Por Alberto Cabezas
LA VOZ DE GOICOECHEA.- El Ministerio de Educación Pública (MEP) ha asumido el reto de que los centros educativos sean espacios seguros para el aprendizaje de una convivencia basada en la equidad y la justicia con un enfoque de derechos humanos y libres de toda forma de violencia y discriminación, en los que se generen oportunidades de desarrollo integral, se rechace la exclusión y, de esta manera, se construya y fortalezca una cultura de paz.
Pero también es imperioso contar con herramientas para atender las situaciones excepcionales de violencia que puedan presentarse en el ambiente educativo, por lo que brindan a la comunidad educativa nacional los protocolos de actuación para la atención de situaciones de violencia y riesgo en los centros educativos.
Estos protocolos están mediados pedagógicamente y están constituidos por temas vitales de la convivencia en las instituciones.
Dentro de los que destacan:
Pautas generales para protocolos de actuación en situaciones de violencia y riesgo en los centros educativos.
Protocolo de actuación en situaciones de bullying.
Protocolo de atención del bullying contra la población LGTBI inserta en los centros educativos.
Protocolo de actuación en situaciones de hallazgo, tenencia y uso de armas.
Protocolo de actuación en situaciones de hallazgo, tenencia, consumo y tráfico de drogas.
Protocolo de actuación en situaciones de violencia física, psicológica, sexual, acoso y hostigamiento sexual.
Protocolo de atención a la población estudiantil que presenta lesiones autoinfligidas y/o en riesgo por tentativa de suicidio.
Atención del embarazo y maternidad en personas menores de edad insertas en el sistema educativo.
Protocolo de actuación institucional para la restitución de derechos y acceso al sistema educativo costarricense de las personas víctimas de sobrevivientes del delito de trata de personas y sus dependientes.
Protocolo de actuación en situaciones de discriminación racial y xenofobia.
Estos protocolos constituyen una herramienta sencilla y práctica que buscan apoyar al personal de centros educativos, a la propia población estudiantil y a la comunidad educativa en general, para que puedan enfrentar mejor estas amenazas.
Se trata de una propuesta articulada de atención que permite guiar las acciones con el propósito de intervenir y minimizar las consecuencias de las distintas formas de violencia que puedan darse en el centro educativo y; así tratar de evitar revictimizaciones, exceso de tareas y propiciar un espacio para la educación para la vida y la convivencia.
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