El Ministro de Desarrollo Humano, calificó este sábado de “irresponsable” y “temerario” afirmar que el Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (SINIRUBE) contiene información sobre el estado de salud y las enfermedades de las personas que reciben ayudas sociales
LA VOZ DE GOICOECHEA.- El ministro de Desarrollo Humano, Juan Luis Bermúdez, desmintió este sábado, las declaraciones dadas por la defensora de los Habitantes, Catalina Crespo, en las cuales, asegura que el Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado tenía acceso a información relacionada con el Estado de Salud y enfermedades de las personas.
Agregó que el accionar del sistema está amparado a la ley, una inexactitud como la de la Defensoría de los Habitantes y una falta de conocimiento, teniendo la investidura que tiene, socava la credibilidad de la institución que representa y atenta contra la institucionalidad democrática.
Bermúdez acusó a la Defensora de generar zozobra, incertidumbre y malestar en la población, sin fundamento alguno, y de poner en riesgo la confianza en la institucionalidad del Estado Social de Derecho y sus herramientas más valiosas.
El informe dado a conocer el viernes por Catalina Crespo, defensora de los Habitantes, evidencia que la UPAD si tuvo acceso a datos sensibles de la población, luego de seis de días de investigaciones.
“La Defensoría considera que deben de dejar sin efecto de manera inmediata esos convenios escritos entre la Presidencia de le República y las instituciones a las que se les requirió esa información”, aseveró Crespo.
Agregó que el accionar del sistema está amparado a la ley, una inexactitud como la de la Defensoría de los Habitantes y una falta de conocimiento, teniendo la investidura que tiene, socava la credibilidad de la institución que representa y atenta contra la institucionalidad democrática.
Bermúdez acusó a la Defensora de generar zozobra, incertidumbre y malestar en la población, sin fundamento alguno, y de poner en riesgo la confianza en la institucionalidad del Estado Social de Derecho y sus herramientas más valiosas.
El informe dado a conocer el viernes por Catalina Crespo, defensora de los Habitantes, evidencia que la UPAD si tuvo acceso a datos sensibles de la población, luego de seis de días de investigaciones.
“La Defensoría considera que deben de dejar sin efecto de manera inmediata esos convenios escritos entre la Presidencia de le República y las instituciones a las que se les requirió esa información”, aseveró Crespo.
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