Por Alberto Cabezas
LA VOZ DE GOICOECHEA.- A 48 horas que asumió la presidencia, Joe Biden fue demandado el viernes 22 de enero pasado por el procurador general de Texas, Ken Paxton, por la instrucción de suspender por 100 días las deportaciones de ciertos inmigrantes.
“Le dije al Departamento de Seguridad Nacional y a Joe Biden que rescindieran su congelamiento a las deportaciones porque es inconstitucional, ilegal y muy malo para Texas y la nación”, escribió Paxton en Twitter. “No lo hicieron. Entonces Texas los llevará a los tribunales“.
Después de amenazar con demandar al DHS el jueves 21 de enero por la noche, Paxton no perdió tiempo en presentar una demanda el viernes por la tarde. En un comunicado de prensa, Paxton dijo que la orden de la administración de Biden ordenó al DHS “violar la ley federal de inmigración y violar un acuerdo para consultar y cooperar con Texas sobre esa ley”.
“Nuestro estado defiende la sección más grande de la frontera sur de la nación”, dijo Paxton en el comunicado. “El incumplimiento de la ley de manera adecuada pondrá en peligro directa e inmediatamente a nuestros ciudadanos y al personal encargado de hacer cumplir la ley”.
En una carta que envió al secretario interino del DHS, David Pekoske, y en la demanda, Paxton afirma que el memorando viola un acuerdo para trabajar con el estado para “abordar las preocupaciones compartidas sobre la aplicación de la ley de inmigración”.
En un memorando poco después de la toma de posesión de Biden, Pekoske anunció políticas provisionales, incluida una pausa de 100 días en ciertas deportaciones que entraba en vigencia a más tardar el viernes, y que estará vigente mientras el departamento revisa las políticas y prácticas de aplicación de la ley de inmigración.
En el memorando se ordenó al jefe de personal del DHS que revise las políticas durante los próximos 100 días. En espera de que se complete la revisión, a partir del 1 de febrero, se crearán tres categorías basadas en prioridades para los inmigrantes elegibles para la deportación: seguridad nacional, seguridad fronteriza y seguridad pública.
La seguridad nacional incluye a cualquier persona que “haya participado o sea sospechosa de terrorismo o espionaje”, mientras que la seguridad fronteriza incluye a cualquier persona que no se encontrara físicamente presente en el país antes del 1 de noviembre.
Pekoske señaló que el memorando es para todo el departamento, lo que significa que se aplica a: Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), Protección Fronteriza y de Aduanas (CBP) y Servicios de Inmigración y Ciudadanía (USCIS).
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