"Bajo los Tratados de Integración Centroamericana ningún Gobierno puede tomar medidas unilaterales" como las adoptadas por Costa Rica y que provocaron la crisis, argumentaron los gremios en un comunicado enviado a EFE este lunes, cuando se espera que las autoridades del istmo discutan y aprueben un protocolo regional de bioseguridad para el sector del transporte de carga.
El documento está firmado, entre otros, por la Cámara de Transportistas Centroamericanos (CATRANSCA); la Asociación de Transportistas Internacionales (ATI) de Guatemala; Asociación de Empresarios de Transporte Centroamericano (ASETCA) El Salvador; la Cámara de Transporte de Carga de Honduras (CATRACHO); la Asociación de Transportistas Nicaragüenses y la Cámara Nacional de Transporte de Carga de Panamá.
Los transportistas reiteran en el comunicado su "rotundo rechazo a los decretos" costarricenses que restringen a 72 horas el tiempo de estadía, obligan a dejara carga en manos de conductores ticos, y someten a fuertes medidas de vigilancia la circulación de camioneros extranjeros en el país como medida preventiva del COVID-19.
Aseguraron que "bajo la emergencia provocada por la pandemia, el plazo mínimo razonable para las actividades de carga y descarga de mercancías en cualquier país de la región debe ser de diez días", y señalaron que "los plazos migratorios deben ser flexibles en los casos en que se demuestre fuerza mayor".
Los gremios de transporte de carga dijeron además que los gobierno centroamericanos estarían "obligados a implementar medidas recíprocas en caso de que las autoridades costarricenses continúen incumpliendo las decisiones comunes adoptadas" en reuniones de alto nivel en marzo pasado, en las que se acordó facilitar el comercio regional.
El Gobierno de Honduras ordenó el sábado restringir el ingreso de camioneros costarricenses a su territorio en atención al "principio de reciprocidad" y fijó en un máximo de 72 horas el plazo de permanencia de estos en el país.
Desde hace más de una semana se mantienen bloqueos en la frontera de Panamá y así como el cierre de la nicaragüense en rechazo los dos decretos que aprobó Costa Rica después de que detectara el COVID-19 en medio centenar de conductores extranjeros, a los que se impidió el ingreso al país.
Con la entrada en vigor de las restricciones Costa Rica dejó de aplicar la prueba del COVID-19 en sus fronteras, un proceso que comenzó el 5 de mayo y que contribuyó a la aglomeración en Nicaragua de más de 1.000 camiones, incluidos los conductores con COVID-19, en condiciones de insalubridad según han denunciados los gremios.
Los empresarios acusan pérdidas millonarias por los bloqueos y cierres, que pueden aumentar porque mucha de la carga varada en las fronteras es perecedera. EFE
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