Por: Redacción
LA VOZ DE GOICOECHEA.- Actualmente existen más de
doscientos desarrollos de la vacuna contra COVID-19, en diferentes etapas de
investigación. Pocos se encuentran en fase II o Fase III de estudios clínicos y
no existe aún garantía de éxito para ninguno de ellos. La alta demanda global,
contra la oferta todavía incierta, genera una competencia internacional sin
precedentes.
En ese panorama, el Ministerio
de Salud, la Caja Costarricense del Seguro Social, el Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto, el Ministerio de Planificación y el Ministerio de Hacienda
se encuentran coordinando esfuerzos para, según las competencias de cada uno,
analizar técnica, jurídica y presupuestariamente la manera en que Costa Rica
adquirirá la vacuna contra el COVID-19.
Jurídicamente debe
definirse cómo adaptar una situación inédita, de una vacuna aún inexistente, a
los requerimientos de la legislación nacional en materia de adquisición de
vacunas. Técnicamente se analizan los desarrollos investigativos sobre los
cuales el país ya ha tenido acercamientos, y que pudieran tener posibilidad de
éxito por la fase de investigación en que se encuentran, a saber, Pfizer, Astra
Zeneca y Sinovac. Se buscan nuevos contactos con otros gobiernos y empresas
desarrolladoras para poder analizar diferentes opciones de investigación en
curso y se participa en esfuerzos internacionales, a nivel global y regional,
con el objetivo de que Costa Rica sea parte de esas iniciativas una vez que
estas se materialicen.
El aspecto presupuestario
tiene una relevancia muy significativa. El costo de la vacuna es todavía
incierto y variará según el desarrollador. Todas las iniciativas requieren
adelantos de pago, sean estas globales, regionales o compras directas que pueda
hacer el país. Son inversiones de riesgo porque ninguna potencial vacuna tiene
garantía de éxito. Los mecanismos de compra, presupuestos que se requieren y
excepcionalidad de la situación son varios de los temas en estudio.
El gobierno se encuentra
trabajando de forma coordinada, desde la competencia de cada una de las
instituciones relacionadas, en tener acceso a una vacuna de la manera más
expedita y transparente, tomando en cuenta todos los aspectos jurídicos,
técnicos y presupuestarios relacionados.
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