Por Alberto Cabezas
LA VOZ DE GOICOECHEA.- La vicepresidenta de Costa Rica, Epsy Campbell Barr, defendió un enfoque multilateral y regional para abordar la "migración forzada producto de la exclusión social" que se vive en Centroamérica.
La vicepresidenta resaltó la necesidad de abordar esta problemática más allá de los países del Triangulo Norte (Guatemala, El Salvador y Honduras), desde donde salen la mayoría de los migrantes que han llegado de forma masiva a la frontera sur de Estados Unidos, y pidió una "apuesta a lo multilateral" que mire a toda la región de Centroamérica y el Caribe.
"Debemos profundizar por ahí y tener socios estratégicos", dijo Campbell Barr en una charla que sostuvo con el expresidente costarricense Luis Guillermo Solís durante la sexta Conferencia Hemisférica de Seguridad celebrada por la Florida International University (FIU).
En este evento virtual organizado por el Instituto de Políticas Públicas Jack D. Gordon, así como por el Centro Kimberly para América Latina y el Caribe, del que Solís es director interino, ambos centros pertenecientes a la FIU, la vicepresidenta destacó que las "limitaciones migratorias no van a ser suficientes porque la gente quiere resolver sus vidas".
"La realidad en nuestra región es que las necesidades no cumplidas hace que la gente busque como resolver y se desplaza, dentro de los países o fuera de los países", ahondó.
Recordó además que para muchos de esos migrantes, sobre todo los que se trasladan a pie, el cruzar la frontera de Estados Unidos les resulta una meta difícil y es cuando voltean a mirar al "otro norte", a países como Panamá y Costa Rica, que albergan importantes comunidades de inmigrantes.
"Costa Rica recibió una gran presión de migrantes venezolanos, y antes de colombianos", dijo Campbell Barr.
Resaltó las importantes contribuciones a la economía nacional de las comunidades migrantes, no obstante, dijo que no es posible que el "peso de los migraciones" recaiga solo en el país centroamericano, que ya tiene dificultades para que el erario llegue a toda la población.
"Tiene que haber una mirada desde la perspectiva multilateral", desde la cual se mire a Costa Rica como país receptor de inmigrantes, invocó Campbell Barr, quien desde 2018 es la primera mujer afrodescendiente que ejerce la vicepresidencia en el país centroamericano.
La trata de personas en la agenda internacional
Campbell Barr y Solís pusieron sobre el tapete el problema de la trata y el tráfico de personas vinculados a la migración, que está vinculado a las redes del crimen organizado y el narcotráfico, y que debe estar en la agenda internacional, dijeron.
"Y tenemos que ponerle rostro", reclamó la vicepresidenta, quien dijo que las situaciones de vulnerabilidad de mujeres y niños a causa de la migración forzada es más grave aún en el caso de las "mujeres afrodescendientes".
Añadió que la trata de personas como la explotación de menores que suscitan las migraciones forzadas deben ser tratados como un tema central, con metas, mecanismos de emergencia y de denuncia.
"O lo atendemos regionalmente, o seguiremos siendo testigos de esta realidad", advirtió.
Alertó también que el narcotráfico atenta contra la soberanía de los países y que con miras a su combate no hay que descartar "todos los debates" sobre el problema de las drogas.
La "falacia" de las políticas universales
Recordó que las redes de drogas captan a jóvenes sin mucho que perder y de ahí la importancia de las "políticas diferenciadas" hacia grupos de la población en menor desventaja para de esta forma "no ensanchar la brecha".
"La universalidad es una falacia en Centroamérica", aseveró, para luego destacar que las políticas universales no llegan ni al 50 % de la población y por ello los indicadores humanos siguen siendo bajos entre las mujeres, más si son indígenas o afrodescendientes.
Señaló que en Costa Rica siguen atentamente lo que ocurre en la Nicaragua al mando del presidente Daniel Ortega, así como la senda del Gobierno de Nayib Bukele en El Salvador, donde la Asamblea Legislativa, con amplia mayoría oficialista, votó por destituir a cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y al fiscal general.
Manifestó que en estos "tiempos complejos" la democracia sigue siendo el mejor sistema de gobierno.
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