Por Carlos L. Vindas Jiménez
LA VOZ DE GOICOECHEA.- El número de construcciones sin permiso municipal alcanzó un nuevo tope, según una investigación realizada por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA).
Para el 1º semestre del 2020 el porcentaje de obras sin permiso era del 39%. Por el contrario, el 61% estaba con este requisito al día.
Las autoridades de CFIA señalaron que hay una serie de riegos relacionados a esta falta de permisos. Por ejemplo, las municipalidades pierden el control de los sitios en los que se hacen las construcciones.
Es por esto que años después se ven viviendas o negocios en zonas altamente vulnerables ante desastres naturales. Por otro lado, la falta de permisos se traduce en menos ingresos para la municipalidad y, por ende, menos recursos para invertir en el bienestar ciudadano. La cifra tope se había alcanzado en el 2019, cuando las obras sin permiso alcanzaron el 30%. En el 2017 el porcentaje de incumplimiento fue del 22% y en 2015 era del 15%. El director de Operaciones del CFIA, Javier Chacón, señaló este aumento como “preocupante”.
Estas conclusiones se obtuvieron luego de que profesionales del CFIA inspeccionaran 1.262 obras ubicadas en el 63% de los cantones del país. Tras el análisis se elaboró un informe que fue enviado a las municipalidades y también a la Contraloría General de la República (CGR) para que lo adjunte a la evaluación que hace a los municipios.
La gran mayoría de las inspecciones fueron hechas en obras habitacionales y, aunque no tenían permiso la gran mayoría de ellas (90%) ya estaba en su etapa de estructura principal o en la realización de acabados. El análisis también permitió determinar que solo en el 42% de las estructuras visitadas tenían un profesional a cargo de las obras eléctricas, aunque sea obligatorio en todas las construcciones.
Olman Vargas, director ejecutivo del CFIA, dijo que la falta de capacidad municipal para inspeccionar las obras es una de las principales causas de esta problemática. También los tiempos que dura el trámite y el desconocimiento de la población en las regulaciones.
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