LA VOZ DE GOICOECHEA.- Estamos viviendo un momento extraordinario que algunos dicen va a significar un cambio de época. Puede ser, ya lo veremos. Lo cierto es que en estos momentos hay diferentes formas de enfrentarlo y es ahí en que es posible observar, fuera de los discursos retóricos, las verdaderas intenciones de quienes están en la toma de decisiones, tanto en el ámbito público como privado.
Es evidente que los grupos dominantes de este país no les interesa lo que le pase al común denominador del pueblo costarricense. Resulta una vergüenza, por decirlo de la manera más diplomática, las propuestas que están haciendo estos grupos. No solo, nuevamente, quieren socializar las pérdidas, sino que pretenden que quienes paguen la crisis sean los asalariados del sector público y privado.
Todavía más obsceno es que haya politiquillos de diversa ralea que estén prestos, cual testaferros, a presentar iniciativas de ley para congraciarse con estos grupos. No les ha bastado aprobar una ley fiscal completamente regresiva, sino que ahora pretenden que los asalariados paguen esta crisis. Y como si fuera poco, utilizan uno de los más burdos recursos retóricos al llamar solidario a un impuesto que recae en el sector trabajador únicamente.
En crisis se hace evidente la diferencia en relación con lo que es importante para las personas que están en la toma de decisiones. Nada más ejemplificador para que se entienda esa diferencia, que recordar lo que sucedió después de los hechos de 1948 en Costa Rica. Tal y como lo explica don José Figueres Ferrer en una entrevista, después de la guerra civil se acordó poner un impuesto de 10% al capital para no perjudicar a los grupos más débiles de aquel momento. La filosofía que estaba detrás de esta medida fue la siguiente: dado que acaba de darse una guerra con los costos económicos que ello implicó para la economía y la sociedad costarricense, se pensó que esos costos fueran afrontados por aquellos que habían acumulado riqueza antes de la crisis y no sobre aquellas personas que no tenían dinero y que, además, habían quedado en la pobreza por esa situación. ¡Que diferencia de pensamiento!
Un impuesto al capital, como el que planteó la Junta Fundadora de la Segunda República, se basa en una idea de justicia distributiva. En los últimos treinta y dos años hay personas que han sido beneficiadas y han enriquecido exponencialmente su patrimonio; sin embargo, su ideología y la forma de entender la política fiscal y financiera en general, es todo menos solidaria. Por eso es una ofensa que nombren como solidario el impuesto que pretenden someter a consideración de la Asamblea Legislativa.
Evidentemente se trata de formas diferentes de entender quiénes son los que tienen que pagar los costos de una crisis. En España, por ejemplo, el gobierno prohibió despedir trabajadores utilizando como fundamento la crisis del coronavirus; en cambio, en Costa Rica, el gobierno le ha dado vía libre a los empresarios para que despidan a las personas a diestra y siniestra.
He leído muchos criterios en relación con este tema del impuesto a los salarios. Creo que el escrito más claro y que pone las cosas en su exacta dimensión es del profesor Jaime Ordoñez de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica. De manera diáfana y con datos, expresa lo que la mayoría de las personas informadas consideramos. Ojalá ese texto pudiera ser reproducido en este diario digital, ya que vale la pena que la mayoría de los costarricenses lo puedan leer.
Repito para que no haya duda de lo que expreso en estas líneas:
En lugar de plantear un impuesto a los trabajadores, se debe proponer que los que más tienen y han acumulado riqueza en estos últimos treinta y dos años, paguen un impuesto de diez por ciento sobre el capital. Eso sí, no solo al capital que tienen en Costa Rica sino también al que tienen en los paraísos fiscales.
(*) Andi Mirom es Filósofo
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