todos asociados a esta firma, lo que hace pensar que OMC pudo haberla creado para luego ofrecérsela a un cliente que la necesitara.
No obstante, los documentos filtrados permiten ver que, en octubre del 2019, OMC gestionó un cambio en esa sociedad: las acciones pasarían a ser de las sociedades First Caribbean y Transnieve, mientras que los beneficiarios finales serían “Miembros de la Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos RL” de Costa Rica y el empresario panameño José Benjamín de Dianous González , según consta en un formulario de solicitud en el archivo de OMC.
De Dianous fue miembro de la junta directiva del Banco Nacional de Panamá entre 2017 y 2018, nombrado por el presidente Juan Carlos Varela en abril del 2017. También fue presidente y representante legal de la empresa estatal panameña Mercados Nacionales Cadena de Frío S. A., un millonario proyecto del expresidente panameño Ricardo Martinelli que buscaba crear una red de mercados mayoristas y minoristas para mejorar la comercialización de productos alimenticios, en especial los perecederos.
El empresario hizo su nombre sobre todo como socio de Global Products and Logistics Services (Dicarina), una de las distribuidoras de productos de consumo masivo en su país.
Precisamente, en 2014, Dos Pinos se había aliado con Dicarina para distribuir sus productos lácteos en Panamá, según se lee en el expediente judicial del caso relacionado con el pago a los ejecutivos usando una offshore en Belice.
Según el formulario para inscripción de Logística Empresarial Internacional (LEI), como presidente quedó nombrado De Dianous; otro panameño, Joseph Mawad, como vicepresidente y la costarricense Digna María Moya González como secretaria. Esta última ha sido desde hace una década la directora financiera de Dos Pinos. En el documento, las tres personas dieron la misma fecha de nacimiento.
LEI quedó registrada con un capital de 10 mil dólares (un dólar por acción) y con el objeto de “invertir en acciones preferidas de una sociedad operativa”, siendo la fuente de ingresos la “inversión de fondos propios”.
Tanto Mawad como De Dianous figuran en la base de datos comercial OpenCorporates como directores de diversas compañías panameñas; este último aparece como directivo de al menos diez empresas.
Para crear la empresa LEI, la directora financiera de Dos Pinos dio como su dirección la de la planta de la cooperativa en Coyol de Alajuela, en Costa Rica.
Dos empresas de papel dueñas de una de verdad
Ahí no terminan las conexiones societarias de Dos Pinos.
Según el formulario de registro de OMC, la accionista mayoritaria de Logística Empresarial Internacional sería la sociedad First Caribbean Investment Company Inc (con 54,1% de acciones). Esta sociedad fue registrada en las Islas Vírgenes Británicas el 20 de julio del 2004 con un capital de 50.000 dólares. El registro fue hecho por un agente de la compañía panameña de abogados Alfaro, Ferrer & Ramírez (BVI) Limited.
First Caribbean, que no está autorizada a emitir acciones al portador, se encuentra activa, según la certificado de Registro de Asuntos Corporativos de Islas Vírgenes Británicas (BVI).
El formulario también registró como dueña del 39,17 por ciento de las acciones de LEI a Transnieve Ltd, una empresa de Barbados. La propiedad del restante 6,73 por ciento no fue identificada.
En una Declaración Jurada de Acciones Nominativas de Productos Nevada de noviembre de 2019, emitida en Costa Rica, la cual también reposa en los archivos de OMC, el director comercial de Dos Pinos por más de una década, Luis Esteban Brenes Villalobos, brindó información sobre beneficiarios finales de sociedades, como obliga la ley.
Dicho documento permite ver el entramado de sociedades offshore relacionadas a la cooperativa Dos Pinos, como muestra esta infografía.
La cooperativa costarricense es dueña de la sociedad Transnieve Ltda, inscrita en Barbados en diciembre de 2012. A su vez Transnieve es accionista de varias sociedades: Corporación Industrial Americana (Barbados), Logística Empresarial Internacional (Panamá), Snow Foods SRL (en jurisdicción desconocida) y Productos Nevada (Panamá).
Productos Nevada es una empresa líder del sector lechero en Panamá, que ha invertido allí más de 119 millones de dólares en producción de lácteos y en montar su cadena de distribución de leche.
Brenes, quien hizo la declaración en calidad de presidente de Productos Nevada, indicó que los beneficiarios finales de esa sociedad son los asociados de la cooperativa Dos Pinos.
A la vez presentó una lista de 23 personas como beneficiarios de al menos el 10 por ciento del capital social de Productos Nevada y representativos del control administrativo y operativo de la sociedad. Ahí figuran Carlos Alfaro Moya, actual miembro del Consejo de Administración de Dos Pinos; Jaime Harrington Solórzano, exmiembro de dicho consejo, y 21 personas más.
Se le consultó al vocero de la Dos Pinos si estas personas son asociadas y por qué figuran como beneficiarios de ese 10% de las acciones. “Por política la cooperativa no le puedo dar esa información”, respondió.
En la junta directiva de Productos Nevada también estuvo Digna Moya González, según consta en este documento de 2016.
Esta alianza periodística descubrió que Productos Nevada también pertenece a la sociedad Corporación Industrial Americana Ltd., inscrita en Barbados, que posee 50 participaciones sociales. Esta última sin embargo, registró un proceso de integración bajo el código de Insolvencia y Bancarrota (IBC) en noviembre 20 de 2013, según el registro del país caribeño.
No está claro por qué Dos Pinos montó este complejo esquema de sociedades de papel como tenedoras de su empresa lechera en Panamá. Por ser una cooperativa, Dos Pinos está exenta del pago del impuesto de renta sobre sus ganancias, porque estas se distribuyen como excedentes a sus asociados, pero sí está obligada a retener el impuesto de la renta del salario que paga a sus empleados.
También está obligada a retener el 10% de renta sobre los excedentes entregados a sus asociados y contribuir con otras obligaciones parafiscales.
En el 2018, como parte de la discusión sobre la reforma fiscal en Costa Rica, se propuso gravar con un 30% de impuesto de renta las utilidades generadas por las grandes cooperativas, como se cobra al resto de las empresas. La idea, promovida por el Ministerio de Hacienda y apoyada por algunos legisladores, sin embargo se topó con una fuerte oposición del sector cooperativo y de la mayoría de diputados en el Congreso. Al final fue rechazada.
Ante ello, un grupo de diputados se comprometió a apoyar otra iniciativa para cobrar renta a las cooperativas con excedentes mayores a los 250 millones de colones anuales (unos 397.700 dólares), pero también fracasó ante la oposición de la mayoría legislativa y un millonario lobby promovido por el sector cooperativo.
Le consultamos al vocero de la cooperativa Luis Mastroeni si la Dos Pinos no ve alguna contradicción al mantener estas sociedades en jurisdicciones consideradas como paraísos fiscales, donde la fiscalización costarricense es prácticamente imposible. “Nosotros como cooperativa generamos estas sociedades, tenemos estas sociedades en el extranjero, con el único fin de ser viables y ser comercialmente operativos en esos lugares”, replicó.
Añadió que todo se apega a la legalidad. “Se cumple con la ley en esos lugares, se pagan todos los impuestos que haya que pagar y todos se consolidan en Costa Rica para generarle mayor beneficio a los productores”, dijo.
Consultada por ICIJ sobre las sociedades de Dos Pinos, la firma OMC replicó en una carta que no puede responder ninguna sobre sus clientes por tratarse de información confidencial, pero subrayó que cumple con todas las leyes aplicables en las jurisdicciones donde opera. “OMC está comprometida con el cumplimiento y mantiene un sólido programa al respecto, que incluye políticas y procedimientos de debida diligencia”, señaló.
Asociados desconocen de offshore
Dos asociados de la Dos Pinos consultados por esta alianza periodística dijeron no estar enterados de este entramado de sociedades y señalaron que la información que les comparten sus directivas en torno a las decisiones comerciales de la empresa es cada vez más limitada.
“De hace diez años para acá todo es un hermetismo”, dijo un productor de leche la zona de Tilarán, quien pidió proteger su identidad para no tener conflictos con la cooperativa. “Nos damos cuenta de la información por lo que sale en el periódico o por (el correo) de las brujas que llaman. Si alguien se da cuenta de algo y comenta, uno se entera, pero información de la Dos Pinos, directamente, muy poca”.
La preocupación de este productor, quien dijo no tener siquiera idea de qué es una offshore, es que los negocios de la cooperativa terminen generando pérdidas porque “al final las asumimos nosotros los asociados, que somos el [productor] primario”.
Contó que hace unos años, con una sola llamada era suficiente para salir de cualquier duda que tuvieran como asociados. “Ahora hay que pedirle permiso a todo el mundo, mandar una carta solicitándolo y dependiendo de la información no te la dan”, explicó.
Por esta misma razón tampoco sabe si lo que la cooperativa le genera como dividendos es el monto que realmente le corresponde, si debería ser más o menos. “Nada más nos dan un análisis general a final de año. Como no hay información no puedo asegurar si es lo correcto o si falta”, dijo.
Otro asociado, pero de la zona de San Carlos, que también accedió a hablar para esta investigación periodística de forma anónima, contó que su malestar y el de otros asociados es que gastos administrativos y financieros de otros proyectos en el exterior se redistribuyeron y los almacenes agroveterinarios tuvieron que asumir e incrementar los costos al productor. “Al haber incremento en costos al productor se le baja la rentabilidad”, dijo.
“Al asociado le dan informes de la industria donde la presentan como sólida, pero en las fincas no está sucediendo eso. Las fincas se están debilitando por los costos, ese es el punto”, añadió.
Con relación a los detalles de los negocios que les comparten a los asociados de la cooperativa, aseguró el lechero de San Carlos, que son muy pocos. Dijo no saber de sociedades offshore y tampoco tiene conocimiento de que se haya llegado a informar a los asociados sobre eso.
“Siempre hay datos que uno quisiera conocer más, algún detalle de algún informe que uno quisiera conocer más. Sin embargo, eso no es posible y normalmente se rechaza porque eso es un asunto sensible y no puede salir. Ahí lo manejan con los asesores legales y cuando llega un humilde productor con botas de hule, sale la licenciada o el licenciado equis o ye, se frena el asunto y hasta ahí llega”, contó.
¿Puede el consejo de administración o el gerente de una cooperativa establecer qué información es confidencial incluso para los asociados de la cooperativa, argumentando que ésta hace parte de la estrategia comercial del negocio o que no se puede revelar a la competencia?
Para Erick Brenes, miembro del miembro del Comité Académico del Instituto de Gobierno Corporativo de Costa Rica, “en buena teoría eso puede suceder, pero tiene que estar justificado y respaldado por la asamblea general”.
De acuerdo con Brenes, en Costa Rica no hay ninguna organización jurídica más democrática que una cooperativa. “La transparencia debe ser total desde el consejo de administración hasta cada uno de los asociados, pasando obviamente por la asamblea general. Eso está normado en la ley y el deber último de asegurar responsabilidad y transparencia, que son las dos características que se buscan en cualquier organización, es del consejo de administración”, explicó.
Una offshore para salarios
Creada en 1947 por 25 productores de leche, la Dos Pinos creció vertiginosamente en los últimos años hasta cruzar las fronteras nacionales.
Esa internacionalización fue el argumento central para que, en 2014, la cooperativa creara un Plan Integral Corporativo y un nuevo modelo de compensación para sus ejecutivos, según consta en el expediente penal 18-000120-0621-PE consultado por esta alianza periodística.
Aunque no tiene una operación comercial en Belice, “por estrategia fiscal” la cooperativa creó en el país caribeño la sociedad CSC DP Ltd (Holding), que se convirtió en su casa matriz, y la sociedad DPSSC Ltd, como encargada de ofrecer servicios corporativos a sus afiliadas.
Además, la Cooperativa Dos Pinos le aportó a CSC DP Ltd las acciones de sus subsidiarias: Helados de Centroamérica (Guatemala), Atlantic Holdings (República Dominicana), Congelados (Nicaragua) y Clauds Holding Corp (Panamá) por su valor en libros.
En paralelo crearon un nuevo modelo para el pago a sus ejecutivos. Los despidieron, les pagaron sumas millonarias de liquidación y los recontrataron al día siguiente, el 1 de octubre del 2014, con un nuevo modelo, por el cual parte de sus salarios y beneficios se les pagarían en Costa Rica y la otra parte en Belice, mediante la empresa DPSSC Ltd.
Tributación y la Caja Costarricense de Seguro Social determinaron que sobre el monto pagado en el extranjero no reportaron las cargas sociales ni se realizó la debida retención del impuesto de renta. Esto es lo que originó la multa de las dos entidades.
La creación de la sociedad offshore Logística Empresarial Internacional consta en documentos internos de la firma Overseas Management Company (OMC), conocidos por ICIJ dentro del proyecto periodístico Pandora Papers.
Según los registros de Panamá, Logística Empresarial Internacional (LEI) fue creada en febrero de 2019 por otras tres empresas, domiciliadas todas en la misma dirección de la proveedora de servicios corporativos OMC en Ciudad de Panamá y con directores todos asociados a esta firma, lo que hace pensar que OMC pudo haberla creado para luego ofrecérsela a un cliente que la necesitara.
No obstante, los documentos filtrados permiten ver que, en octubre del 2019, OMC gestionó un cambio en esa sociedad: las acciones pasarían a ser de las sociedades First Caribbean y Transnieve, mientras que los beneficiarios finales serían “Miembros de la Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos RL” de Costa Rica y el empresario panameño José Benjamín de Dianous González , según consta en un formulario de solicitud en el archivo de OMC.
De Dianous fue miembro de la junta directiva del Banco Nacional de Panamá entre 2017 y 2018, nombrado por el presidente Juan Carlos Varela en abril del 2017. También fue presidente y representante legal de la empresa estatal panameña Mercados Nacionales Cadena de Frío S. A., un millonario proyecto del expresidente panameño Ricardo Martinelli que buscaba crear una red de mercados mayoristas y minoristas para mejorar la comercialización de productos alimenticios, en especial los perecederos.
El empresario hizo su nombre sobre todo como socio de Global Products and Logistics Services (Dicarina), una de las distribuidoras de productos de consumo masivo en su país.
Precisamente, en 2014, Dos Pinos se había aliado con Dicarina para distribuir sus productos lácteos en Panamá, según se lee en el expediente judicial del caso relacionado con el pago a los ejecutivos usando una offshore en Belice.
Según el formulario para inscripción de Logística Empresarial Internacional (LEI), como presidente quedó nombrado De Dianous; otro panameño, Joseph Mawad, como vicepresidente y la costarricense Digna María Moya González como secretaria. Esta última ha sido desde hace una década la directora financiera de Dos Pinos. En el documento, las tres personas dieron la misma fecha de nacimiento.
LEI quedó registrada con un capital de 10 mil dólares (un dólar por acción) y con el objeto de “invertir en acciones preferidas de una sociedad operativa”, siendo la fuente de ingresos la “inversión de fondos propios”.
Tanto Mawad como De Dianous figuran en la base de datos comercial OpenCorporates como directores de diversas compañías panameñas; este último aparece como directivo de al menos diez empresas.
Para crear la empresa LEI, la directora financiera de Dos Pinos dio como su dirección la de la planta de la cooperativa en Coyol de Alajuela, en Costa Rica.
Dos empresas de papel dueñas de una de verdad
Ahí no terminan las conexiones societarias de Dos Pinos.
Según el formulario de registro de OMC, la accionista mayoritaria de Logística Empresarial Internacional sería la sociedad First Caribbean Investment Company Inc (con 54,1% de acciones). Esta sociedad fue registrada en las Islas Vírgenes Británicas el 20 de julio del 2004 con un capital de 50.000 dólares. El registro fue hecho por un agente de la compañía panameña de abogados Alfaro, Ferrer & Ramírez (BVI) Limited.
First Caribbean, que no está autorizada a emitir acciones al portador, se encuentra activa, según la certificado de Registro de Asuntos Corporativos de Islas Vírgenes Británicas (BVI).
El formulario también registró como dueña del 39,17 por ciento de las acciones de LEI a Transnieve Ltd, una empresa de Barbados. La propiedad del restante 6,73 por ciento no fue identificada.
En una Declaración Jurada de Acciones Nominativas de Productos Nevada de noviembre de 2019, emitida en Costa Rica, la cual también reposa en los archivos de OMC, el director comercial de Dos Pinos por más de una década, Luis Esteban Brenes Villalobos, brindó información sobre beneficiarios finales de sociedades, como obliga la ley.
Dicho documento permite ver el entramado de sociedades offshore relacionadas a la cooperativa Dos Pinos, como muestra esta infografía.
La cooperativa costarricense es dueña de la sociedad Transnieve Ltda, inscrita en Barbados en diciembre de 2012. A su vez Transnieve es accionista de varias sociedades: Corporación Industrial Americana (Barbados), Logística Empresarial Internacional (Panamá), Snow Foods SRL (en jurisdicción desconocida) y Productos Nevada (Panamá).
Productos Nevada es una empresa líder del sector lechero en Panamá, que ha invertido allí más de 119 millones de dólares en producción de lácteos y en montar su cadena de distribución de leche.
Brenes, quien hizo la declaración en calidad de presidente de Productos Nevada, indicó que los beneficiarios finales de esa sociedad son los asociados de la cooperativa Dos Pinos.
A la vez presentó una lista de 23 personas como beneficiarios de al menos el 10 por ciento del capital social de Productos Nevada y representativos del control administrativo y operativo de la sociedad. Ahí figuran Carlos Alfaro Moya, actual miembro del Consejo de Administración de Dos Pinos; Jaime Harrington Solórzano, exmiembro de dicho consejo, y 21 personas más.
Se le consultó al vocero de la Dos Pinos si estas personas son asociadas y por qué figuran como beneficiarios de ese 10% de las acciones. “Por política la cooperativa no le puedo dar esa información”, respondió.
En la junta directiva de Productos Nevada también estuvo Digna Moya González, según consta en este documento de 2016.
Esta alianza periodística descubrió que Productos Nevada también pertenece a la sociedad Corporación Industrial Americana Ltd., inscrita en Barbados, que posee 50 participaciones sociales. Esta última sin embargo, registró un proceso de integración bajo el código de Insolvencia y Bancarrota (IBC) en noviembre 20 de 2013, según el registro del país caribeño.
No está claro por qué Dos Pinos montó este complejo esquema de sociedades de papel como tenedoras de su empresa lechera en Panamá. Por ser una cooperativa, Dos Pinos está exenta del pago del impuesto de renta sobre sus ganancias, porque estas se distribuyen como excedentes a sus asociados, pero sí está obligada a retener el impuesto de la renta del salario que paga a sus empleados.
También está obligada a retener el 10% de renta sobre los excedentes entregados a sus asociados y contribuir con otras obligaciones parafiscales.
En el 2018, como parte de la discusión sobre la reforma fiscal en Costa Rica, se propuso gravar con un 30% de impuesto de renta las utilidades generadas por las grandes cooperativas, como se cobra al resto de las empresas. La idea, promovida por el Ministerio de Hacienda y apoyada por algunos legisladores, sin embargo se topó con una fuerte oposición del sector cooperativo y de la mayoría de diputados en el Congreso. Al final fue rechazada.
Ante ello, un grupo de diputados se comprometió a apoyar otra iniciativa para cobrar renta a las cooperativas con excedentes mayores a los 250 millones de colones anuales (unos 397.700 dólares), pero también fracasó ante la oposición de la mayoría legislativa y un millonario lobby promovido por el sector cooperativo.
Le consultamos al vocero de la cooperativa Luis Mastroeni si la Dos Pinos no ve alguna contradicción al mantener estas sociedades en jurisdicciones consideradas como paraísos fiscales, donde la fiscalización costarricense es prácticamente imposible. “Nosotros como cooperativa generamos estas sociedades, tenemos estas sociedades en el extranjero, con el único fin de ser viables y ser comercialmente operativos en esos lugares”, replicó.
Añadió que todo se apega a la legalidad. “Se cumple con la ley en esos lugares, se pagan todos los impuestos que haya que pagar y todos se consolidan en Costa Rica para generarle mayor beneficio a los productores”, dijo.
Consultada por ICIJ sobre las sociedades de Dos Pinos, la firma OMC replicó en una carta que no puede responder ninguna sobre sus clientes por tratarse de información confidencial, pero subrayó que cumple con todas las leyes aplicables en las jurisdicciones donde opera. “OMC está comprometida con el cumplimiento y mantiene un sólido programa al respecto, que incluye políticas y procedimientos de debida diligencia”, señaló.
Asociados desconocen de offshore
Dos asociados de la Dos Pinos consultados por esta alianza periodística dijeron no estar enterados de este entramado de sociedades y señalaron que la información que les comparten sus directivas en torno a las decisiones comerciales de la empresa es cada vez más limitada.
“De hace diez años para acá todo es un hermetismo”, dijo un productor de leche la zona de Tilarán, quien pidió proteger su identidad para no tener conflictos con la cooperativa. “Nos damos cuenta de la información por lo que sale en el periódico o por (el correo) de las brujas que llaman. Si alguien se da cuenta de algo y comenta, uno se entera, pero información de la Dos Pinos, directamente, muy poca”.
La preocupación de este productor, quien dijo no tener siquiera idea de qué es una offshore, es que los negocios de la cooperativa terminen generando pérdidas porque “al final las asumimos nosotros los asociados, que somos el [productor] primario”.
Contó que hace unos años, con una sola llamada era suficiente para salir de cualquier duda que tuvieran como asociados. “Ahora hay que pedirle permiso a todo el mundo, mandar una carta solicitándolo y dependiendo de la información no te la dan”, explicó.
Por esta misma razón tampoco sabe si lo que la cooperativa le genera como dividendos es el monto que realmente le corresponde, si debería ser más o menos. “Nada más nos dan un análisis general a final de año. Como no hay información no puedo asegurar si es lo correcto o si falta”, dijo.
Otro asociado, pero de la zona de San Carlos, que también accedió a hablar para esta investigación periodística de forma anónima, contó que su malestar y el de otros asociados es que gastos administrativos y financieros de otros proyectos en el exterior se redistribuyeron y los almacenes agroveterinarios tuvieron que asumir e incrementar los costos al productor. “Al haber incremento en costos al productor se le baja la rentabilidad”, dijo.
“Al asociado le dan informes de la industria donde la presentan como sólida, pero en las fincas no está sucediendo eso. Las fincas se están debilitando por los costos, ese es el punto”, añadió.
Con relación a los detalles de los negocios que les comparten a los asociados de la cooperativa, aseguró el lechero de San Carlos, que son muy pocos. Dijo no saber de sociedades offshore y tampoco tiene conocimiento de que se haya llegado a informar a los asociados sobre eso.
“Siempre hay datos que uno quisiera conocer más, algún detalle de algún informe que uno quisiera conocer más. Sin embargo, eso no es posible y normalmente se rechaza porque eso es un asunto sensible y no puede salir. Ahí lo manejan con los asesores legales y cuando llega un humilde productor con botas de hule, sale la licenciada o el licenciado equis o ye, se frena el asunto y hasta ahí llega”, contó.
¿Puede el consejo de administración o el gerente de una cooperativa establecer qué información es confidencial incluso para los asociados de la cooperativa, argumentando que ésta hace parte de la estrategia comercial del negocio o que no se puede revelar a la competencia?
Para Erick Brenes, miembro del miembro del Comité Académico del Instituto de Gobierno Corporativo de Costa Rica, “en buena teoría eso puede suceder, pero tiene que estar justificado y respaldado por la asamblea general”.
De acuerdo con Brenes, en Costa Rica no hay ninguna organización jurídica más democrática que una cooperativa. “La transparencia debe ser total desde el consejo de administración hasta cada uno de los asociados, pasando obviamente por la asamblea general. Eso está normado en la ley y el deber último de asegurar responsabilidad y transparencia, que son las dos características que se buscan en cualquier organización, es del consejo de administración”, explicó.
Una offshore para salarios
Creada en 1947 por 25 productores de leche, la Dos Pinos creció vertiginosamente en los últimos años hasta cruzar las fronteras nacionales.
Esa internacionalización fue el argumento central para que, en 2014, la cooperativa creara un Plan Integral Corporativo y un nuevo modelo de compensación para sus ejecutivos, según consta en el expediente penal 18-000120-0621-PE consultado por esta alianza periodística.
Aunque no tiene una operación comercial en Belice, “por estrategia fiscal” la cooperativa creó en el país caribeño la sociedad CSC DP Ltd (Holding), que se convirtió en su casa matriz, y la sociedad DPSSC Ltd, como encargada de ofrecer servicios corporativos a sus afiliadas.
Además, la Cooperativa Dos Pinos le aportó a CSC DP Ltd las acciones de sus subsidiarias: Helados de Centroamérica (Guatemala), Atlantic Holdings (República Dominicana), Congelados (Nicaragua) y Clauds Holding Corp (Panamá) por su valor en libros.
En paralelo crearon un nuevo modelo para el pago a sus ejecutivos. Los despidieron, les pagaron sumas millonarias de liquidación y los recontrataron al día siguiente, el 1 de octubre del 2014, con un nuevo modelo, por el cual parte de sus salarios y beneficios se les pagarían en Costa Rica y la otra parte en Belice, mediante la empresa DPSSC Ltd.
Tributación y la Caja Costarricense de Seguro Social determinaron que sobre el monto pagado en el extranjero no reportaron las cargas sociales ni se realizó la debida retención del impuesto de renta. Esto es lo que originó la multa de las dos entidades.
“La Administración Tributaria, en resumen, encontró que la fiscalizada (Dos Pinos) ideó una estructura societaria que ubicó en Belice y de la cual poseía el control del 100% de su capital y por ende del control total de la misma, para proceder a pagar a sus ejecutivos una parte de su salario bajo la figura de servicios profesionales, prestados supuestamente a empresas afiliadas en el exterior. Para ello, creó la sociedad DPSSC Ltd ubicada en Belice”, concluyeron en su informe Maritza Mesén, subdirectora de Fiscalización de Grandes Contribuyentes Nacionales, y Patricia Castillo, directora de Grandes Contribuyentes Nacionales del Ministerio de Hacienda.
Cuando todo esto ocurrió, el presidente del Consejo de Administración era Alberto Argüello Rodríguez, quien se mantiene en el puesto. Además, el gerente era Gonzalo Chaves Alvarado, quien también ocupa todavía el cargo.
Los directivos de la cooperativa lechera mantuvieron el pago a sus ejecutivos en estricta confidencialidad. Incluso los más de 1.300 productores asociados desconocían lo que estaba pasando.
Fue solamente hasta mediados del 2015, cuando el Comité de Vigilancia –el máximo órgano fiscalizador de la cooperativa– pidió cuentas, preocupado de que estuviesen incurriendo en posibles ilegalidades con el fisco y la seguridad social. A raíz de los cuestionamientos, los directivos de Dos Pinos se vieron obligados a regresar a su viejo esquema salarial.
Pero no se quedaron ahí. Gonzalo Chaves, en su calidad de gerente y representante legal de la cooperativa, presentó una denuncia penal por el presunto delito de divulgación de secretos. Aunque la denuncia no se presentó contra ninguna persona, los hechos relatados dirigieron la investigación hacia los tres miembros del Comité de Vigilancia, conformado en este momento por el presidente Eduardo Robert Ureña, la secretaria Teresa Alfaro Rojas y el vocal Diego Salas Blanco.
La investigación finalmente no encontró que los miembros del Comité de Vigilancia hubiesen cometido un delito, por lo que la Fiscalía presentó una solicitud de sobreseimiento definitivo que fue acogida por el Juzgado Penal de Alajuela en diciembre del 2019 y que los eximió de culpa.
Cuando todo esto ocurrió, el presidente del Consejo de Administración era Alberto Argüello Rodríguez, quien se mantiene en el puesto. Además, el gerente era Gonzalo Chaves Alvarado, quien también ocupa todavía el cargo.
Los directivos de la cooperativa lechera mantuvieron el pago a sus ejecutivos en estricta confidencialidad. Incluso los más de 1.300 productores asociados desconocían lo que estaba pasando.
Fue solamente hasta mediados del 2015, cuando el Comité de Vigilancia –el máximo órgano fiscalizador de la cooperativa– pidió cuentas, preocupado de que estuviesen incurriendo en posibles ilegalidades con el fisco y la seguridad social. A raíz de los cuestionamientos, los directivos de Dos Pinos se vieron obligados a regresar a su viejo esquema salarial.
Pero no se quedaron ahí. Gonzalo Chaves, en su calidad de gerente y representante legal de la cooperativa, presentó una denuncia penal por el presunto delito de divulgación de secretos. Aunque la denuncia no se presentó contra ninguna persona, los hechos relatados dirigieron la investigación hacia los tres miembros del Comité de Vigilancia, conformado en este momento por el presidente Eduardo Robert Ureña, la secretaria Teresa Alfaro Rojas y el vocal Diego Salas Blanco.
La investigación finalmente no encontró que los miembros del Comité de Vigilancia hubiesen cometido un delito, por lo que la Fiscalía presentó una solicitud de sobreseimiento definitivo que fue acogida por el Juzgado Penal de Alajuela en diciembre del 2019 y que los eximió de culpa.
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