Por Carlos L. Vindas Jiménez
LA VOZ DE GOICOECHEA.- Miembros de juntas administrativas y de educación aseguraron que el proceso para realizar arreglos en centros educativos se había vuelto “muy burocrático y engorroso”.
Por lo que el MEP, busca que las agrupaciones cuenten con mayor independencia para realizar reparaciones menores, sin necesidad de pasar por la Dirección de Infraestructura.
Las 4.500 juntas administrativas y de educación debían pedir autorización al Ministerio de Educación Pública (MEP) para realizar un mínimo arreglo, que va desde pintar un techo hasta cambiar ventanas en los centros educativos, quedarán atrás, porque viene una serie de cambios profundos en el reglamento que las rige.
Con el fin de solucionar las autoridades de educación trabajan en una nueva normativa que ponga fin a la del 2014, impulsada por la Fundación Gente, asociación respaldada por el grupo Purdy Motors, la cual firmó un convenio en 2013 con el exministro de Educación, Leonardo Garnier, actual miembro del Consejo Superior de Educación.
Esa normativa generó malestar de personas integrantes de las juntas de educación (escuelas) y administrativas (colegios) por la cantidad de trámites que genera para la ejecución de obras de urgencia para los centros educativos de primaria y secundaria.
“Nos tienen relegados, las instituciones no avanzan porque no se hace el trabajo que se necesita. Hay muchos colegios que necesitan muchos servicios y no los tienen porque las juntas están atadas de manos y cada día nos las atan más”, aseguró la presidenta de la junta administrativa del CTP de Granadilla, Teresa Ocampo Sirias, en la edición del 4 de noviembre.
“Fundación Gente no participa en la modificación del nuevo Reglamento General de Juntas porque esta se hace únicamente con instancias del mismo Ministerio de Educación Pública”.
La directora de la Dirección de Infraestructura Educativa (DIE), Catalina Salas Hernández, aseguró que el departamento inició con algunos cambios desde agosto, tendientes a variar la forma en que las juntas hacen sus solicitudes ante el Ministerio.
Salas explicó que los procedimientos serán divididos en tres categorías de acuerdo con el monto y tamaño de la obra por construir, lo cual determinará el grado de dependencia que las juntas tendrán en torno a la DIE.
Por ejemplo, para los trabajos de “mantenimiento menor”, como pintar los centros o cambiar ventanas o puertas, las juntas ya están autorizadas y no tienen que pedir permiso a la Dirección de Infraestructura; eso sí, deben contar con los fondos para hacerle frente a los arreglos. Para esto, además, el MEP elaboró una guía de referencia.
En cuanto a los “mantenimientos mayores” y “obras nuevas menores”, que son las valoradas en hasta ₵320 millones, es obligatoria la autorización de la DIE, dada su complejidad.
Lo mismo sucede con las obras mayores, como construcciones nuevas, las cuales deben pasar por el Departamento de Infraestructura y son adjudicadas por medio de la sección de proveeduría del MEP o en el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop).
“En promedio se espera que un mantenimiento menor tome lo que tarde la junta en hacer el proceso de contratación, que es de unos tres meses. Para mantenimiento mayor y obra nueva menor podríamos tardar un año o año y medio, mientras que los proyectos más grandes pueden durar dos o tres años”, dijo Salas.
La directora de la DIE comentó que a pesar de que la pandemia obligó a más de un millón de estudiantes a recibir clases virtuales, los cambios se verán en 2021, cuando se pretende superar los actuales retrasos en obras de las instituciones educativas.
“El rezago en infraestructura educativa es muy grande, desde hace mucho tiempo, y responde a que los centros educativos no han podido dar un mantenimiento preventivo en tiempo y forma. Tenemos muchas juntas que han hecho una labor muy grande en comunidades pequeñas pero sin una asesoría técnica”, indicó.
El nuevo reglamento de juntas incluirá también otras modificaciones, que ya empezaron a andar para escuelas y colegios: como la transformación del antiguo Departamento de Gestión de Juntas de la Dirección Financiera, en el Departamento de Gestión de Transferencias, y del nuevo Departamento de Gestión de Juntas en la Dirección de Gestión y Desarrollo Regional.
“La creación de ambos departamentos permitió su especialización, haciendo más eficientes los procesos relacionados con Juntas. El de Gestión de Transferencias se dedica al área financiera contable, emitiendo lineamientos técnicos, directrices y manuales de procedimientos en materia presupuestaria. El de Gestión de Juntas se enfoca en el trabajo diario, coordinando acciones con las dependencias que ejecutan las transferencias, realizando coordinaciones con el ámbito regional y fomentando el uso de procedimientos y formatos estandarizados”, dijo.
Precisamente, este último departamento es uno de los que lidera la nueva reglamentación de juntas educativas y administrativas, el cual está siendo revisado y validado por una comisión de Jefes de Departamento de Servicios Administrativos y Financieros de las Direcciones Regionales de Educación.
Principales cambios en reglamento
Las 4.500 juntas administrativas y de educación debían pedir autorización al Ministerio de Educación Pública (MEP) para realizar un mínimo arreglo, que va desde pintar un techo hasta cambiar ventanas en los centros educativos, quedarán atrás, porque viene una serie de cambios profundos en el reglamento que las rige.
Con el fin de solucionar las autoridades de educación trabajan en una nueva normativa que ponga fin a la del 2014, impulsada por la Fundación Gente, asociación respaldada por el grupo Purdy Motors, la cual firmó un convenio en 2013 con el exministro de Educación, Leonardo Garnier, actual miembro del Consejo Superior de Educación.
Esa normativa generó malestar de personas integrantes de las juntas de educación (escuelas) y administrativas (colegios) por la cantidad de trámites que genera para la ejecución de obras de urgencia para los centros educativos de primaria y secundaria.
“Nos tienen relegados, las instituciones no avanzan porque no se hace el trabajo que se necesita. Hay muchos colegios que necesitan muchos servicios y no los tienen porque las juntas están atadas de manos y cada día nos las atan más”, aseguró la presidenta de la junta administrativa del CTP de Granadilla, Teresa Ocampo Sirias, en la edición del 4 de noviembre.
“Fundación Gente no participa en la modificación del nuevo Reglamento General de Juntas porque esta se hace únicamente con instancias del mismo Ministerio de Educación Pública”.
La directora de la Dirección de Infraestructura Educativa (DIE), Catalina Salas Hernández, aseguró que el departamento inició con algunos cambios desde agosto, tendientes a variar la forma en que las juntas hacen sus solicitudes ante el Ministerio.
Salas explicó que los procedimientos serán divididos en tres categorías de acuerdo con el monto y tamaño de la obra por construir, lo cual determinará el grado de dependencia que las juntas tendrán en torno a la DIE.
Por ejemplo, para los trabajos de “mantenimiento menor”, como pintar los centros o cambiar ventanas o puertas, las juntas ya están autorizadas y no tienen que pedir permiso a la Dirección de Infraestructura; eso sí, deben contar con los fondos para hacerle frente a los arreglos. Para esto, además, el MEP elaboró una guía de referencia.
En cuanto a los “mantenimientos mayores” y “obras nuevas menores”, que son las valoradas en hasta ₵320 millones, es obligatoria la autorización de la DIE, dada su complejidad.
Lo mismo sucede con las obras mayores, como construcciones nuevas, las cuales deben pasar por el Departamento de Infraestructura y son adjudicadas por medio de la sección de proveeduría del MEP o en el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop).
“En promedio se espera que un mantenimiento menor tome lo que tarde la junta en hacer el proceso de contratación, que es de unos tres meses. Para mantenimiento mayor y obra nueva menor podríamos tardar un año o año y medio, mientras que los proyectos más grandes pueden durar dos o tres años”, dijo Salas.
La directora de la DIE comentó que a pesar de que la pandemia obligó a más de un millón de estudiantes a recibir clases virtuales, los cambios se verán en 2021, cuando se pretende superar los actuales retrasos en obras de las instituciones educativas.
“El rezago en infraestructura educativa es muy grande, desde hace mucho tiempo, y responde a que los centros educativos no han podido dar un mantenimiento preventivo en tiempo y forma. Tenemos muchas juntas que han hecho una labor muy grande en comunidades pequeñas pero sin una asesoría técnica”, indicó.
El nuevo reglamento de juntas incluirá también otras modificaciones, que ya empezaron a andar para escuelas y colegios: como la transformación del antiguo Departamento de Gestión de Juntas de la Dirección Financiera, en el Departamento de Gestión de Transferencias, y del nuevo Departamento de Gestión de Juntas en la Dirección de Gestión y Desarrollo Regional.
“La creación de ambos departamentos permitió su especialización, haciendo más eficientes los procesos relacionados con Juntas. El de Gestión de Transferencias se dedica al área financiera contable, emitiendo lineamientos técnicos, directrices y manuales de procedimientos en materia presupuestaria. El de Gestión de Juntas se enfoca en el trabajo diario, coordinando acciones con las dependencias que ejecutan las transferencias, realizando coordinaciones con el ámbito regional y fomentando el uso de procedimientos y formatos estandarizados”, dijo.
Precisamente, este último departamento es uno de los que lidera la nueva reglamentación de juntas educativas y administrativas, el cual está siendo revisado y validado por una comisión de Jefes de Departamento de Servicios Administrativos y Financieros de las Direcciones Regionales de Educación.
Principales cambios en reglamento
- Limitar la cantidad de períodos consecutivos en los que se puede integrar una junta educativa y administrativa como miembro.
- Los miembros del consejo municipal y sus parientes no podrán conformar las juntas de educación que conforma esta instancia.
- Se incorporan las figuras del tesorero y el contador, que no son parte de las juntas, sino contratados por ellas, para darle trazabilidad al gasto, transparencia y fiscalización.
- Los procesos de infraestructura mayores a ₵3.50 millones se harán a través del departamento de Proveeduría del MEP, con oferentes precalificados.
- Las obras menores podrán realizarlas las juntas, sin pasar por la DIE, para agilizar más los trámites y poder tener infraestructura educativa más rápidamente.
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