Autoridades gubernamentales anunciaron hoy en conferencia de prensa una serie de medidas para proteger y atender de forma integral a las personas adultas mayores en los diferentes territorios ante la emergencia que vive el país por impacto de la COVID–19. Las medidas van desde el abordaje de salud mental hasta la atención de los servicios de salud y alimentación.
Juan Luis Bermúdez Madriz, Ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social y Presidente Ejecutivo del IMAS señaló que “el Gobierno costarricense, como Estado solidario ha dispuesto de un trabajo conjunto durante las últimas semanas que permite generar un abordaje integral y socio sanitario de precisión a la población adulta mayor”.
En primera instancia, en lo que respecta a salud metal, a través de la línea gratuita 1322 se le estará brindando atención y acompañamiento psicológico a las personas adultas mayores, esto gracias al trabajo conjunto con el Colegio de Psicólogos.
Por su parte, el doctor Mario Ruiz Cubillo, gerente médico de la Caja Costarricense de Seguro Social, explicó que personal de las áreas de salud brindará un seguimiento telefónico y acompañamiento a las personas adultas mayores, según una serie de perfiles de riesgo sociales, de salud y con enfoque de derechos humanos y de seguridad humana.
Por otro lado, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) desde la Dirección de Red de Servicios de Salud de la Gerencia Médica da seguimiento telefónico y acompañamiento en territorio a la población adulta mayor, de acuerdo con la prioridad asignada por riesgos sociales, de salud y con enfoque de derechos humanos y seguridad humana.
Las personas designadas por el EBAIS (ATAP u otro) hacen una ronda de llamadas a las personas adultas mayores de todo el país, priorizadas según riesgo, con el fin de conocer el estado de situación sobre su salud y necesidades básicas. De acuerdo con los registros de la CCSS, el seguimiento telefónico y acompañamiento en territorio, se realizará a unas 913,509 personas mayores de 60 años, donde el 76% tienen edades entre los 60 y los 79 años, es decir, un 24% son mayores de 80 años.
Una vez identificada su situación de salud y la condición socioeconómica, varias instituciones entran en acción. La CCSS lleva los medicamentos hasta su casa, para tal objetivo los gobiernos locales pusieron a disposición más de 60 vehículos, además de funcionarios municipales a lo largo del territorio nacional. El IMAS suple las necesidades básicas mediante el subsidio por emergencia y la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), con el apoyo de los Comités Municipales, lleva alimento a los adultos mayores de mayor vulnerabilidad a partir de los datos que suministra el CONAPAM.
Además, se mantiene el seguimiento y atención de necesidades de las personas adultas mayores beneficiarias de las 54 Redes de Cuido de personas adultas mayores que existen en el país, los 63 Centros Diurnos y 74 Hogares de Larga Estancia que reciben fondos públicos.
Por su parte, OPS/OMS contribuirá con fortalecer las capacidades de las redes y servicios de base comunitaria, con el fin de realizar intervenciones socio-sanitarias que ofrezcan un apoyo efectivo a las poblaciones más vulnerables, a la vez de protegerse a sí mismos del contagio del virus.
Además, promoverá canales que permitan generar conocimientos y buenas prácticas para que las personas mayores, sus familias y las comunidades eviten el contagio. El apoyo también se dirige a proporcionar material de apoyo preventivo como mascarillas, guantes e insumos de aseo personal y limpieza a familias con mayor necesidad.
Se trabaja en una estrategia de comunicación que tiene el objetivo de sensibilizar y educar a esta población acerca del cuidado y auto cuidado ante el riesgo de contagio por el COVID-19, así como las medidas de la familia, vecinos y el entorno inmediato de la persona adulta mayor, para responder de forma asertiva ante la emergencia.
Desde el pasado 16 de marzo del 2020, tras la Declaratoria de Emergencia Nacional, se crearon una serie de mesas técnicas de apoyo al Centro de Operaciones de Emergencia (COE) liderado por la CNE. Por medio de la Mesa de Protección Social, se ha realizado la articulación institucional para atender de forma oportuna a la población adulta mayor, personas con discapacidad, población con adicción de sustancias psicoactivas, personas habitantes de calle y en cuidados paliativos.
“De los seis lamentables fallecimientos de pacientes COVID-19 que hemos tenido, cuatro han sido personas adultas mayores. Es importantísimo cuidarnos juntos y juntas, las acciones que ejecutemos desde el Estado y a nivel comunitario para proteger a nuestras personas mayores, como población vulnerable ante el COVID-19, son de suma importancia y salvan vidas” concluyó el Ministro de Salud, Daniel Salas.
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