LA VOZ DE GOICOECHEA.- Magistrados consideraron que segundo presupuesto extraordinario afecta el funcionamiento del Poder Judicial e impacta labores en el OIJ, Fiscalía y la Defensa Pública.
La Corte Plena dispuso que se requerirán 38 votos en el Congreso para aprobar el plan de recortes en el presupuesto de la República.
Los magistrados llegaron a esta conclusión al considerar que las rebajas afectan el funcionamiento del Poder Judicial. Así lo determinaron los magistrados por mayoría de 14 votos, con seis abstenciones (todos miembros de la Sala Constitucional), luego de conocer diversos informes en los cuales se hizo ver que la iniciativa incluyó una disminución adicional de ¢2.500 millones, que perjudicará sobre todo el trabajo del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el Ministerio Público y la Defensa Pública.
La decisión en la Corte Plena se produjo cuando los magistrados conocieron una consulta legislativa al proyecto de ley denominado Segundo Presupuesto Extraordinario y Segunda Modificación Legislativa a la Ley No. 9791, Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2020, que está en el expediente 22.080.
Debido a la opinión negativa del Poder Judicial, la Asamblea Legislativa para aprobar este proyecto, requerirá de una votación de 38 diputados.
Razones para oponerse
De acuerdo con lo que expresó a los magistrados Ana Eugenia Romero, directora ejecutiva del Poder Judicial, se había negociado con el Ministerio de Hacienda que el Poder Judicial haría un recorte en el plan de gastos para el ejercicio del año 2020, por la suma de ¢2.500 millones. Sin embargo, mencionó que al conocer en detalle el proyecto, se dieron cuenta de que la disminución sería por ¢5.147 millones, es decir, más de ¢2.500 millones adicionales. Agregó que en el nuevo plan se incluyeron recortes en rubros como el pago de horas extras, cargas sociales, publicaciones de edictos, limpieza y vigilancia, entre otros aspectos.
“El aumento del rebajo propuesto a este presupuesto extraordinario se hizo sin ninguna participación del Poder Judicial. Todos los programas de una u otra forma se ven impactados de manera negativa con este presupuesto extraordinario.
Se recortan subpartidas sencillas, salarios, cargas patronales, servicios públicos y la compra de algunos bienes y suministros esenciales. Este rebajo carece de fundamento técnico. La única justificación que se nos dio para aplicarlos fue un link (enlace) para que fuéramos y lo consultáramos. No tiene fundamento técnico”, argumentó.
Gobierno anuncia recorte de ¢355.000 millones en gasto público
Asimismo, la fiscala general de la República, Emilia Navas Aparicio, dijo a los magistrados sentirse preocupada.
“Con este presupuesto reducido va a ser imposible realizar todas nuestras tareas. En esta gestión hemos tratado de atender todo bien, pero creo que nos están llevando al límite para tener que tomar decisiones tristes pero drásticas en el sentido de ver a que le damos prioridad”, declaró.
Mientras que Wálter Espinoza Espinoza, director del OIJ, manifestó que la Policía Judicial ha estado anuente en reducir los gastos, pero se está llegando a situaciones muy difíciles, pues se afecta el pago de horas extras y la compra de equipos esenciales. “En el caso de las horas extras en el OIJ, se pagan esencialmente a funcionarios de cárceles, por la atención de personas que sufren algún tipo de agresión sexual fuera de los horarios ordinarios que implica el traslado y presencia de médicos para la atención inmediata y porque los oficiales exceden la jornada ordinaria en la realización de una actividad policial.
Si eliminamos el pago de horas extras, obviamente la manera en que trabaja el OIJ se va a ver afectada”, expuso el jefe policial. Además, dijo que en el proyecto legislativo se le rebajó una partida de gastos por viajes al exterior, “no para que los jerarcas viajen sino para pagar extradiciones. Tenemos un rubro que es comunicaciones que no es para pagar aparatos celulares o para adquirir equipo sino que es para atender una central de radio que no puede apagarse y que funciona las 24 horas y que requiere mantenimiento”.
Walter Espinoza dijo a los magistrados que le preocupa que con la disminución en el presupuesto “no se puedan comprar reactivos, tengamos que paralizar laboratorios como en el que se determina el ADN, los análisis de balística, de drogas (...) si nos quitan el mantenimiento de vehículos, cómo nos vamos a trasladar y cómo vamos a cumplir con esa obligación que nos exige la ley.
“Todos estamos convencidos de que este recorte es injusto, es poco técnico, carece de cimentación y es evidentemente sacado de la manga”. El recorte en el presupuesto global para este año había sido dado a conocer el pasado 30 de junio por el ministro de Hacienda Elian Villegas y era el equivalente a un 1% del producto interno bruto (PIB), es decir, unos ¢355.000 millones.
FUENTE LN
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