Por:
Isaí Jara Arias
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LA
VOZ DE GOICOECHEA.- Desde hace unos tres años un grupo de ciudadanos encabezados por Gerardo
Chavarría Zúñiga, desarrollan una vigilancia de fiscalización de los recursos públicos
y accionar del Comité Cantonal de Deportes y Recreación CCDYR), y más reciente también
el manejo del estadio Colleya Fonseca, esto con el fin de conocer a primera
mano como se invierten esos recursos y la forma de llevar la administración del
estadio y actos propios de la junta directiva.
Así
lo reconoció Chavarría Zúñiga en una entrevista con www.lavozdegoicoechea.info la
semana anterior.
También
explicó Chavarría de personas y grupos que han denunciado ante el Concejo y Auditoría
Interna Municipal actos y casos de directivos del Comité Cantonal de Deportes y
Recreación de Goicoechea (CCDYR), “pero que se han intensificado después que el
comité tomó en administración el estadio” mencionó.
Las
denuncias son variadas y tiene que ver con exclusión de grupos en la
utilización del estadio y favorecimiento a otros; nombramiento de personal; ventas
de entradas de cortesía donadas por el equipo de Guadalupe sin conocerse hacia
donde van esos recursos; falta de claridad en los ingresos y egresos económicos;
acuerdos ejecutados sin que otros directivos tengan conocimientos y utilización
de servicios sin tener claridad si son institucionales o personales, entre
otros.
Ante
estos cuestionamientos la Auditoría Interna Municipal abrió una investigación y
procedió enviar al Concejo Municipal una relación de hechos donde expone el
resultado de lo investigado.
La
presidencia municipal de inmediato nombró una Comisión Especial con el fin conocer
la relación de hechos denominada 001-2020, suscrito
por el Lic. Daniel Arce Astorga, Auditor Interno Municipal.
La
respectiva comisión especial decide recomendar que de acuerdo con la Ley
General de la Administración Pública debe nombrarse un órgano director del
procedimiento, para averiguar la verdad real de los hechos enviados por la
auditoria interna municipal.
Ese
órgano director debe ser colegiado, integrado por tres miembros, dos de ellos
regidores propietarios y el tercero un abogado externo, que funja como
presidente del mismo. El abogado debe ser un profesional especialista en
derecho público administrativo con diez años de inscripción en el Colegio de
Abogados de Costa Rica y con una experiencia en órganos directores
de procedimientos administrativos con no menos de cinco procesos debidamente
finalizados, con el informe final entregado.
La
recomendación que hace la comisión especial fue aprobada por el Órgano Colegiado
Municipal de forma unánime de todos los regidores.
Los
detalles de las denuncias, así como los nombres de los directores involucrados
no se darán a conocer hasta que el Órgano Director nombrado para tal fin, dé su
veredicto final.
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