El atraso se origina en que el Tribunal Ambiental recurrido se mantiene a la espera de informaciones solicitadas a distintas instituciones que han incumplido los plazos conferidos por este. Consecuencia de lo anterior, el proceso se ha alargado por más de 10 años, de manera irrazonable
Por: Redacción
Estos movimientos y construcciones no solo han invadido el área de protección del río, sino que incluso han modificado el cauce del Río Virilla, lo cual es absolutamente ilegal. Este caso cuenta con denuncias desde hace más de una década en el Tribunal Ambiental Administrativo, la Dirección de Aguas del MINAE, el Área de Conservación Cordillera Volcánica Central de SINAC y las Municipalidades de Santo Domingo y Moravia. A pesar de lo anterior, durante años la empresa Trigal ha operado de forma libre, continuando el daño ambiental en la zona además de aumentar día a día la posibilidad de una tragedia en la zona; por deslizamiento, acumulación de escombros, desechos y sedimentos; lo que podría llegar afectar la vida de las personas en un futuro cercano, especialmente de quienes habitan en Los Sitios de Moravia.
La plataforma de lastre, piedras y escombros de 6 metros de altura y de más de 60,000m2, sobre el lecho del río; se ha convertido en una represa artificial que estrangula el flujo de aguas que de manera natural debería existir, además de que las modificaciones le han quitado más de 4 hectáreas al cantón josefino. Ileana Méndez, gestora de riesgo de la Municipalidad de Moravia ha expresado su gran preocupación por los deslizamientos ya que la pendiente de estas tierras pasó de 45° a un aproximado de 65° a 70° de inclinación lo cual aumenta de manera latente un percance en la zona por las lluvias, temblores o los mismos trabajos que realiza la empresa.
A pesar de esto el alcalde municipal de Moravia, Roberto Zoch, y el ex alcalde de Santo Domingo, Randall Madrigal, se han negado a ejecutar acciones que salvaguarden la vida de las personas que habitan en Los Sitios y Barrio Socorro. En el caso de la Municipalidad de Moravia no asumió su responsabilidad dentro del caso, alegando que los hechos se daban únicamente en Santo Domingo, sin embargo, desde el 2016 el Instituto Geográfico Nacional le indicó al alcalde que hubo una modificación al cauce del Río Virilla que afectó los límites naturales del cantón, dejando claro que también es una problemática que la Municipalidad de Moravia debe atender.
En el 2019 el SINAC realizó una la valoración del daño ambiental se remitió al Tribunal Ambiental Administrativo una propuesta técnica de valoración del daño ambiental en el expediente del TAA en que figura como denunciado Renta Trigal S.A. La cuantificación del valor total del daño ambiental se determinó en ₡26 millones y finalmente en julio del 2020 se interpone un recurso de amparo en la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
“Se presentó ante el Tribunal Ambiental un proceso ordinario administrativo por daños ambientales relacionados con modificaciones del cauce e invasiones y afectaciones en las áreas de protección del río Virilla, en el expediente No. 410-09-02-TAA. Concretamente, se trata de la construcción y ampliación de talleres y parqueo para contenedores por parte de las entidades denominadas Renta Trigal Sociedad Anónima, BLP Trust Services, Sociedad Anónima y 3-101- 462679, Sociedad Anónima. Este tiene como resultado que se declara parcialmente con lugar el recurso, en contra del Tribunal Ambiental Administrativo y Área Rectora de Salud de Santo Domingo de Heredia.” Exp: 20-012211-0007-CO Res. Nº 2020017177.
Con esto la Sala Constitucional ordena lo siguiente:
Se ordena a Ligia Umaña Ledezma en su condición de Jueza Titular de Tribunal Ambiental Administrativo y como Jueza Tramitadora de los expedientes finalizados en 02-TAA, o a quien en su lugar ejerza ese cargo, que realice las actuaciones necesarias para que se resuelva el expediente N.º 410-09-02-TAA
Se ordena a Pedro González Morera en su condición de Viceministro de Salud o a quien en su lugar ejerza ese cargo, que realice las actuaciones necesarias, a fin de dar seguimiento a la resolución 001252-F-S1-2020
Se condena al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo.
Esta resolución de la Sala Constitucional se presenta como una luz en un trabajo comunitario que se ha desarrollado durante los últimos 10 años entre las vecinas, vecinos, el Comité Conservación Cuenca del Río Virilla y el Comité Pro Defensa del Río Virilla que buscan que el Río pueda volver a su cauce natural y se pueda rescatar la gran diversidad que antes había en la zona, exigiendo de esta manera Justicia Ambiental.
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