Por Daniela Cerdas
La Contraloría ordenó al MEP asumir la Red Educativa del Bicentenario, directamente.
El Ministerio de Educación Pública (MEP) se considera incapaz de ejecutar solo la Red Educativa del Bicentenario, la cual conectaría a todos los centros educativos a Internet. Así reaccionó el MEP después de que la Contraloría General de la República (CGR) afirmó que la institución tiene un departamento que debió encargarse del proyecto en vez de delegarlo a un ente privado.
Según la Contraloría, los 90 funcionarios de la Dirección de Informática de Gestión del MEP tienen las competencias para desarrollar la red; no obstante, el Ministerio optó por delegar en la Fundación Omar Dengo (FOD) el plan para construir una única red de un banda ancha, de fibra óptica, con una velocidad superior a los 10 Mbps.
Paula Villalta, viceministra de Planificación Institucional y Coordinación Regional del MEP, declaró que la Dirección de Informática solo se encarga de atender los asuntos tecnológicos de las oficinas regionales y las oficinas centrales; su alcance, dijo, no llega a los centros educativos.
“Nosotros tenemos en la Dirección de Informática de Gestión un criterio técnico donde dice que su alcance llega a las direcciones regionales, no a los centros educativos, que, por consiguiente, siguen apoyando, ya que tenemos un convenio con el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), que tiene conectividad con centros educativos, pero ya tener un proyecto de esta magnitud no lo pueden ejecutar por ellos mismos”, explicó Villalta.
En marzo del 2020, el MEP firmó con la Fundación Omar Dengo un anexo del convenio existente desde el 2002, para la implementación de la segunda fase de la Red que empezaría con la conexión de los primeros 2.120 centros educativos. El proyecto se realiza con el dinero que el MEP le traslada a la Fundación mensualmente.
Sin embargo, la CGR ordenó al MEP, el lunes anterior, solicitarle a la Fundación suspender, en 24 horas, cualquier actuación para la ejecución de la Red Educativa del Bicentenario porque considera, entre otras cosas, que el Ministerio trasladó sus competencias esenciales al delegar el plan y que la participación de la institución en la misma ha sido “nula”.
Además, instruyó al Ministerio a “asumir esas competencias esenciales y deberes públicos vinculados a la Red conforme el marco legal aplicable”, para lo cual le da un plazo de cinco días hábiles. El MEP apeló la orden ante la CGR.
Según la Contraloría, la Dirección de Informática de Gestión del Ministerio funge como “órgano técnico responsable de orientar, promover, generar la transferencia y adaptación de las tecnologías de la informática y de las telecomunicaciones”.
Añadió que, en el 2014, a esa dirección se le ajustó su organización con la finalidad de “atender responsabilidades relacionadas con el desarrollo de la Red Educativa Nacional y la plataforma de conectividad”.
Sin embargo, Mario López, director jurídico del MEP, añadió que la Dirección de Informática de Gestión tiene unas competencias establecidas por reglamento “que no abarcan el espectro tan amplio que tiene la red que está proponiendo” y que la actual norma de está dirección alcanzaría solo para desarrollar la primera capa de la red y esta requiere de cuatro capas.
Sin licitación
El Ministerio de Educación no realizó licitación para elegir a la Fundación. Villalta afirmó que el MEP, desde el 2002, tiene un convenio con la Fundación para desarrollar el Programa Nacional de Informática Educativa (Pronie), que tienen rango de ley, a fin de darle a los estudiantes acceso a nuevas tecnologías, con un enfoque para su apropiación y uso creativo.
Según dijeron, la Red Educativa del Bicentenario es un proyecto más del marco de proyectos que tiene la Pronie y que la Fundación ejecuta para el Ministerio.
“La FOD ha tenido expertise en estos ámbitos, la normativa y encauzamiento de conocimiento que tiene la Fundación, que trabaja a partir de los requerimientos que el MEP le da; básicamente es aprovechar un conocimiento para llevar a cargo un proyecto de esta magnitud”, dijo López.
Según Andrés Fernández, asesor del Viceministerio de Planificación Institucional del MEP, la Contraloría “cometió un error” al calcular el dinero que se le ha trasladado a la FOD.
Según la CGR, en el periodo comprendido entre el 1.° de enero de 2020 y el 31 de agosto de 2021, el Ministerio ha transferido a la FOD ¢12.512 millones para la red. Afirmó la CGR que dicho monto se compone de un 0,8% (¢101,5 millones) para financiar el pago de remuneraciones del personal técnico contratado por esa Fundación (13 plazas), un 35,2% (¢4.404,7 millones) para gastos y costos operativos, un 4,7% (¢591,8 millones) para cubrir costos de conectividad y el restante 59,3% (¢7.414,5 millones) para implementar la Red.
Sin embargo, según Fernández, la Contraloría sumó todo el dinero transferido en ese período en el marco de todos los proyectos de la Pronie. Aclaró que, en el proyecto de la Red, el MEP la ha trasladado a la FOD ¢6.000 millones de entre 2020 y 2021, y dijo que el 90% ha sido para ejecutar el proyecto y 10% para los gastos operativos de la Fundación.
El MEP detalló que, según el último cartel que la Fundación adjudicó para desarrollar el proyecto, el cual fue anulado por la Contraloría, el Ministerio le tiene que trasladar a la FOD ¢360 millones mensuales para ir conectando grupos de escuelas; unos ¢36 millones son para gastos operativos.
La viceministra Villalta agregó que no está de acuerdo con la afirmación de la Contraloría de que el MEP ha tenido una participación “nula” en el desarrollo de la red. Dice que su participación ha sido de liderazgo activo y que eso se lo hicieron ver a la CGR en la apelación.
“Tenemos todo el grupo de personas capacitadas, participamos en el diseño de la red, analizando ofertas, en los procesos que realizamos con los carteles para la contratación de la red, con un Comité Técnico.
“El MEP no ha tenido participación de lado ni sosa, sino activa y de líder de este proyecto. El MEP no está sentado viendo cómo Sutel (Superintendencia de Telecomunicaciones, que forma parte del Comité Técnico) y la FOD ejecutan; hay gente designada de la Dirección de Informática de Gestión que mantiene un seguimiento diario con las unidades ejecutoras; tenemos oficios donde hacemos labor de seguimiento y estamos en reuniones técnicas”, expresó Villalta.
La Red Educativa del Bicentenario es un programa creado con el objetivo de conectar todas las escuelas y colegios públicos del país a una red de banda ancha de alta velocidad. Se pretende enlazar a los 4.659 centros educativos públicos y a las oficinas del MEP. Fue anunciado por el mandatario Carlos Alvarado el 3 de agosto del 2018.
El Ministerio de Educación no realizó licitación para elegir a la Fundación. Villalta afirmó que el MEP, desde el 2002, tiene un convenio con la Fundación para desarrollar el Programa Nacional de Informática Educativa (Pronie), que tienen rango de ley, a fin de darle a los estudiantes acceso a nuevas tecnologías, con un enfoque para su apropiación y uso creativo.
Según dijeron, la Red Educativa del Bicentenario es un proyecto más del marco de proyectos que tiene la Pronie y que la Fundación ejecuta para el Ministerio.
“La FOD ha tenido expertise en estos ámbitos, la normativa y encauzamiento de conocimiento que tiene la Fundación, que trabaja a partir de los requerimientos que el MEP le da; básicamente es aprovechar un conocimiento para llevar a cargo un proyecto de esta magnitud”, dijo López.
Según Andrés Fernández, asesor del Viceministerio de Planificación Institucional del MEP, la Contraloría “cometió un error” al calcular el dinero que se le ha trasladado a la FOD.
Según la CGR, en el periodo comprendido entre el 1.° de enero de 2020 y el 31 de agosto de 2021, el Ministerio ha transferido a la FOD ¢12.512 millones para la red. Afirmó la CGR que dicho monto se compone de un 0,8% (¢101,5 millones) para financiar el pago de remuneraciones del personal técnico contratado por esa Fundación (13 plazas), un 35,2% (¢4.404,7 millones) para gastos y costos operativos, un 4,7% (¢591,8 millones) para cubrir costos de conectividad y el restante 59,3% (¢7.414,5 millones) para implementar la Red.
Sin embargo, según Fernández, la Contraloría sumó todo el dinero transferido en ese período en el marco de todos los proyectos de la Pronie. Aclaró que, en el proyecto de la Red, el MEP la ha trasladado a la FOD ¢6.000 millones de entre 2020 y 2021, y dijo que el 90% ha sido para ejecutar el proyecto y 10% para los gastos operativos de la Fundación.
El MEP detalló que, según el último cartel que la Fundación adjudicó para desarrollar el proyecto, el cual fue anulado por la Contraloría, el Ministerio le tiene que trasladar a la FOD ¢360 millones mensuales para ir conectando grupos de escuelas; unos ¢36 millones son para gastos operativos.
La viceministra Villalta agregó que no está de acuerdo con la afirmación de la Contraloría de que el MEP ha tenido una participación “nula” en el desarrollo de la red. Dice que su participación ha sido de liderazgo activo y que eso se lo hicieron ver a la CGR en la apelación.
“Tenemos todo el grupo de personas capacitadas, participamos en el diseño de la red, analizando ofertas, en los procesos que realizamos con los carteles para la contratación de la red, con un Comité Técnico.
“El MEP no ha tenido participación de lado ni sosa, sino activa y de líder de este proyecto. El MEP no está sentado viendo cómo Sutel (Superintendencia de Telecomunicaciones, que forma parte del Comité Técnico) y la FOD ejecutan; hay gente designada de la Dirección de Informática de Gestión que mantiene un seguimiento diario con las unidades ejecutoras; tenemos oficios donde hacemos labor de seguimiento y estamos en reuniones técnicas”, expresó Villalta.
La Red Educativa del Bicentenario es un programa creado con el objetivo de conectar todas las escuelas y colegios públicos del país a una red de banda ancha de alta velocidad. Se pretende enlazar a los 4.659 centros educativos públicos y a las oficinas del MEP. Fue anunciado por el mandatario Carlos Alvarado el 3 de agosto del 2018.
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