LA VOZ DE GOICOECHEA.- En solo pocas horas dos decenas de hombres acudieron a la Fundación Instituto de Apoyo al Hombre (Fundiapho) en una desesperada búsqueda de asesoría para hacer frente a órdenes de apremio (arrestos) en su contra por atrasos en el pago de la pensión alimentaria.
Eugenia Quesada, directora ejecutiva de esa Fundación, asegura que la cantidad de casos se disparó en medio de la emergencia sanitaria producto al COVID19 en nuestro país.
Ante las medidas restrictivas impulsadas por el Poder Ejecutivo para frenar el avance de la enfermedad, la actividad comercial y productiva se ve afectada; eso, lamentablemente, repercute en las condiciones laborales y salariales de muchos hombres que deben cumplir mes a mes con el pago de pensión alimentaria.
Desde que se empezaron a sentir las consecuencias producto del avance del COVID-19 todo comenzó a agravarse, la fundación inició una cruzada para evitar que durante la emergencia sanitaria los deudores de pensión alimentaria sean enviados a la cárcel. La propuesta es rebajar los montos de las pensiones durante la época de crisis para evitar los arrestos; ya que el mantener las detenciones en estos momentos dificultará las condiciones económicas de los menores beneficiados y convertiría el módulo de 400 apremiados –en el centro penal La Reforma- en un foco de contagio lo que lejos de ayudar agravaría la emergencia sanitaria.
De momento, la intención ha encontrado algunos ecos, pero nada concreto. El Ministerio de Justicia y Paz pidió al Poder Judicial suspender los arrestos y solicitó que los jueces de familia opten por el uso de los dispositivos de monitoreo electrónico en vez de enviar a los apremiados a la cárcel.
Justicia pide a magistrados suspender arrestos por pensión alimentaria Aunado a eso, la jueza de familia, Maureen Solís, planteó un proyecto de ley que permitiría a los deudores afectados por la crisis reducir temporalmente el monto que tienen que pagar y así no ir a prisión. “Estamos casi imposibilitados de atender llamadas. La gente viene y viene. Ya ni tenemos campos para citas. La gente se viene desesperada para ver si le podemos hacer permisos para buscar trabajo o gestiones de pagos en tractos. Algunos han venido hasta con amenazas de suicidio”, detalló Quesada.
Entre los casos atendidos este lunes destacó un hombre que perdió su trabajo recientemente y mantiene una orden de apremio por atrasos en el pago de la pensión. Según la abogada, no tenía ni a dónde ir y amenazaba en atentar contra su vida. “Quien nos lo trajo aquí ni siquiera saben qué responderle en el 9-1-1 porque la persona amenaza con el suicidio.
Una diputada (Patricia Villegas, de Integración Nacional) nos dijo que ella estaba en la comisión legislativa que ve estos temas y nos pidió que le pasáramos nuestro proyecto. La gente parece tener algo de interés, pero no llega a concretarse. Las órdenes de apremio siguen extendiéndose y la gente está tremendamente asustada”, citó Quesada, quien explicó que –por ejemplo- no hay claridad en los juzgados disponibles para presentar los arreglos de pago en tractos.
¿Cuál es la solución?
La propuesta de ley impulsada por Fundiapho radica en que, durante el tiempo que dure la crisis, se pospongan los arrestos contra los deudores de pensión alimentaria afectados por esta situación.
Una solicitud para rebajar el monto tardaría hasta 10 meses en ser resuelta. Un plazo que en la coyuntura actual es insostenible.
Eugenia Quesada, directora de Fundiapho, planteó la inquietud de cambiar cuanto antes la ley durante la crisis.
“No tenemos una sola norma que nos dé una solución en estos momentos. Un incidente de rebajo de pensión demora de 10 meses en tiempo ordinario a, inclusive, años dependiendo de la complejidad. Esa no es una solución. Ya estamos colapsando los juzgados de pensiones”, detalló Quesada.
¿Cárcel por pensión alimentaria?
Piden suspender arrestos por 3 meses Asimismo, se procura que se suspendan los arrestos de los deudores durante la crisis sanitaria, que se rebajen al 50% los montos de todas las pensiones y que ese plazo se extienda por espacio de 2 meses una vez que se supere la emergencia nacional.
De esta forma, se daría más posibilidad a buscar un mecanismo para generar recursos.
También, en caso de que los padres sufran por despidos o recortes salariales, se establecería una posibilidad para que el Estado subsidie a los menores que se verían afectados.
Se espera que el tema se aborde en la Asamblea Legislativa a la brevedad posible, porque son muchos los hombres que ante esta coyuntura incluso amenazan contra su propia vida por la presión que tienen encima al verse que podrían ir a la cárcel.
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