Por Alberto Cabezas
LA VOZ DE GOICOECHEA.- Más de la mitad de las mujeres que están privadas de libertad tienen varios factores en común: son jefas de hogar, viven en pobreza y su delito está vinculado con el tráfico de drogas. Estas mujeres venden drogas como una estrategia de sobrevivencia que les permite cubrir someramente sus necesidades y las de sus familias bajo condiciones de exclusión, pobreza y violencia.
Cuando estas mujeres cumplen su condena y se insertan a la sociedad, en muchos casos enfrentan dificultades porque tienen registros judiciales que les dificultan conseguir empleo, carecen de una red familiar que las apoye y tiene el estigma social que representa haber estado en el sistema penal. Todos estos factores hacen que su proceso de inserción sea cuesta arriba.
Ante esa realidad, en el año 2014, nació la Red para la atención integral a mujeres vinculadas a un proceso penal a sus familiares dependientes en situaciones de vulnerabilidad, una alterativa interinstitucional que brindan atención integral a las mujeres vinculadas a un proceso penal y a sus familiares dependientes en situaciones de vulnerabilidad.
La RED es una alternativa para que las mujeres puedan tener la oportunidad de desarrollar herramientas personales, minimicen el riesgo delictivo y disminuyan la posibilidad de reincidencia por medio del abordaje de las condiciones que anteceden al delito, generalmente asociadas con la vulnerabilidad económica, diversos tipos de violencias y factores de exclusión social.
Este mecanismo está conformado por nueve instituciones: el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), el Ministerio de Justicia y Paz (MJP), la Defensa Pública del Poder Judicial, el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA), el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y la Cámara de Comercio de Costa Rica.
Una vez que la red entra en funcionamiento y cada entidad empieza a impactar de manera positiva en la vida de estas mujeres, su forma de percibir el mundo cambia. La transformación de cada una de ellas dependerá el impacto que tuvo con una o varias entidades; así, por ejemplo, se pueden convertir en mujeres empoderadas, otras tendrán un proceso de formación académico, otras podrán tener acceso a terapias de rehabilitación para el consumo de sustancias, en otros casos conocerán sus derechos o mejorarán los vínculos afectivos con sus familiares, entre otros beneficios que las impactan de forma positiva.
Últimos acuerdos
Durante la última reunión de la RED, las autoridades de las diversas entidades llegaron a una serie de acuerdos que potenciarán el trabajo de articulación. Uno de estos pactos fue ejecutar el Programa de Formación Humana en el Centro de Formación Juvenil Zurquí, en el Módulo de atención a mujeres del CAI de Liberia, y eventualmente en los módulos de atención a mujeres de Puntarenas, Pérez Zeledón y Pococí.
Por su parte, el PANI se comprometió con la formación en crianza positiva a las mujeres madres que están en los módulos materno-infantil, así como el acompañamiento a las adolescentes madres del Centro de Formación Juvenil Zurquí. Además, el Patronato suministrará material lúdico, educativo y de estimulación para la niñez de aquellos centros que cuenten con módulos materno-infantiles.
El Ministerio de Justicia y Paz y el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones se comprometieron a ampliar un convenio existente que permitirá el establecimiento de un Centro Comunitario Inteligente (CECI), en el CAI Vilma Curling Rivera, con el fin de favorecer la conexión de las mujeres con sus actividades regulares de desarrollo, resguardar el vínculo con sus familias y reducir la brecha digital de las mujeres privadas de libertad.
En coordinación con el Ministerio de Justicia y Paz, la Cámara de Comercio de Costa Rica y el INA, generarán un proyecto piloto en beneficio de la población del Centro Semi institucional La Mujer. Este proyecto tendrá como fin sensibilizar a la empresa privada, identificar los perfiles laborales estratégicos en las mujeres y realizar una intermediación que potencie las oportunidades de empleabilidad para las mujeres atendidas.
Trabajo articulado
Cada institución integrante de la red tiene un trabajo puntual de acuerdo con su marco de acción, por ejemplo, la Defensa Pública del Poder Judicial identifica a las mujeres que pueden ser atendidas interinstitucionalmente, una vez reconocidas, las remite a la RED. El IMAS prioriza la atención de estas mujeres y su familia. El INA brinda cursos y capacitaciones a esta población -recientemente se firmó un convenio entre el MJP y el INA para abrir un centro colaborador en el CAI Vilma Curling Rivera, el cual permitirá ampliar y robustecer la oferta formativa con las mujeres privadas de libertad.
Desde el INAMU se atienden las mujeres en el Programa Avanzamos Mujeres, el cual brinda capacitaciones en materia de empoderamiento, cómo vivir libres de violencia de género, fortalecimiento de sus derechos y proyecto de vida.
Desde el IAFA se atienden los problemas relacionados con el consumo de sustancias psicoactivas. Por su parte, desde el ICD se promueven y financian proyectos para la prevención y atención, además de capacitar al recurso humano que brinda atención para las personas consumidoras de sustancias psicoactivas.
El PANI ha permitido la coordinación de casos de manera interinstitucional en la protección de la niñez y adolescencia. Además, brinda el apoyo a los módulos materno-infantiles de los centros penales.
En coordinación con la Cámara de Comercio y el Ministerio de Justicia y Paz, se está diseñando un proyecto para potenciar las habilidades sociolaborales de las mujeres y mediar en su ocupación a nivel laboral.
El trabajo interinstitucional es clave para el cambio cultural paulatino y sistemático que conlleva la introducción de la perspectiva de género en la institucionalidad pública y en abonar a la no discriminación y exclusión social de las mujeres que están en el sistema penal.
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