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| Nelson Salazar Agüero, presidente Partido Ciudadanos Libres de Goicoechea |
En los años 80 en el primer mandato
del expresidente Oscar Arias Sánchez, se inició con el desarrollo
de los proyectos de vivienda de bienestar social, principalmente en
los Cuadros en el distrito de Purral seguido un poco menos
en el distrito de Ipís en nuestro cantón.
Pocos años después en concecuencia
inició la expansión de asentamiento ilegales, llamados PRECARIOS,
los mismo se constituyen en terrenos públicos en donde muchos no
reunen las condiciones adecuadas para la construcción, como lo son
guindos, zonas protegidas y márgenes de rios. Todos ellos con el
objetivo de optar por una vivienda digna, bajo la modalidad de
Proyecto de Vivienda Comunal.
La Compañía Nacional de Fuerzas y Luz
y el Instituto de Acueductos y Alcantarillados, cumpliendo con la
política de proporcionar estos servicio de primer necesidad a todos
los habitantes, les facilita el acceso a los mismos, sin
imaginar que con éste acto humanitario fomentaría la
proliferación de las construcciones ilegales.
Lamentablemente al día de hoy crear
estos asentamientos resulta un negocio rentable para los zopilotes de
la vivienda, que ven en las personas urgidas de una solución de
vivienda, un negocio muy lucrativo, viendo solo los recursos
económicos que potencialmente puede generar cada familia, por
concepto de venta y o alquiler, dejando la consolidación del
proyecto como objetivo secundario.
Ahora los terrenos públicos "del
Estado" son bienes demaniales y están fuera del alcance del
negocio de todo ser humano, siendo el principal impedimento para
adjudicarse algún derecho como propietarios o administrador,
Que las personas mal intencionadas que
otorgue un espacio para permitirle a otro alguna construcción a
cambio del pago de cierto monto de dinero, en un terreno del Estado
constituye una estafa, ya que solo la Asamblea Legislativa puede
hacerlo mediante ley.
Ademas sin dejar de lado que también se
consolida un delito contra el cuidadano, que paga, por inmueble que
nunca tendrá derecho sobre lo negociado, ignorando que existe un
riesgo latente por un desalojo.
En definitiva, solo el Estado le puede
otorgar permiso o desalojar de sus inmuebles a cualquier habitante de
este país, sin que el paso del tiempo constituya derecho al mismo.
En conclusion podriamos decir que
muchos de estos proyectos de vivienda de bienestar social han sido un
negocio no solo en lo económico sino tambien en lo político para
algunas personas.
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