LA VOZ DE GOICOECHEA.- Los empleados públicos que cumplen con una cuarentena obligada por el Coronavirus no deberían recibir el 100% de su salario, según Álvaro Sáenz, presidente de la Unión de Cámaras Empresariales (Uccaep).
Recortar el salario de los burócratas, tal y como se aprobó para el sector privado en casos en que la empresa demuestre una gran pérdida de ganancias, no debe postergarse más para el sector estatal.
El peligro es que el déficit fiscal se dispare a cifras por encima del 10% del PIB y con ello, la economía caiga en una recesión difícil de superar para el sector productivo.
La amenaza es inminente si se considera que el Estado está pidiendo préstamos internacionales para enfrentar la emergencia; además de ver reducidos sus ingresos -por la vía de la recaudación de impuestos- debido a la desaceleración de la economía.
Más de 70 mil maestros y profesores, empleados judiciales, funcionarios de ministerios y de instituciones autónomas deben de hacer el sacrificio, a criterio de Sáenz.
“Los empleados públicos tienen que poner de su parte ya, pagar parte del costo social que esta crisis significa. No pueden seguir como si nada estuviera pasando, dejando que sea solo el sector privado quien carga con las consecuencias. Cuando la economía se reactive, ellos podrán volver a sus puestos. Si el país no toma cuanto antes esta medida, se puede generar un problema social muy grave. Puede permear un inmenso sentimiento de injusticia, ante la perspectiva de que ellos son como intocables”, dijo Sáenz.
A mediados de mes, se aprobó una ley que permite a los empleadores rebajar hasta en un 70% la jornada laboral y el salario de un trabajador, con el objetivo de que las empresas no tengan que hacer despidos masivos.
Sin embargo, el cierre de fronteras para contener el contagio ya significó el paro total para el sector turismo con más de 200 mil personas.
El desempleo superaría el 20% de la población, aumentando en ocho puntos porcentuales en relación con la última medición de diciembre, según los empresarios.
Por su parte, cientos de empresas de otros sectores ya pidieron al Ministerio de Trabajo la autorización para rebajar el salario de sus trabajadores.
“El Gobierno debe aprobar cuanto antes una ley en el Congreso para que se pueda recortar la jornada y el salario de los empleados públicos”, agregó el empresario.
Además de la disminución de la jornada laboral, el sector productivo también ha propuesto al presidente Carlos Alvarado derogar el salario escolar para utilizarlo en el pago de subsidios para quien ha perdido el empleo, así como reducir las tarifas de electricidad y combustible de manera temporal.
Aprobar con urgencia la jornada de cuatro días laborables por tres de descanso y establecer un plan de rescate para pymes con la Asociación Bancaria Costarricense son otras de las propuestas.
La hoja de ruta ya fue presentada al mandatario Alvarado.
Propuestas
Suspender temporalmente el pago total o parcial de la jornada laboral a funcionarios públicos que no están trabajando
Derogar el salario escolar y utilizar el dinero para crear un subsidio de desempleo
Reducir tarifas de electricidad y combustibles
Establecer un plan de rescate para pymes con la Asociación Bancaria Costarricense
Aprobar con urgencia la jornada de cuatro días laborables por tres de descanso
Flexibilizar registro de agroquímicos y semillas
Caja debe autorizar pago de las cargas sociales sobre el tiempo efectivamente laborado
Regular la situación migratoria, particularmente en la zona norte
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