LA VOZ DE GOICOECHEA.- El Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) adoptó una nueva resolución sobre Nicaragua en la que insta al gobierno, entre otras cosas, a terminar con los actos de represión, liberar a los presos políticos, retomar el trabajo con los organismos internacionales de derechos humanos e implementar reformas que garanticen elecciones libres y transparentes.
La resolución, que fue aprobada con 24 votos a favor, 4 en contra y 19 abstenciones, además solicita a la Alta Comisionada «que refuerce el seguimiento llevado a cabo por la Oficina del Alto Comisionado y siga informando de la situación de los derechos humanos en Nicaragua» y le pide un informe «exhaustivo por escrito en el que se evalúen los avances y los desafíos al respecto».
En esta nueva resolución, el Consejo de Derechos Humanos expresa nuevamente su preocupación por las continuas denuncias de graves violaciones y abusos de los derechos humanos desde abril de 2018 y por la persistencia de las restricciones al espacio cívico y la represión de la disidencia en Nicaragua contra la sociedad civil, los defensores de los derechos humanos, los líderes comunitarios y religiosos, los periodistas, los estudiantes, las víctimas y sus familiares, y otras personas que expresan opiniones críticas respecto del Gobierno de Nicaragua.
«Exhorta al Gobierno de Nicaragua a que deje de recurrir a las detenciones y reclusiones arbitrarias o a las medidas alternativas a la privación de libertad para reprimir la disidencia, ponga en libertad sin condiciones a todas las personas detenidas arbitraria o ilegalmente, respete las debidas garantías procesales, vele por que las condiciones de reclusión se ajusten a las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela) y a las obligaciones y normas aplicables en materia de derechos humanos, realice investigaciones diligentes e imparciales de todas las alegaciones de ejecuciones extrajudiciales, tortura o malos tratos, y adopte medidas eficaces contra la violencia sexual y de género», manifiesta una parte del documento. Una resolución similar ya había sido adoptada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en marzo del 2019, en la cual también expresó su preocupación por las violaciones a los derechos humanos y abusos ocurridas desde abril de 2018; llamó al Gobierno de Nicaragua a liberar a todas las personas detenidas ilegal o arbitrariamente; lamentó la decisión del Gobierno de Nicaragua de suspender la misión del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes en Nicaragua (GIEI-Ni) y del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI), y llamó a reanudar la cooperación con la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Organización de Estados Americanos y la CIDH. Insta a una investigación independiente de igual forma, el documento aprobado pide al gobierno que adopte medidas eficaces para «garantizar la independencia e imparcialidad del sistema de justicia y de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos» que permitan iniciar un plan de acción integral orientado a la rendición de cuentas que sea inclusivo y se centre en las víctimas y en los supervivientes.
El sistema judicial de Nicaragua criminaliza la protesta civil
Actualmente hay más de 80 personas encarceladas por manifestarse en contra de Daniel Ortega o por participar en las protestas.
El régimen de Daniel Ortega aumentó su represión contra sus adversarios en abril de 2018, cuando comenzaron las protestas civiles por una fallida reforma a la seguridad social.
Ese año más de 700 personas fueron encarceladas por participar en las manifestaciones. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) cifró en más de 320 las personas que murieron en el contexto de la represión contra las protestas. Miles se vieron forzados a exiliarse y cientos fueron arrestados. A más de dos años de iniciada la crisis por la represión, no ha habido justicia real para ninguna de las personas asesinadas ni se ha presentado un plan orientado en la no repetición de estos hechos.
En su informe, la CIDH señaló que en Nicaragua se cometieron crímenes de lesa humanidad y sugirió iniciar una investigación a Daniel Ortega como jefe supremo de las fuerzas públicas y a los altos mandos policiales. Sin embargo, la respuesta de Ortega a la demanda de la CIDH fue expulsar a este organismo de defensa de derechos humanos. También expulsó a la misión de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh). La CIDH expresó su respaldo a la resolución de la ONU a través de su cuenta de Twitter, donde pidió al Estado nicaragüense que reanude su colaboración con la Oacnudh y la CIDH, además del cese a la represión y el restablecimiento de las garantías democráticas y de derechos humanos.
Esta nueva resolución aborda además el tema electoral, ya que las elecciones presidenciales están previstas a realizarse en poco más de un año (noviembre de 2021) y hasta la fecha no se ha realizado la reforma electoral que permitiría garantizar que esos comicios sean transparentes y no se cometa fraude como en los anteriores.
Ortega se niega a aceptar resolución de Naciones Unidas y anuncia más represión
El documento «insta al Gobierno de Nicaragua y a las instituciones electorales pertinentes a que emprendan e implementen reformas jurídicas e institucionales a fin de garantizar la celebración de elecciones libres, justas, transparentes y creíbles de conformidad con las normas internacionales, con la presencia de observadores electorales nacionales e internacionales independientes».
En Nicaragua las elecciones no tienen credibilidad, debido a que el sistema electoral es controlado por los militantes del partido gobernante Frente Sandinista de Liberación (FSLN), quienes han cometido fraude electorales desde 2008, para mantener en el poder al régimen de Daniel Ortega.
La ONU también exhortó a Ortega a que reanude el diálogo nacional con la oposición, pero que sea «un diálogo nacional amplio, creíble, representativo, inclusivo y transparente en el que participen todas las partes. Además, insta al Gobierno a que «aplique plenamente los acuerdos alcanzados con la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia en marzo de 2019, y, a este respecto, solicita a la comunidad internacional que apoye esos esfuerzos». La opositora Violeta Granera, miembro del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco, consideró «sumamente relevante que ningún país de América votó en contra ni se abstuvo en la votación de la resolución de la ONU sobre Nicaragua, a excepción de Venezuela. Para Granera eso significa que se aproximan «medidas y presiones mayores». La opositora valoró que esta resolución de la ONU es «un muy buen y oportuno antecedente para la sesión del Consejo Permanente de la OEA, que ha solicitado a su Presidente recientemente el Secretario General, la cual esperamos se realice a la mayor brevedad posible». También consideró que la resolución de la ONU «refleja el cada vez mayor consenso internacional sobre la veracidad de las denuncias nacionales sobre la persistencia de la represión y la supresión de los DDHH todos por parte del régimen y viene a engrosar el expediente de los Ortega Murillo frente a las instancias internacionales de justicia, protección de los DDHH y de la Democracia». La opositora Coalición Nacional expresó a través de un comunicado que la «resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, aprobada hoy en Ginebra, confirma el rechazo y la condena de la comunidad internacional a las flagrantes y continuas violaciones de los Derechos Humanos de los nicaragüenses por parte la dictadura de los Ortega Murillo».
FUENTE LA PRENSA - NICARAGUA
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