LA VOZ DE GOICOECHEA.- Desde inicios del siglo XXI, se han gestado esfuerzos en diversas latitudes por generar cambios en las formas de interactuar de las autoridades con sus ciudadanos, con el objetivo de brindar mayores posibilidades de participación a una ciudadanía con creciente interés de intervenir en la gestión pública, así como que busca asumir un rol fiscalizador de las distintas decisiones adoptadas por las autoridades.
Estas iniciativas han conducido a la incorporación del Estado Abierto, término que apela a la agregación de principios como transparencia, colaboración y participación ciudadana en la gestión de los gobiernos.
Si bien este corresponde a un concepto nuevo, y existen algunas contrariedades sobre su definición, puede partirse de que un Gobierno Abierto refiere a …un modelo de gobierno que persigue maximizar el valor público promoviendo la transparencia y la rendición de cuentas y la participación y la colaboración y, a través de la priorización de un uso intensivo de la tecnología, apostando por el co-gobierno y, en este sentido, instaurando una manera de gobernar más dialogante, con mayor equilibrio entre sí.
El Estado Abierto pretende redefinir la relación entre las administraciones con sus ciudadanos, con miras a constituir gobiernos más abiertos y orientados a la sociedad.
De esta manera, los principales aportes se orientan hacia una mayor transparencia, mediante la publicación de la información gubernamental en línea, con aportes en la rendición de cuentas y en el acceso a datos.
De la misma manera, se resaltan contribuciones para la participación, ya que el Estado Abierto, además de favorecer el conocimiento sobre la gestión de las autoridades, permite a la ciudadanía adquirir un rol más activo, fungiendo como un ente fiscalizador y con mayor posibilidad de incidir en las decisiones de las autoridades, lo cual permite la co-responsabilidad en el devenir de las naciones. (Gascó, M. 2014) .
Dentro de los principales aportes que se aspiran alcanzar con su incorporación está la maximización del valor público, la adopción de mejores decisiones y políticas públicas, mayor eficacia y eficiencia, así como mejores servicios públicos, los cuales conduzcan a la mejora del bienestar de la ciudadanía. (Gascó, M., 2014, p. 20).
Con la incorporación del término Gobierno Abierto en las actuaciones de los gobiernos centrales, surge también la necesidad de implementar su uso en diversas instituciones políticas y actores públicos, en la búsqueda de promover la transparencia y la apertura de datos a la ciudadanía y otros actores, por lo que los esfuerzos por su implementación han estado presentes tanto en espacios de discusión entre gobiernos nacionales, como en otros niveles de las administraciones.
En el caso de Costa Rica, en el año 2015 el Presidente de la Asamblea Legislativa firmó, junto a los Presidentes de los Supremos Poderes y del Tribunal Supremo de Elecciones, el acuerdo por la construcción de un parlamento abierto.
Asimismo, en el año 2017 se firma un Convenio Marco entre el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial y el Tribunal Supremo de Elecciones, con el objetivo de promover en el país un Estado Abierto.
Este acuerdo posee como precedente la incorporación del país en la iniciativa multilateral Alianza para el Gobierno Abierto (Open Government Partnership) en el año 2012, en la cual se promueve que los países miembros “…establezcan compromisos concretos en materia de transparencia y acceso a la información pública, ética de la función pública, lucha contra la corrupción, participación ciudadana y promoción de la innovación utilizando las tecnologías de la información y comunicación” (Solís, R y otros. 2017. Pág. 1).
Con estos esfuerzos, se pretende dar cumplimento a los derechos fundamentales de petición y acceso a la información pública (numerales 27 y 30 de la Constitución Política), fundamentales para el desarrollo y fortalecimiento de la democracia representativa y participativa.
Según se expone en el Convenio Marco, todos los poderes han ido asumiendo compromisos para promover la participación y la colaboración de la ciudadanía, así como para brindar transparencia en sus ámbitos de acción; además, este instrumento permite establecer nuevas responsabilidades.
En relación al actuar de la Asamblea Legislativa, se han venido generado esfuerzos desde diversos departamentos para procurar un parlamento abierto, dentro de los que se pueden mencionar el uso de plataformas tecnológicas que promueven el uso de datos abiertos y un mayor acceso a la información legislativa, así como la creación de una comisión a nivel administrativo para construir una Política de Parlamento Abierto, bajo una metodología participativa con diferentes organizaciones de la sociedad civil.
*Director
del Departamento de Participación Ciudadana Asamblea Legislativa
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