La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), institución que propuso la iniciativa, contará con el apoyo del Instituto Clodomiro Picado de la Universidad de Costa Rica (ICP-UCR), el cual posee toda la capacidad técnica y el recurso humano para efectuar los procesamientos requeridos para la purificación y formulación de los anticuerpos.
Pero el ICP-UCR y la CCSS no estarán solos. El Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (INCIENSA), junto con el Laboratorio Clínico y el Banco de Sangre de la Universidad de Costa Rica (LCBS-UCR), también sumarán fuerzas.
En otras palabras, Costa Rica posee el potencial necesario en la generación de dicho tratamiento y la posibilidad de ponerlo a disposición de todo el país.
“Las pruebas de control de calidad de las preparaciones de inmunoglobulinas purificadas con la metodología desarrollada por el ICP-UCR ya han sido evaluadas. Los resultados han mostrado que cumplen con todos los estándares internacionales requeridos para estos medicamentos”, afirmó el Dr. Henning Jensen Pennington, rector de la UCR.
En el ámbito internacional, la terapia con inmunoglobulinas se ha convertido en una prometedora esperanza ante la situación actual de pandemia por el coronavirus SARS-Cov2. Incluso, grandes compañías farmacéuticas como Grifols, de España, planifican su producción para julio del 2020.
¿Cuál es el plan?
Si todo sale bien, el proyecto planteado supone una colaboración interinstitucional. La CCSS recolectaría plasma de donadores que, después de haber sufrido la enfermedad del COVID-19, se encuentran recuperados.
El Inciensa y el LCBS-UCR harían los análisis necesarios para demostrar que ese plasma está libre del SARS-CoV-2 y otros patógenos importantes en medicina transfusional.
Con lo anterior logrado, el Instituto Clodomiro Picado de la UCR utilizaría su experiencia en la manufactura de antivenenos, para producir una preparación de anticuerpos purificados a partir del plasma.
Finalmente, la CCSS aplicaría el producto, con la esperanza de que la capacidad neutralizante de la preparación sea útil en el tratamiento de los pacientes que desarrollen cuadros severos.
“Todavía hay mucha tela que cortar. La posibilidad de que se llegue a concretar el proyecto requiere de los permisos del Ministerio de Salud, ya que no se trata de un procedimiento que el ICP haga normalmente. Además de los requisitos, también depende de que las personas que se hayan superado de la enfermedad accedan a donar su plasma”, enfatizó el Dr. Alberto Alape Girón, director del ICP-UCR.
Para iniciar el proceso, la participación de la UCR primero debe ser aceptada oficialmente. En este momento, el Instituto está organizando la documentación necesaria para registrar el producto ante el Ministerio de Salud y obtener la autorización para su producción.
Aún no se sabe cuándo la evaluación realizada por el Ministerio de Salud esté lista. Sin embargo, en el momento en que se obtenga luz verde, todavía se necesitará obtener donantes, a fin de que el ICP-UCR pueda iniciar el procesamiento de manera inmediata.
“Los criterios para seleccionar donadores serían los establecidos por la CCSS. Por ejemplo, ser mayor de 18, tener un peso mínimo de 50 Kg, no estar enfermo el día de la donación, no haber padecido hepatitis B/C, HIV-SIDA, sífilis y no tener múltiples parejas sexuales, entre otros aspectos. Para este proyecto, un requerimiento adicional sería haber sufrido del COVID-19 y haberse recuperado por completo”, especificó el Dr. Guillermo León Montero.
Si se logran todas las autorizaciones necesarias, el ICP-UCR estima que el proceso de producción tarde aproximadamente un mes, incluyendo las pruebas de control de calidad para obtener el primer lote.
El medicamento final para ser usado será en una solución de anticuerpos para ser inyectada a los pacientes vía intravenosa y la dosis variará según la necesidad del paciente.
Se calcula que, por 25 litros de plasma recuperado a partir de donantes, se puede generar 50 viales de 50 ml. Según sea la condición de la persona enferma, un vial podría ser suficiente para salvar una vida.
La propuesta fue presentada por la UCR el 29 de marzo ante el Ministerio de Salud y la Caja Costarricense de Seguro Social, con el fin de que el Laboratorio Clínico y el ICP-UCR puedan cooperar con la CCSS.
Al día de hoy, las autoridades de las instituciones involucradas están en constante conversación para la elaboración del plan, que hará posible contar con una alternativa dedicada a los pacientes con Covid-19 en estado más crítico.
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