LA VOZ DE GOICOECHEA.- A raíz de varias denuncias y un informe de auditores externos, el Auditor Interno Municipal, Lic. Daniel Arce Astorga, elaboró un informe sobre hechos relacionado con anomalías sobre el manejo de fondos en el Comité Cantonal de Deportes del período transanterior y que presentó ante el Concejo Municipal en el año 2016 para que considerara la apertura de un procedimiento administrativo y el consiguiente nombramiento de un órgano director que estableciera la verdad real de los supuestos hechos irregulares.
El dilema para las personas involucradas directa e indirectamente era ¿cómo obstaculizar e impedir que el órgano director realizara su labor investigativa? Se hacía necesario desarrollar una estrategia en dos terrenos: uno dentro del Concejo y otro dentro de la Auditoría Interna.
¿Con qué criterios reclutar a los encargados de realizar las maniobras calculadas? Uno, filiación clientelista a algunos de los posibles involucrados; otro, tener ansias de poder para, a pesar de no contar con las capacidades para ello, arribar a puestos que les permitiera ostentar ese poder. De esta forma se les daba poder para saciar su sed de poder que a su vez serviría para evitar la realización del órgano director.
El entorpecimiento del proceso legal así como la persecución y acoso al auditor serían los objetivos tácticos específicos.
Joaquín Sandoval logra arribar a la presidencia el 1° de mayo de 2018, con cinco votos: el suyo y el de los regidores Rosemary Artavia, Guillermo Garbanzo Gerardo Quesada y Julio Marenco. En su diatriba de ese 1° de mayo anuncia con bombos y platillos “ya no más entrabamiento”, aunque sin especificar qué asuntos no iban a entrabar, y agradece profundamente, entre otros, a Carlos Murillo, entonces asesor de los regidores Artavia y Garbanzo y ahora presidente del Concejo Municipal, y a don Mariano Ocampo asesor legal del Concejo en los periodos anterior y actual y en otrora del Comité Cantonal de Deportes.
Es así como se logra consolidar una camarilla con regidores de cuatro diferentes fracciones políticas, quienes logran instaurarse en la presidencia, vicepresidencia del Concejo y en la presidencia de diversas comisiones.
El reto estaba parcialmente resuelto. Se contaba con un fiel alfil el cual tenía la tarea de aprovechar las debilidades de los otros cuatro: candidez política, no tener techo en ambiciones de poder, arribar a puestos de poder aunque fuese de comisiones del Concejo y votando de “tin Marín” y, el cuarto, aprovechar típicos y frecuentes momentos de desconcentración durante las sesiones del Concejo.
Diversas acciones fueron desplegadas que entrabaron la gestión del órgano director:
Ignorar la existencia de la relación de hechos negándose a conocerla.
Asumir la presidencia del Concejo y de las comisiones y desde allí plantear dictámenes para entorpecer la labor del auditor.
Irritar y distraer emocionalmente al auditor, negándole o retrasando la aprobación de vacaciones o permisos de capacitación o bien interfiriendo en sus decisiones sobre la elección de la persona idónea para substituirlo en su ausencia.
Inmiscuirse en actos administrativos propios del auditor, como la firma de acción de personal para autorizar vacaciones de una funcionaria de la auditoría potestad que se arrogó el presidente municipal. Tratar de revocar la decisión del auditor de la persona que lo substituía en su ausencia promoviendo a otra persona que no cumple los requisitos.
Aprobación de 7 millones de colones para pagarle a una abogada que no cumplía con los requisitos para llevar un órgano director contra el auditor, un procedimiento tan mal llevado por la “experta” que la Contraloría General de la República lo invalidó y, aún así, se le cancelaron todos los honorarios.
Evaluación de la labor del “nefasto” auditor con calificación entre 1 y 2 (siendo 5 la mejor) por parte del presidente municipal y líder de la camarilla, potestad exclusiva del Concejo Municipal y no de solo uno de sus miembros.
Presentación de una denuncia ante “La Fiscalía Adjunta del II Circuito Judicial de San José, contra el auditor porque omitíó informar a la Municipalidad de Goicoechea que a él se le habían pagado los derechos por cesantía en una municipalidad anteriormente. Lo cual en la actualidad no se permite pero en el momento que él se incorporó a la Municipalidad de Goicoechea era un derecho legíticmo. De esta forma quienes plantearon la denuncia demostraron ignorar el principio elemental del Derecho de que las leyes no son retroactivas.
Si bien de momento se logró impedir que la Municipalidad de Goicoechea se pronunciara sobre las anomalías señaladas, será la Contraloría General de la República la que lo haga, tanto sobre actuado por el Comité de Deportes, como por la camarilla de regidores del “grupo selecto” de Sandoval
Todas esas acciones estratégicas le han costado millones a los y las contribuyentes en horas de horas en elaboración de dictámenes absurdos, discusiones estériles en el Concejo, dietas, salarios de secretarias y asesores, y honorarios de abogados, así como horas de trabajo por parte del auditor para rebatir los montajes de la camarilla.
Pese a todo esto, lejos de doblegarse como siervo menguado, el auditor introdujo un cambio significativo en la gestión y protección de nuestros recursos públicos : Modernizó el sistema de control interno y el de cómputo, estableció protocolos y diferentes procedimientos, y elaboró reglamentos. Realmente medidas nefastas para todas aquellas personas acostumbradas a actuar sin transparencia y trasgrediendo normas legales y éticas elementales.. Ese ha sido el gran “delito” del “nefasto” auditor que motivó su feroz persecución.
Ha sido un gran acierto tener a un auditor que realmente vele para que la impunidad no siga campeando por Goicoechea.
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