La cuenta regresiva se cumplió desde el primer segundo de este martes, una vez que se venció el período de 18 meses que otorgó la Sala Constitucional a los diputados de la Asamblea Legislativa para readecuar el marco jurídico y dar paso al matrimonio entre personas del mismo sexo.
El camino no fue sencillo. La legalización llegó a través de una consulta formulada mayo de 2016 por el despacho de la entonces vicepresidenta de la República, Ana Helena Chacón, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). En ella, pidió a la Corte establecer los alcances de los derechos de convivencia para parejas homosexuales y de las identidades autopercibidas de género.
La respuesta, sin embargo, llegó hasta enero de 2018.
Costa Rica y el resto de sus estados miembro, afirmó la Corte IDH, debían "garantizar" el acceso al matrimonio en igualdad de condiciones, sin importar la orientación sexual de la persona y evitando cualquier forma de distinciones legales.
“Los Estados deben garantizar el acceso a todas las figuras ya existentes en los ordenamientos jurídicos internos, para asegurar la protección de los todos los derechos de las familias conformadas por parejas del mismo sexo, sin discriminación con respecto a las que están constituidas por parejas heterosexuales”, redactaron en la página 86 de la respuesta al Estado de Costa Rica.
“Los Estados deben garantizar el acceso a todas las figuras ya existentes en los ordenamientos jurídicos internos, para asegurar la protección de los todos los derechos de las familias conformadas por parejas del mismo sexo, sin discriminación con respecto a las que están constituidas por parejas heterosexuales”, redactaron en la página 86 de la respuesta al Estado de Costa Rica.
La respuesta de la Corte IDH fue clara y estaba respaldada por años de jurisprudencia de la Sala Constitucional. Sin embargo, el calor de la contienda política por las elecciones presidenciales y legislativas de 2018, aunado a la resistencia de sectores conservadores, implicó un extenso debate a nivel nacional que se mantuvo por meses.
Esto provocó que grupos interesados y activistas solicitaran el auxilio de la Sala Constitucional, que el 9 de agosto —tras una extensa sesión que terminó cerca de la medianoche— declaró inconstitucionales los artículos 242 del Código de Familia, así como el artículo 4 inciso m) de la Ley de la Persona Joven, que prohibían expresamente los matrimonios entre personas del mismo sexo.
No obstante, la Sala otorgó al Congreso18 meses para readecuar el marco jurídico costarricense en materia sanitaria, social, de trabajo y familiar, entre otras; motivo por el que se pausó por año y medio la entrada en vigencia del matrimonio igualitario —a pesar de haberse reconocido como un derecho en totalidad de condiciones.
El año y medio se empezó a descontar desde la publicación del fallo, en noviembre de 2018, momento desde el que se abrió un acalorado debate social y político, aunque la inconstitucionalidad de la prohibición ya era irreversible.
Grupos conservadores, especialmente los presentes en el Congreso (que contaban con representación en casi todas las bancadas legislativas) impulsaron iniciativas de ley que pretendían sustituir la figura del matrimonio igualitario por uniones civiles o sociedades de convivencia. Además, buscaron realizar maniobras para alcanzar un pronunciamiento distinto por parte de los tribunales constitucionales e impulsaron mociones de orden que, en todos los casos, terminaron fracasando de una u otra manera.
A pesar de todos los intentos por frenar el matrimonio igualitario, pudo más la lucha de sectores civiles y activistas que buscaron la garantía de sus derechos humanos en el plano jurídico, ante la desatención de los sectores políticos.
Entre ellos estuvieron los expresidentes de turno, que empeñaron sus candidaturas con la promesa de no impulsar el matrimonio para la población LGTBI+ para evitar el escarnio de una opinión pública, principalmente religiosa y llena de dudas sobre el tema.
La expresidenta Laura Chinchilla escribió sobre el tema en su cuenta de Twitter esta semana. Habló de "omisiones del pasado" e hizo un "mea culpa", citando un vídeo del ahora diputado (su entonces ministro de la Presidencia) Carlos Ricardo Benavides. Más efusivo ha sido el expresidente Luis Guillermo Solís, que ahora celebra los resultados de la consulta hecha por su entonces vicepresidenta, pero que en 2016 llegó a recordar que él únicamente se había comprometido con "sociedades de convivencia".
Por su parte, el presidente Alvarado —quien sí impulsó el matrimonio igualitario como parte de su agenda de gobierno y más bien le debe gran parte de su mandato a esa promesa— hizo una llamado a evitar la polarización.
"Soy consciente de que un sector importante de la población está en desacuerdo con este cambio legal, pero a todas esas personas les quiero decir que, a pesar de las diferencias que podamos tener en un tema puntual, seguimos siendo una sola nación que debe seguir caminando unida para superar el momento difícil en el que nos encontramos", concluyó a través de un mensaje publicado en todos sus medios, en el que reconoció el papel de las personas que lucharon por el reconocimiento de sus derechos.
FUENTE AMELIA RUEDA
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