Considero que estamos ante una clara violación legal de la Ley; y que serán las instancias judiciales las que resuelvan finalmente si se debe cumplir con las transferencias de este porcentaje; que incluso ha sido una constante que ni tan siquiera el Gobierno entrega el total de los recursos pertenecientes a las asociaciones comunales. La Confederación Nacional de Asociaciones de Desarrollo Comunal (CONADECO) a través de su presidente Daniel Quesada Mora señaló: “que no solo se está ante el incumplimiento de una ley de la República, sino que también ante la condena de cientos de comunidades a la pobreza y el abandono, ya que en muchas partes del país, donde ni el Estado ni las municipalidades llegan, es el movimiento comunal el que vela por el bienestar de sus vecinos.
Urgimos a los diputados y al presidente de la República a que comprendan el daño que esta medida le está ocasionando al país y a que corrijan esto a la brevedad posible, Ya que de lo contrario el movimiento comunal buscará todas las formas posibles por hacer valer su derecho a contar con el 100% de los recursos que indica la ley”. Considero un atropello que por el problema fiscal existente “se rompa el hilo por lo más delgado” cercenando estos recursos pertenecientes a las asociaciones comunales; ya con este recorte no se obtiene una mayor solución; y si afecta el bienestar de los vecinos que perderían una de las pocas autogestiones de la participación en la organización comunitaria de que goza y también la posibilidad del desarrollo e inversión en distintas obras en beneficio de la ciudadanía.
Dentro de las formas de descentralización del Estado costarricense; tanto el sistema municipal como la organización comunal; se consideran ambos como la mejor representación de los intereses públicos de los ciudadanos; pero también tienen pocos recursos para devolver en inversión en obras e infraestructura y servicios en beneficio de los vecinos en cada uno de los distritos de los 82 cantones del país. El problema existente en el país es que seguimos viviendo “una cultura centralista”; donde la mayoría de políticos y gobernantes no creen en la descentralización y en el traslado de una serie de competencias a las instancias municipales y comunales; y en realidad esto es un problema de funcionamiento de la Administración Pública y la relación Gobierno Central-Gobiernos Municipales o locales.
Estos niveles de participación tanto municipal y comunal deben ser parte de todo un fortalecimiento de la regionalización y descentralización; y eliminar del presupuesto nacional la transferencia de recursos al Movimiento comunal; deteriora esos niveles dentro del sistema de la propia organización cantonal y regional, y por lo tanto perjudica la democracia como forma de la búsqueda de una mayor participación de la ciudadanía en la toma de las decisiones de su comunidad. El rol del Estado debe ser de fortalecer estos niveles y considero que eliminar los recursos a las organizaciones comunales debilita el mismo aparato estatal como un todo. La profundización de los valores de la democracia se basa en permitir la participación de los diferentes elementos que componen nuestra sociedad; a través del poder otorgar mayores derechos y deberes a los ciudadanos y que puedan contribuir en el proceso de la toma de decisiones sociales.
La decisión gubernamental de eliminar el 2% de recursos que le corresponde por ley a las asociaciones comunales atenta contra la participación ciudadana y la descentralización democrática del sistema tanto municipal como comunal; ya que si las Municipalidades otorgan en administración de sus bienes a las asociaciones comunales; éstas no podrán hacerle frente al mínimo pago de los servicios públicos y ya no podrán funcionar y otorgar un servicio público comunal; por lo tanto estamos ante un debilitamiento de la participación ciudadana muy grave. Además, no existiría posibilidades de crecimiento y por ende del desarrollo comunal; que no podrían realizar obras en beneficios de sus comunidades.
Finalmente considero también que estamos ante un duro golpe a las formas de “asociacionismo” comunal como instancias promotoras de la participación ciudadana en sus formas de convivencia dentro de sus barrios y comunidades organizadas; ya que la mayoría de las asociaciones necesitan de estos recursos económicos para poder seguir funcionando; y las Municipalidades no tienen los recursos para hacerle frente a todos los gastos operativos para que las asociaciones como brazo de unión en el trabajo conjunto puedan seguir haciendolo de manera normal como hasta ahora los han realizado. Espero que el Gobierno de la República y la Asamblea Legislativa rectifiquen esta nefasta decisión de debilitar a las organizaciones comunales y vuelvan a presupuestar como corresponde al principio de legalidad que les otorga la Ley N° 3859.
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