LA VOZ DE GOICOECHEA.- La Contraloría General de la República (CGR) advierte a los diputados de efectos negativos en la gestión municipal y en la Hacienda Pública si se aprueba el proyecto de ley que propone eximir a las municipalidades de la aplica de la regla fiscal y una moratoria en el pago de los impuestos y servicios municipales para los contribuyentes.
El órgano contralor señala que la exclusión definitiva de los gobiernos locales de la aplicación de la regla fiscal, sin definir condiciones asociadas a la emergencia en términos de temporalidad, estimaciones sobre los eventuales requerimientos y naturaleza de los gastos prioritarios, podría tener un efecto adverso en la gestión municipal.
“La CGR como órgano auxiliar de la Asamblea Legislativa en el control y fiscalización de la Hacienda Pública, considera necesario insistir sobre el cuidado que debe tenerse con la promulgación o reforma de leyes que establecen la disposición de recursos sin la información financiera y las consideraciones necesarias”, se lee en el documento emitido.
Además, recuerda a los legisladores que promueven la iniciativa que la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas establece en su artículo 16 el mecanismo para la desaplicación de la regla fiscal.
Sobre moratorias al pago de impuestos y servicios municipales:
La Contraloría señaló incoherencias en los artículos del proyectos que proponen una moratoria por tres trimestres en el pago de impuestos y servicios municipales.
Incluso de forma enfática el órgano contralor se mostró preocupada porque a su criterio las normas “carecen de elementos mínimos de discusión como datos, estimaciones, análisis o respaldo técnico que sustenten las posibles reducciones de ingresos y el incremento de los gasto”.
Además, le solicita a la Asamblea Legislativa valorar el impacto económico en la Hacienda Pública que conllevan los cambios propuestos, ya que no se hace referencia a la fuente de financiamiento, lo cual podría representar un perjuicio para las limitadas finanzas municipales, al generar un gasto adicional.
Considera necesario que los gobiernos locales desarrollen campañas de información adecuadas para que los contribuyentes conozcan los beneficios los procedimientos de los beneficios, con el fin de lograr una mayor recaudación.
Tampoco se encuentra coherencia entre la disposición inicial de dejar que cada concejo municipal o concejo municipal de distrito, establezca los términos y el plazo para cada moratoria, si otro artículo del mismo proyecto se estipula la posibilidad de ampliar hasta por tres meses de los beneficios.
También se pide que la propuesta de ofrecer arreglos de pago a los contribuyentes se base en elementos mínimos de discusión como datos, estimaciones e impactos financieros.
La Contraloría no encuentra fundamento y califica de “inconcebible” sacar las municipalidades del Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop).
No se explica “cómo la situación actual amerita excluir a las Municipalidades de la aplicación de la Ley de Contratación Administrativa (LCA)9 y su Reglamento (RLCA)”.
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